La fiscal, sobre la mujer violada en San Fermín: «No tuvo otra opción que someterse»

Elena Sarasate cree que la chica supuestamente violada no dio su consentimiento y califica la agresión de La Manada como «brutal y humillante»

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Así de contundente ha sido la fiscalía contra «La Manada» El Ministerio Público sostiene que la víctima fue violada de forma «conjunta y coordinada». Reitera su petición de 22 años y diez meses de cárcel para los cinco acusados

Redacción / La Voz

No se anduvo con rodeos. La fiscal Elena Sarasate fue contundente en la lectura el lunes, durante dos horas, del informe de conclusiones sobre el juicio contra cinco jóvenes sevillanos acusados de un presunta violación en grupo el día grande de los Sanfermines del 2016. Como era de esperar, para nada convenció a una defensa que mantiene que la fiscal omitió datos. Los acusados se juegan 22 años y diez meses de cárcel. Tras dos semanas de juicio a puerta cerrada, el lunes el público pudo entrar en la sala. Un total de 46 periodistas y 24 ciudadanos. Entre ellos, ningún familiar. Ni de la presunta víctima, ni de los acusados. Muchos eran estudiantes de derecho atentos al informe del fiscal y de las acusaciones particular y pública.

La representante del Ministerio Público, que según Colpisa dijo que fue una «agresión brutal y humillante», dio lectura al informe justo delante de los cinco acusados. Durante el discurso, como recoge Europa Press, aclaró que «la declaración de la víctima cumple todos los requisitos para darle absoluta y totalmente credibilidad, pero la de los acusados tiene contradicciones, no pequeñas, sino determinantes».

La respuesta a la gran pregunta que hará inclinar la balanza hacia un lado u otro es ¿fue consentido el sexo que, al parecer, atestiguan los 96 segundos de grabaciones de vídeo que fueron visualizados en la sala y que constituyen una prueba fundamental? La fiscal parece concluir que no, como también había declarado la propia joven el día en que se sentó ante el juez. Pero más allá de lo que crea la fiscal, o buena parte de la opinión pública que se ha alineado con la joven presuntamente atacada, el que tiene la última palabra es el juez. Este martes, los abogados de la defensa han de mostrar sus conclusiones. Para la representante del Ministerio Fiscal, los hechos «se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación». Cree, además, que las pruebas presentadas son «absolutamente contundentes».

Serios, tranquilos

No solo eso. Afirma en su informe que los acusados, que el lunes permanecieron serios y tranquilos, «actuaron de forma conjunta y organizada», mientras la joven «no sospechaba ni rematadamente lo que estaba pasando». Su relato sobre lo que, supuestamente ocurrió, fue muy detallado: «Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda».

Además, parece haber determinado que, a su juicio, hubo violencia, aunque mínima, e intimidación. «En ningún momento hemos dicho que sea una violencia extrema, se utilizó la fuerza mínima necesaria», expuso, al tiempo que añadió que «la cogieron de forma sorpresiva, no sabía ni en sus peores pesadillas lo que iba a pasar».

Por todo ello, añade, «ha quedado perfectamente acreditado el delito de agresión sexual, el delito contra la intimidad y el del robo del móvil». También queda perfectamente probado el «daño moral y que la víctima ha tenido sufrimiento moral». De ahí que no se ha movido ni un ápice en su petición de pena para cada uno de los acusados: 22 años y diez meses de cárcel.

Por el relato realizado por Elena Sarasate parece que los cinco acusados actuaron aquella noche haciendo gala de su apodo en el WhatsApp. La fiscal dijo que en el recorrido desde la Plaza del Castillo hasta el portal de Paulino Caballero, lo que «se ve en las cámaras nada tiene que ver con lo que dicen ellos» y manifestó que «no es cierto que iban en grupo compacto», sino que primero iban uno de ellos con la chica, después otros dos y finalmente otros dos. Para entrar al portal, explicó que uno de los acusados coge de la mano a la joven madrileña y la lleva hasta el interior del portal y otro de ellos también le ayuda a entrar, «pero ella no sospechó lo que iba a pasar».

Una vez en el interior, añadió también, en un «pequeño cubículo, ciego y sin salida», ella «entró en pánico, se bloqueó, no tuvo capacidad de pensar ni de reaccionar». «No hay ninguna duda de que no cabe posibilidad de resistencia de la víctima», insistió.

Una «ratonera»

El sitio donde sucedieron los hechos era, dijo, «muy pequeño» y los «varones la superaban en capacidad física». «No hay ninguna duda de que la intimidación fue gravísima; no tuvo otra posibilidad que someterse». «Hubo superioridad física de los acusados», manifestó, para indicar que en aquel lugar, que ha calificado de «ratonera», «no se le podía exigir a la víctima resistencia».

«Se impusieron por superioridad física y numérica para provocar miedo»

El abogado de la víctima de la supuesta violación grupal, Miguel Ángel Morán, fue otro de los que ayer leyó su informe concluyente. Dijo que los acusados «se impusieron por superioridad física y numérica para provocar intimidación y miedo» en la joven denunciante. Para cada acusado pidió una pena de 24 años y nueve meses. Además, apuntó que el testimonio de la denunciante «se hizo con total desconocimiento de las pruebas, no hay en la denuncia circunstancias por resentimiento o venganza como intentaron alegar los acusados». Morán destacó la declaración de la víctima en la que esta explicó que comenzó a sentir «miedo» al entrar en el cubículo, donde «se sintió sometida y cerró los ojos», un hecho que, según Morán, queda probado con los vídeos. Asimismo, la acusación particular señaló que a lo largo de las sesiones del juicio la versión de la joven ha quedado «demostrada». «Los hechos objetivos avalan su testimonio», aseguró.

Los últimos en hablar fueron los representantes de las acusaciones populares ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, que se ratificaron al pedir más de 25 años de cárcel para cada uno de los procesados, como apunta Efe. Ambas piden una indemnización de 250.000 euros.

Víctor Sarasa, el abogado del Ayuntamiento de Pamplona, apuntó que los acusados habían colaborado «lo justo», pese a lo que ellos sostienen. Añadió que su actitud en la presunta violación fue «mecánica», lo que indica, a su juicio, que sabían lo que hacían, como evidencia el hecho de que retiraran las tarjetas del móvil de la joven para evitar su localización. También aludió a que el hecho de que la joven no utilizara preservativos o anticonceptivos muestra que no tenía intención de mantener relaciones sexuales.

Por su parte, el letrado que representa al Gobierno de Navarra, Ildefonso Sebastián, destacó que el relato de los cinco acusados tiene «mínima credibilidad».Igualmente, y tras adherirse a las exposiciones del resto de acusaciones que le han precedido, Sebastián aseguró que los hechos juzgados «pueden calificarse de agresión sexual, delito contra la intimidad y robo con fuerza».

La defensa

Ante esto, uno de los abogados de la defensa dijo al salir de la sala que «lo que han puesto de manifiesto el Ministerio fiscal y las acusaciones son prácticamente una repetición de sus escritos de acusación». «No han aportado nada de lo que se ha celebrado en la sala», criticó.

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