Una profesora acusada de falsear su trabajo en la USC se enfrenta a una petición de más de cuatro años de cárcel

El fiscal pide cuatro años y seis meses de cárcel para una profesora de la Universidad de La Rioja (UR), como supuesta autora de un delito continuado de falsedad documental, al atribuirse, presuntamente, el trabajo de otra persona en la Universidade de Santiago (USC), por lo que está suspendida y expedientada desde febrero del 2011.

El juicio contra la acusada está señalado los próximos días 4 y 12 en la Audiencia Provincial de La Rioja.

El fiscal, en su escrito de acusación, también solicita para la acusada una multa de 2.400 euros y la inhabilitación para ejercer el cargo de profesora de Universidad durante cuatro años.

Según relata el fiscal, en septiembre del 2006, esta mujer fue nombrada, por resolución del rector de la UR, como funcionaria interina, en el Cuerpo de Profesores Titulares de la Escuela Universitaria, a tiempo completo, para impartir docencia en Ciencia de los Materiales de Ingeniería Metalúrgica en la UR, en procedimiento de concurso de méritos, convocado en mayo del 2006.

Añade que en octubre del 2009, por resolución del rector, la acusada profesora titular de la UR fue nombrada funcionaria interina, a tiempo completo, del mismo departamento de la UR, con efectos del 1 de octubre del 2009 y también por procedimiento de concurso de méritos del 22 de mayo de aquel año.

El 25 de mayo del 2009, la acusada, con la finalidad de obtener la citada plaza, presentó ante la UR una solicitud, firmada y fechada por ella, en un formulario oficial de esta Universidad para las plazas de personal docente e investigador.

Además, entregó un currículo en el que se atribuía méritos que pertenecían a otras personas.

En vista de los múltiples méritos que aparecían en el currículo, la acusada obtuvo la citada plaza, en detrimento de la reputación y prestigio de la Universidad de La Rioja y su claustro de profesores.

La acusada repitió este procedimiento de falsificación en otros procedimientos, como el de solicitud de ayuda a grupos de investigación, entre otros.

Entre los méritos que se atribuía también aparecían numerosas publicaciones en las que figura como autora de un grupo de investigación de la Universidade de Santiago de Compostela, en el que había otra profesora cuyo nombre y primer apellido coincidían con el de la acusada y esta omitió el segundo apellido.

Además, en el currículo de la misma, también aparecían publicaciones, múltiples capítulos de libros, diversas ponencias y comunicaciones presentadas a congresos científicos que correspondían a otras personas, así como dos modelos de utilidad o patentes que no pertenecían a ella.

Por resolución de 9 de febrero del 2011, y tras las indagaciones de la Universidad, el rector acordó suspender provisionalmente de funciones a la acusada e incoarle un expediente disciplinario.

El 22 de marzo del mismo año, el responsable académico de la UR trasladó al Ministerio Fiscal las actuaciones practicadas durante la instrucción del mencionado procedimiento abierto a la imputada.

Entre otros aspectos, en la documentación que obran en las diligencias del fiscal, también consta que en el 2007 la acusada presentó solicitud para la evaluación por la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación del Ministerio de Educación (Aneca), en la que acompañó un currículo en el que aparecían como méritos propios los que correspondían a otras personas.

El febrero del año siguiente, ante este mismo organismo, presentó otra solicitud para la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos de docentes universitarios, que acompañó con un currículo en el que también incluyó méritos que correspondían a otras personas.

En junio del 2009, la Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación presentó una denuncia ante la Fiscalía, que dio lugar a que se incoaran diligencias previas en el juzgado de instrucción número dos de Bilbao, que fueron sobreseídas el 11 de enero del 2010.

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