El presidente del Gobierno la condiciona a que haya un consenso amplio sobre una idea común y que en ningún caso se ponga en cuestión la soberanía nacional
07 dic 2017 . Actualizado a las 08:06 h.Rajoy realizó el miércoles una defensa a ultranza de la Constitución de 1978 coincidiendo con la celebración de su 39.º aniversario, enfriando así las probabilidades de introducir a corto plazo cualquier tipo de reforma. El presidente del Gobierno destacó que sobre ella se han construido los años de mayor crecimiento y prosperidad de la historia reciente, y ensalzó que se encuentra «en plena vigencia», algo que según él quedó demostrado cuando recurrió al artículo 155 «para defenderse de los ataques separatistas» procedentes de Cataluña.
Debido a la frágil mayoría de la que goza en el Congreso, Rajoy no se decidió a tomar este camino por entonces inexplorado hasta que logró el visto bueno del jefe de la oposición, Pedro Sánchez, quien a cambio le arrancó la creación de una comisión parlamentaria en la que se abordase el estudio de un nuevo modelo territorial, y que a su vez sirviese de preámbulo para el establecimiento de una subcomisión en la que se afrontase una reforma constitucional, sin la que sería imposible completar el encaje de esa nueva España. Han pasado dos meses y las grandes expectativas que en su día mostró Pedro Sánchez como abanderado del proyecto volvieron a sufrir ayer un revés. El jefe del Ejecutivo garantiza que cumplirá su compromiso participando en este foro con espíritu «constructivo», pero en su mensaje estableció varias pautas que sonaron a cerrojazo.
En primer lugar, considera imprescindible tener «una idea clara» de los puntos que se quieren modificar de la Carta Magna. De la misma manera que a nadie se le ocurre empezar a martillazos contra un televisor, sobre todo si el aparato funciona adecuadamente, Rajoy fija como algo primordial realizar un diagnóstico de los puntos de la Constitución que se podrían reforzar antes de lanzarse a arrancar sus páginas. En caso de que se lograse llegar a algún tipo de acuerdo sobre la reforma, este debería gozar de un amplio consenso por parte de todos los grupos parlamentarios, ya que actuar de cualquier otra forma, simplemente apoyándose en mayorías, sería un «disparate».
Además, el presidente del Gobierno estableció dos líneas rojas a partir de las cuales los populares boicotearían cualquier reforma: los cambios «nunca» pueden responder a exigencias de los separatistas, quienes «la quieren liquidar y han afirmado que no están dispuestos a cumplirla», y la soberanía nacional, recogida en su título preliminar, «de ninguna manera» aceptará que se rompa, «porque lo que es España lo deciden todos los españoles», con lo que descarta cualquier posibilidad de acordar un referendo de autodeterminación en el que solo tuvieran voz los catalanes.
Optimismo de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez volvió por segundo día consecutivo al Congreso, algo que no hacía desde que renunció a su acta de diputado cuando fue descabezado como secretario general del PSOE. El martes acudió a la capilla ardiente de su compañero de partido Manuel Marín y ayer lo hizo como líder de la oposición para participar en el acto solemne. Allí mostró su pleno convencimiento de que a lo largo del 2018 se desbloqueará el candado de la Carta Magna, haciendo ver la «necesidad de forjar nuevos consensos» para involucrar a los jóvenes que no aprobaron el texto de 1978. El dirigente socialista defendió la comisión del Congreso como el único escenario para abordar la reforma constitucional, una subcomisión que, aunque quedó constituida oficialmente hace un par de semanas, admitió que no empezará a avanzar hasta después de las elecciones catalanas del 21 de diciembre. Una vez que pasen, confía en que los partidos nacionalistas y Podemos se suban a un barco en el que hasta ahora solo viajan el PSOE, un escéptico PP y Ciudadanos, dispuestos a remar en el sentido opuesto al de los socialistas.
Cualquier posibilidad de incorporarse a esta comisión a corto plazo fue descartada ayer por Pablo Iglesias, que este año sí acudió al acto. El secretario general de Podemos afirma que en este momento «no se dan los números» en el Parlamento para abordar un cambio progresista de la Constitución, por lo que propuso empezar por reformar la ley electoral.
