La OCDE advierte de los efectos de la precariedad en las futuras pensiones

España será, en el 2050, el segundo país más envejecido del mundo, con 76 personas mayores de 65 años por cada cien en edad de trabajar (entre 20 y 64 años), lo que constituye la segunda tasa de dependencia más elevada de las proyectadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el organismo que agrupa a las 35 mayores economías del mundo, que eleva los cálculos previos de Eurostat, que estimaba que a esas alturas del siglo habría en España 69 jubilados por cada cien activos. Solo Japón, con una ratio de casi el 80 %, supera esas cifras.

En su informe Pensiones de un vistazo 2017, la OCDE analiza el sistema público de pensiones en España y las reformas aprobadas en los últimos años para garantizar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social. Entre ellas, el retraso progresivo de la edad de jubilación, que alcanzará los 67 años en el 2027, aunque aquellos trabajadores con carreras de cotización más largas podrán seguir retirándose a los 65. Un listón, explica el organismo, que estará sensiblemente por debajo de la media de los países miembros (65,8 años para los hombres, 65,5 para las mujeres), y será muy inferior a la edad exigida para el retiro en Dinamarca (74), Italia y Holanda (71). En todo caso, el organismo advierte de que, de momento, esos cambios legales no han elevado la edad real de jubilación, que sigue estancada en el entorno de los 62 años.

En cuanto a la cuantía de la pensión, la OCDE destaca que, pese a todos los desafíos, el español seguirá siendo uno de los sistemas más generosos, ya que los jubilados del futuro cobrarán, de media, un 82 % de su último sueldo, frente al 63 % de la media de los países miembros. Eso sí, advierte de los efectos de la precariedad y los cambios en el mercado laboral, que «pueden suponer un desafío para la suficiencia de los ingresos de algunos futuros jubilados», por las altas tasas de paro y de temporalidad, que elevan el riesgo de interrupción de la carrera de cotización y, con ello, de alcanzar el período suficiente para cobrar la pensión o percibir la prestación máxima.

Asimismo, el organismo advierte también de los «fuertes desincentivos para combinar el trabajo y una pensión completa», que convierten a España, pese a los intentos de fomentar la jubilación activa en los últimos años, en uno de los siete países miembros que reducen la prestación a los mayores que superan un límite de ingresos procedentes de otras fuentes.

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