Competencia censura a Energía por dar 1.500 millones a la industria para nada
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Cuestiona el millonario coste y la infrautilización del servicio de interrumpibilidad
17 nov 2017 . Actualizado a las 07:24 h.El guardián institucional que vela por el buen funcionamiento y por la competencia efectiva en los mercados ha dado un fuerte tirón de orejas al Ministerio de Energía por el mecanismo de subastas anuales que adjudican incentivos millonarios a las industrias para abaratar sus elevadas facturas eléctricas. Ellas, a cambio, prestan el denominado servicio de interrumpibilidad, esto es, ponen sobre la mesa su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia. Pues ese vigía, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), viene a decir que ese sistema tiene un coste demasiado elevado para las arcas públicas, más teniendo en cuenta, añade, que apenas se utiliza, e insta al Gobierno a que justifique bien su necesidad. El regulador no la ve.
Otro varapalo más del superregulador a la política energética del ministerio, que probablemente haga oídos sordos de esas recomendaciones. Fundamentalmente, porque Energía le pidió (por obligación) a la CNMC un informe sobre una propuesta para modificar ligeramente las subastas de interrumpibilidad que ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, o sea, que está cerrada y es oficial. De hecho, el organismo le reprocha tal actitud y acusa al Gobierno de menoscabar sus funciones.
Tiranteces formales al margen, Competencia cuestiona un sistema de adjudicación de incentivos, teóricamente de concurrencia competitiva, que está en funcionamiento desde el 2015. Desde entonces, las industrias se han repartido en torno a 1.500 millones (a razón de unos 500 anuales) para reducir sus costes energéticos. Ese dinero, como el resto que figura en el capítulo de gastos del sistema eléctrico, sale del bolsillo de los consumidores vía recibo de la luz. Representa en torno a un 2 % de él. Y, para más inri, destaca Competencia, a cambio de prestar un servicio que no hace falta, porque, de hecho, apenas se echa mano de él.
Subastas en entredicho
El sistema de subastas se instauró para que la Unión Europea no sospechase que en España se concedían ayudas públicas a las industrias (un modo de hacer que atenta contra la libre competencia). Pero el caso es que Bruselas tiene la mosca detrás de la oreja igualmente e investiga a España y a otros países por ese tipo de mecanismos por si tras ellos se esconden subvenciones.
El servicio de interrumpibilidad fue ideado en 1995 como un modo de impulsar la competitividad de las industrias a cambio de que estas redujesen consumo eléctrico cuando el sistema lo precisase. En aquel momento, ese mecanismo tenía sentido, porque el parque de generación no era el que es ahora, la demanda crecía y el peligro de apagones por falta de energía suficiente era real. Pero con el tiempo se construyeron centrales de ciclo combinado -ahora es la tecnología con más potencia instalada-, llegó la crisis y, con ella, empezó a caer la demanda (volvió a cifras de crecimiento positivas en el 2015). Conclusión: la potencia de generación supera con creces a las puntas de consumo y, por tanto, el servicio de interrumpibilidad es menos necesario que cuando se creó.
Sin incentivos, Alcoa cierra
Pero, sin ese mecanismo de incentivos, empresas como Alcoa, una de las grandes beneficiarias en las subastas -el consumo energético de sus tres fábricas en España, dos en Galicia, se come el 40 % de sus costes de producción-, echarían el cierre. Amagó en el 2015 con clausurar sus plantas de A Coruña y Avilés cuando en la primera subasta no obtuvo suficientes incentivos para garantizar su viabilidad.
Fuentes de la multinacional del aluminio explican que los mecanismos de apoyo a las industrias para aliviar sus costes energéticos existen en todos los países europeos y son necesarios en aras de la competitividad de la economía.
Sobre la infrautilización del mecanismo de interrumpibilidad que pone de manifiesto Competencia, los mismos portavoces subrayan que las fábricas de Alcoa están preparadas para ofrecer el servicio siempre que Red Eléctrica da la orden.
Sí al rediseño del mecanismo
El grupo coincide con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en que es preciso rediseñar el mecanismo para conceder los incentivos a las industrias, para disponer de un marco estable en el tiempo -la próxima subasta será en diciembre y concederá bonificaciones para solo seis meses del 2018, en lugar de los doce habituales-.
Obligado por Bruselas, el Ministerio de Energía prepara una reforma profunda del mecanismo de interrumpibilidad. Entre las propuestas que maneja está la de recurrir a ese servicio, obligando a las compañías que lo prestan a bajar producción para aumentar la oferta de energía en el mercado y abaratar los precios.
Las centrales de gas baten el récord diario de consumo
Las centrales de ciclo combinado están haciendo su agosto en un año caracterizado por un desplome preocupante de las reservas de agua en los embalses y, por tanto, de la producción hidráulica. Según datos facilitados ayer por el gestor técnico del sistema gasista, Enagás, la demanda de ese combustible por parte de las centrales de generación eléctrica batió el récord en seis años. El consumo ascendió a 526 gigavatios hora, una cifra que no se alcanzaba desde enero del 2011.
A falta de energías renovables suficientes por la sequía, las centrales de ciclo combinado y también las de carbón están alcanzando datos de producción inusuales en los últimos años. Según Red Eléctrica, la energía generada con carbón creció este año un 39,5 % y la producida con gas natural, un 42,6 %.
Por su parte, la eólica cayó un 9,8 % y la hidráulica, un 50 %. Este vuelco en el mix de tecnologías de generación repercutirá en el recibo eléctrico. Lo ha hecho ya, pues la factura fue hasta octubre un 12 % más cara que el año anterior.
Pleitos por el recorte renovable
España ha sumado una nueva demanda ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, del Banco Mundial, en contra de los recortes aplicados a las energías renovables por el Gobierno en los años 2010 y 2014. La que hace ya el número 29, está firmada por varios inversores alemanes y uno suizo.
El Ciadi falló en mayo pasado el primer laudo arbitral. Lo hizo contra España al condenarla a pagar 128 millones a unas compañías con sede en Luxemburgo. El Gobierno presentó un recurso este verano.