«Al Gobierno mexicano no le importa si la gente se va, se queda o se muere»

Héctor Estepa CIUDAD DE MÉXICO / E. LA VOZ

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Los afectados denuncian el abandono del Ejecutivo, tres meses después del seísmo

18 dic 2017 . Actualizado a las 08:01 h.

«El Gobierno nos ha abandonado. No les importa si la gente se va, se queda o se muere. Estamos a la deriva», lamenta Marta Patricia Reyes, mientras camina por un improvisado campamento erigido con lonas y madera destartalada. Allí vive una treintena de personas. Varios vecinos cocinan, mientras otros cuentan los víveres. Son las víctimas del terremoto que azotó México hace hoy tres meses. Habitaban el Multifamiliar de Tlalplan, uno de los complejos más afectados por el terremoto. Se quedaron sin casa y llevan doce semanas durmiendo al raso, incluyendo ancianos y niños, a temperaturas que pueden bajar de cinco grados por la noche.

Denuncian la negligencia de las autoridades. «Nos han venido a ofrecer trabajos y apoyos, pero es mínimo. Un alquiler aquí cuesta por lo menos 5.000 pesos, y lo único que nos dan de ayuda para la renta son 3.000 pesos, y solo es por tres meses. Después nos tenemos que buscar la vida», critica Reyes. Nueve personas murieron en el derrumbe de uno de los edificios del multifamiliar. Dos eran sus nietos. Prefiere no hablar de ello. Las lágrimas se dibujan en sus ojos solo con acordarse.

Ella vive, por ahora, en un piso arrendado. No sabe cuándo podrá volver a su apartamento, que se mantuvo en pie, aunque con graves daños. Sus pertenencias siguen dentro. Los vecinos hacen guardia para evitar saqueos, a pesar de la presencia de la policía. «Digan lo que digan aquí lo único que hay que hacer es tumbar toda la unidad y levantar otra desde los cimientos», explica Reyes

El Gobierno local les ha ofrecido una reparación, pero pagada a través de créditos suscritos por los vecinos. «Quieren reparar y que lo paguemos nosotros. Darnos créditos sobre algo que ya es nuestro con intereses inalcanzables. Aquí hay gente de la tercera edad y madres solteras que o comen, o pagan», apunta mientras ingresa a la tienda más grande del campamento, en la que los vecinos administran víveres y enseres donados.

«Esto es casi todo de personas que han traído ayuda a título individual. Quiero hacer énfasis en que los países que han enviado comida, medicamentos o dinero a México le pidan cuentas al Gobierno, porque aquí no ha llegado nada», lamenta Reyes.

Los vecinos del multifamiliar de Tlalplan no son los únicos que han denunciado corrupción estatal a la hora de administrar las donaciones internacionales. Varias asociaciones han pedido que pasen a formar parte de un fideicomiso vigilado por la sociedad civil.

Obras ilegales

La corrupción estatal está en boca de la mayoría de los afectados. «En Ciudad de México hay muchos edificios que se terminan sin las licencias que necesitarían. Si no hay ni siquiera una documentación que los avale, mucho menos habrá una supervisión oficial de que la obra cumpla con las normas y los planos, teniendo en cuenta que ni se han presentado esos planos», critica Josefina Mac Gregor, de Suma Urbana, un grupo de asociaciones vecinales de la capital.

La organización ha llegado a registrar la existencia de hasta 6.000 denuncias previas de edificios construidos de manera ilegal en los años previos al terremoto. Algunos se derrumbaron con el seísmo.

«Cuando tú haces construcciones ilegales y corrompes a la autoridad para terminarlos, la probabilidad de que haya vicios ocultos, como un incumplimiento de normas de construcción, también es alta».

Mac Gregor señala la introducción en la ley de desarrollo urbano de «instrumentos» legales que permiten que la autoridad pacte acuerdos exclusivos con inversores para cambiar el uso del suelo.

«Eso da como resultado una alta especulación. Tú puedes estar una colonia donde se permite construir tres pisos y de repente alguien llega a un acuerdo privado con el Gobierno y le permiten 20. Hay una ausencia absoluta de certeza jurídica», critica la experta, subrayando también que la legislación está redactada para permitir que el funcionario salga impune ante las omisiones.

Reyes no piensa votar en las próximas elecciones. «Los políticos solo piensan en llenar sus bolsillos», lamenta, mientras serpentea por las calles de lo que una vez fue un parque y ahora sirve como refugio a sus vecinos.