El PP acusa a C's de querer enfrentar a los españoles por el concierto vasco

El cupo destapa las tensiones de las comunidades sobre la financiación autonómica

Juan Carlos Girauta y Albert Rivera, en el Congreso de los Diputados
Juan Carlos Girauta y Albert Rivera, en el Congreso de los Diputados
L. F.
redacción / la voz

El acuerdo en torno al nuevo cupo vasco, ratificado en el Congreso con los votos favorables de PP, PSOE, Podemos y PNV (votaron en contra Ciudadanos y Compromís, y se abstuvo Bildu) y que rebaja en 265 millones de euros las aportaciones anuales que el País Vasco debe hacer al Estado por las competencias no asumidas, está levantando ampollas entre las demás comunidades, que entienden que el pacto hará que se resienta la caja común y parte de sus transferencias. Los recelos han llegado desde Aragón, Asturias y Castilla y León, pero también desde Galicia, pues el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, reclamó ayer que se explique la cuantía de estas liquidaciones para saber cómo se reparte «o diñeiro de todos».

Feijoo defendió la permanencia del concierto económico vasco porque es «un precepto constitucional», dijo. Ahora bien, una cosa es el concierto «e outra cousa é a cota, a contía, e como fai as contas o Goberno vasco co central». El mandatario gallego confía en que dichas explicaciones se produzcan en el seno del Consejo Económico de Políticas Fiscal y Financiera, al tiempo que confía en que se pueda aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica, previsto para este 2017, aunque insistió en que debe financiar «servizos públicos e non territorios, pactos políticos ou reivindicacións de identidade».

Tras la votación del cupo, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, censuró el concierto económico y el cupo vasco, que ha calificado de «cuponazo» y «amaño político», mientras que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha negado agravios y le ha acusado de llevar al enfrentamiento entre españoles ante el 21D. «Este tipo de discursos da lugar a los independentismos», dijo. «Llevamos -dijo el ministro- 40 años de democracia, hemos sido capaces de desarrollar Haciendas desde la pluralidad, y esto es lo que hoy hemos vivido en esta Cámara: el reconocimiento de la pluralidad, no la identificación de privilegios».

El presidente de Ciudadanos aseguró que no estaba discutiendo de la existencia del concierto ni la foralidad, sino cómo se calcula el cupo, cómo se gestiona y cómo se llega a acuerdos para decidir la aportación.

Más transparencia

En la misma línea con Feijoo, la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, asumió la constitucionalidad del denominado cupo vasco, pero pidió que su cálculo sea más transparente y cumpla con otros principios, como el de solidaridad, porque «perjudica al resto», además de criticar que se hubiese aprobado «de manera exprés». «Cuando se quiere, se corre mucho», criticó la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, en contraste con «el resto» de las autonomías, que están esperando una «reforma urgente» del modelo de financiación.

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán (PSOE), manifestó que la financiación de las comunidades debería producirse al «unísono», y lamentó que pueda terminar el año 2017 y solo estar aprobado el cupo vasco. Al mismo tiempo, Lambán aseguró ser «escéptico» sobre la «declaración de intenciones» del Gobierno sobre la financiación autonómica. Lambán recordó que hace casi un año el Ejecutivo central adquirió el compromiso de tener resuelto el nuevo sistema de financiación autonómica antes de terminar el 2017, algo que ha asegurado que necesitan todas las regiones para hacer «viable» la prestación de servicios públicos.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, pidió al presidente del PP-A, Juanma Moreno, que le diga al jefe del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, que apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica «con la misma diligencia» que el cupo vasco. Moreno respondió pidiendo prudencia para «no contribuir a enfrentar territorios», ya que, en su opinión, «flaco favor le hacemos a la convivencia y al actual modelo».

225 millones menos que hace 10 años

El País Vasco abonará al Estado 1.300 millones anuales en concepto de cupo hasta el 2021, 225 millones menos de lo que estaba fijado en el 2007. El Cupo es la aportación que hace esa comunidad cada año a las arcas comunes del Estado por las competencias no transferidas al Gobierno autonómico, como infraestructuras, defensa y representación exterior. Con este dinero se contribuye también al mantenimiento de las instituciones comunes, como el Congreso y el Senado. La cuantía del cupo se determina en leyes quinquenales pactadas por los Gobiernos central y vasco.

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