Uber debe ser regulada como una empresa de transporte en la UE y los países pueden exigirle licencias

El Tribunal de Justicia de la UE ha decidido que la empresa no es una plataforma figital y tiene que ser sometida a las regulaciones del sector, tras una denuncia de una asociación de taxistas en España


El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que Uber es una empresa de transporte y no una plataforma digital, por lo que las autoridades nacionales pueden exigirle licencias como las que se les requieren a los profesionales del taxi.

«El Tribunal de Justicia estima que debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de 'servicio de la sociedad de la información', sino a la de 'servicio en el ámbito de los transportes'», según indicó el TJUE en un comunicado de prensa.

En consecuencia, corresponde «a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de estos servicios, siempre que se respeten las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea», agregó la Corte, llamada a dirimir sobre la cuestión a partir de una denuncia por supuesta competencia desleal de taxistas de Barcelona. 

«No cambia nada»

Tras conocer la noticia, Uber ha señalado hoy que la decisión del Tribunal de Justicia «no cambia nada» en la operativa de esta compañía de alquiler de vehículos con conductor «en la mayoría de los países de la UE». «Sin embargo, todavía hay millones de europeos que no pueden usar apps como la nuestra», ha recalcado Uber en un escueto comunicado tras conocerse la sentencia del TJUE.

Uber, asimismo, ha recordado las recientes declaraciones de su consejero delegado de que «conviene regular servicios como Uber» y ha indicado que «por ello» continuará «el diálogo con países y ciudades en toda Europa».

Los taxistas piden a Madrid y Cataluña que inspeccionen los servicios de Uber desde el 2014

Calculan sanciones de hasta 5.000 millones en caso de que no tuviera la autorización de transporte que pide la sentencia del TUE

Los taxistas han solicitado que la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña inspeccionen los servicios que Uber ha prestado en estas regiones desde el 2014 para determinar si cuentan con autorización para realizar servicios de transporte, tal como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE dice que deben tener.

Fedetaxi, principal patronal del gremio, calcula que en caso de que la compañía no contara con esta autorización, los gobiernos regionales deberían incoar expedientes sancionadores que podrían acarrear multas totales de hasta 5.000 millones de euros en función de los servicios prestados por la firma desde entonces. «Se trata de una cantidad con la que, por ejemplo, se solucionaría gran parte del déficit público de las comunidades autónomas», indicó en un comunicado el presidente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.

«Si los gobiernos autonómicos actúan como deben, la elusión fiscal y la precariedad que estas compañías hubieran podido practicar tendría un efecto cero en la economía nacional, lo que además supondría un mensaje para todas las multinacionales de la falsa economía colaborativa», añade Leal.

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