La Justicia belga decidirá en diez días si extradita a Puigdemont y a 4 exconsejeros
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La defensa insiste en que España no pueda garantizar un juicio justo a los acusados
05 dic 2017 . Actualizado a las 07:16 h.Comienza la cuenta atrás para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados de la Justicia española (Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí). En el plazo de diez días se sabrá si el juez belga a cargo de estudiar la orden de detención europea que pesa sobre los cinco los extradita a España.
Eso es lo que pide la jueza Lamela desde el pasado 3 de noviembre, cuando emitió la orden de arresto. A su petición se sumó la Fiscalía belga, que ayer volvió a pedir ante el juez que envíe de vuelta a España a los cinco fugitivos por «conspiración» y malversación, como hizo el pasado 17 de noviembre. Los fiscales sostienen que los acusados tomaron decisiones ejecutivas para organizar un complot y un alzamiento premeditado contra el orden establecido.
La defensa rechaza esos argumentos. Hasta 19 abogados (entre ellos los dos belgas, Paul Bekaert y Christophe Marchand) acudieron ayer al Palacio de Justicia de Bruselas para arropar a sus cinco clientes, quienes volvieron a entrar al edificio a escondidas para evitar la pena de telediario. Puigdemont, Ponsatí y Comín intervinieron al final de la sesión para explicar que la Justicia española ya los había condenado de antemano. Pero ¿qué contienen los centenares de documentos con alegaciones que entregaron ayer sus abogados ante el juez? «Hemos mantenido y desarrollado un doble haz argumental», aseguró el letrado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, tras el cierre de la vista.
El equipo legal del expresidente sostiene por un lado que los delitos que se le imputan a los cinco encausados no tienen correspondencia en la legislación belga: «Los hechos motivo de juicio no son delictivos en Bélgica», defendió Alonso Cuevillas. Además, insisten en que no hay jurisprudencia al respecto y que no se ha esgrimido ese delito en «¡200 años de historia!». El segundo argumento al que se aferran para eludir la extradición es que España no puede garantizar un juicio justo: «No van a sufrir trato degradante o torturas, sino que se vulnerarán otros derechos. Hemos alegado cosas más serias», aseguran fuentes de la defensa, que insiste en denunciar la persecución política a la que se ha sometido a sus clientes, quienes solo han cumplido un programa electoral con el que fueron elegidos. Creen que el día 14 «puede haber sorpresas» y no descartan recurrir a los «dos grandes tribunales europeos» si se tuercen los planes.
«El proceso va a ser largo», garantizan los abogados, quienes aprovecharon la cita de ayer para intentar desacreditar a la Justicia española ante el juez, al que notificaron el cambio de jurisdicción del caso de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo y de la decisión de este de mantener en prisión a Junqueras, Forn y los Jordis. «La jueza Lamela se precipitó al pedir la extradición. Podían haber recabado más información», aseguraron antes de celebrar que aquí (en Bélgica) «nadie va con el cuchillo por detrás. Con este nivel de entendimiento y transparencia se puede trabajar», alegaron.
Penas
Si la petición de extradición de la Fiscalía belga prospera, Puigdemont y los exconsejeros podrían ser devueltos a España por cualquiera de los delitos que se les imputan. Todos llevan aparejadas en la legislación belga penas de seis meses a cinco años de prisión. ¿Serán esas las penas a las que se enfrenten de vuelta a España? No. Solo podrán ser juzgados por los delitos invocados para pedir la extradición, pero se podrán ejecutar las penas contempladas en la legislación española, más estricta. El juez belga podrá tener en cuenta la brecha entre ambos sistemas penales para valorar si es proporcionada y exigir una serie de condiciones y garantías a España si tiene la sospecha de que se pueden vulnerar los derechos de los encausados. Además, cualquier enjuiciamiento por delitos distintos a los presentados en la orden de arresto europea permitiría a Puigdemont y a la Justicia belga acudir al Tribunal de Justicia de la UE. «Muchas veces se incumplen las condiciones de las extradiciones», advierten fuentes expertas.
¿Qué pasará tras el fallo del 14 de diciembre?
Después de que el juez anuncie su decisión, las partes dispondrán de 24 horas para notificar si recurren el fallo
c. p.
«El 14 no se acaba, se quema una primera etapa. Vender la piel del oso en un procedimiento judicial es un mal negocio», aseguran convencidas fuentes de la defensa. Después de que el juez anuncie su decisión, las partes dispondrán de 24 horas para notificar si recurren el fallo. Entonces se abre un plazo de hasta 15 días para enviar todos los recursos escritos, que podrían llegar en plenas campanadas. Una vez que se remita la información al Tribunal de Apelación, la corte tendrá otros 15 días para volver a citar a las partes. La siguiente vista podría llegar después del ocho de enero. «Aquí también hay Navidad y fiestas», explican con ironía.
Aunque quizá no sea necesario dilatar tanto el calendario si los fugitivos se entregan por voluntad propia después del 14 de diciembre, en plena campaña electoral y con las elecciones del 21D a la vuelta de la esquina. De hacerlo, deberán notificarlo previamente a las autoridades belgas que han impuesto sobre Puigdemont y sus cuatro exconsejeros la prohibición de salir de territorio belga. Lo que ocurra con ellos en territorio español será competencia de la Justicia española. La defensa de Puigdemont elude hablar de posibles escenarios tras la vista del 14 de diciembre o sobre una eventual vuelta de su cliente a España tras las elecciones catalanas para ser investido.
Diez días. Es lo que la Justicia belga le ha concedido a Puigdemont para seguir dándose baños de masas entre los suyos. Esta misma semana desembarcan en Bruselas miembros de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural para manifestarse por las calles de la capital comunitaria al grito de «Europa levántate: Mantengámonos en pie por la democracia». Hasta ahora las llamadas de atención de los separatistas no han servido para abrir las puertas de las instituciones europeas que siguen cerrando filas con el Gobierno y la Justicia españoles.