El niño, de 8 años, fue encontrado muerto en su propia casa en mayo del 2013. Tenía el cráneo roto, varias costillas fracturadas y quemaduras por todo el cuerpo. El jurado popular pide ahora la pena de muerte para Isauro Aguirre, responsable de su muerte
14 dic 2017 . Actualizado a las 17:02 h.El 22 de mayo del 2013, Gabriel Fernández fue encontrado inconsciente en su casa de Palmdale, Los Ángeles. Su cráneo estaba roto; sus costillas, fracturadas; y su piel, sembrada de quemaduras, mordiscos y perdigones.Tenía 8 años.
El pequeño falleció dos días más tarde en el hospital, incapaz de reponerse de sus múltiples heridas y de un infierno que duró, como mínimo, ocho meses, los que pasó con su madre y el novio de esta después de que ella recuperase su custodia. El hombre, hallado culpable de la tortura y asesinato del menor, se enfrenta ahora a una pena de muerte solicitada por el jurado popular del caso.
Isauro Aguirre -guardia de seguridad, 37 años, 1,90 metros de altura y 120 kilos- mantenía entonces una relación con Perla Sinthia Fernández, madre de Gabrielito, a quien ambos obligaban a dormir en un cajón, con las manos y los pies atados. Le golpeaban con fuerza, machacándole a puñetazos y patadas, ensañándose con él con la hebilla de un cinturón. Le mataban de hambre, le obligaban a ingerir heces de gato. Le insultaban, le humillaban. Le arrancaron los dientes a golpes. Disfrutaban haciéndole daño solamente porque creían que era homosexual.
El padrastro de Gabriel acabó confesando las palizas en un mediático juicio que conmovió a todo el sur de California y que desembocó en una investigación en el ámbito de los servicios sociales y cuidado de menores del condado de Los Ángeles, que terminó con cuatro trabajadores sociales llevados a juicio. Sabían lo que sucedía y nunca llegaron a intervenir. Stefanie Rodríguez y Patricia Clement, y dos de sus supervisores, Kevin Bom y Gregory Merritt, fueron despedidos de sus empleos y acusados posteriormente de abuso infantil y falsificación de registros.
La defensa de Isauro Aguirre ni siquiera se esforzó por negar las torturas. Solamente argumentó que la muerte del niño fue accidental, un detalle técnico para intentar evitar la condena a muerte, y que el acusado había sido víctima de las manipulaciones de su pareja, de quien señalaron, además, que contaba con un bajo nivel intelectual.
La sentencia definitiva de Aguierre debe ser dictada el próximo marzo. Sinthia Fernández será juzgada en un juicio separado.