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¿Son los funcionarios asturianos unos privilegiados?

Un estudio de CSIF demuestra que los trabajadores públicos de la Administración general perciben hasta 6.600 euros menos al año en puestos de idéntico nivel

Concentración de funcionarios de justicia en Oviedo.Concentración de funcionarios de justicia en Oviedo
Concentración de funcionarios de justicia en Oviedo

Redacción

Si alguien duda entre presentarse a unas oposiciones a la Administración del Principado o a la Administración General del Estado, un informe elaborado por el sindicato CSIF puede inclinar la balanza. Los funcionarios asturianos llegan a cobrar hasta 6.600 euros más al año, en puestos de igual nivel. De hecho, en todas las categorías el salario es mejor y la horquilla puede oscilar entre esos 6.600 y solo 5.800 euros al año. El estudio describe casos concretos y pone ejemplos de diferentes encuadres. ¿Dónde está la diferencia? En los complementos. El sueldo base es exactamente el mismo, pero los trabajadores públicos que trabajan para el Gobierno regional perciben más por conceptos como los complementos de destino y el específico de su labor. 

La brecha no es exclusiva del Principado. Ni siquiera es la mayor. En Cataluña, Madrid o en el País Vasco esos 6.600 euros de desequilibrio se multiplican incluso por tres. CSIF ha realizado esta investigación precisamente para denunciar los desequilibrios retributivos existentes y para reclamar la equiparación salarial. Reclama «acabar con una de las mayores discriminaciones dentro de la función pública en España», que a lo largo de los años se ha ido incrementando. Alrededor de 230.000 empleados de la Administración General del Estado esperan por la equiparación. 

En el Principado, según la última cifra oficial publicada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en enero de 2017, trabajan casi 57.000 empleados públicos. 9.060 pertenecen a la Administración pública estatal. El resto se reparten entre la Administración asturiana, las entidades locales y también la Universidad. Esos 9.060 es para los que CSIF exige una mejora. «Estos empleados públicos desarrollan su trabajo tanto en los servicios centrales como en los periféricos de toda España, coincidiendo en muchos casos con los empleados de las comunidades autónomas en los mismos locales u oficinas pero con unas retribuciones muy inferiores», señala. En la comparación con todos los territorios, salen perdiendo.

El ejemplo asturiano

El cuadro comparativo con Asturias es muy gráfico. Un trabajador del grupo A1, nivel 28, es decir, un licenciado que puede ocupar una jefatura de área, en el Estado cobra 40.800 euros. En el Principado, un puesto idéntico son 46.999,86. La diferencia es muy similar también en categorías más bajas. Otro caso. Un empleado del grupo C2, nivel 18, lo que corresponde a un auxiliar administrativo, ingresa 17.629 euros al año si trabaja para el Estado y 23.471 si, en cambio, lo hace para el Principado. Eso son 5.841,46 euros al año de brecha salarial.

El informe de CSIF desgrana los complementos para ver dónde están las diferencias. En el caso de la Administración de Justicia, las conclusiones son incluso más sangrantes. Extremadura, Islas Baleares, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla son territorios dentro del ámbito ministerial. El resto de comunidades, incluida Asturias, no. Este segundo grupo ha incorporado una serie de conceptos mejorados que han repercutido en un incremento del salario. Son la GPA (Gestión Procesal y Administrativa), TPA (Tramitación Procesal y Administrativa) y el AJ (Auxilio Judicial). Se trata de una serie de extras que están entre los 500 y los 600 euros y que suponen unos 150 euros más que en el resto de regiones.

Reconoce el sindicato que la elaboración del informe ha sido complejo, debido a la propia estructura salarial. Han llegado a contabilizar hasta 110 complementos específicos diferencias con cuantías que oscilan desde los 29.321 euros hasta los 3.179,82 entre los niveles 14 y 30. En el caso de las comunidades autónomas, han tenido que sumar la carrera profesional en aquellos territorios y cuerpos en los que se está aplicando. Esto es algo que no existe para la Administración General del Estado.

  

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