Una nueva vía hacia la secesión que trata de burlar el artículo 155

Puigdemont se plantea delegar en un «conseller en cap» y forzar al Ejecutivo a negociar un referendo pactado


Madrid / La Voz

¿Y ahora qué? El resultado del 21D alumbra un nuevo escenario político, pero ni el destituido presidente de la Generalitat Carles  Puigdemont ni el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, dan por ahora pista alguna que permita adivinar por dónde discurrirá la ruta política. Rajoy considera que el emplazamiento que le ha hecho Puigdemont para mantener un contacto bilateral fuera de España es solo un mensaje de fortaleza dirigido a su propio electorado, y está a la espera de que el independentismo aterrice en la realidad tras la resaca electoral para diseñar una estrategia futura. Aunque la revalidada mayoría independentista podría indicar que se vuelve a la casilla de salida, el Gobierno cree que la situación ha mejorado, porque Puigdemont tiene claro que la unilateralidad está cerrada, ya que solo conduce a la cárcel y a la suspensión de la autonomía. Ahora comienza por tanto otra partida, no necesariamente más cómoda para Rajoy.

Y también en las filas secesionista creen que las circunstancias no son las mismas. Entre otras cosas, porque la situación judicial del propio Puigdemont y de un buen número de diputados de Junts per Catalunya y ERC condicionan notablemente la acción política a medio plazo. El primer reto es la formación de Gobierno y la elección de un presidente. Casi con seguridad, la opción de Puigdemont será no regresar a España, dado que eso supondría su entrada en prisión. La idea es mantener la ficción de un presidente legítimo en el exilio que cede la acción ejecutiva a un delegado, que actuaría como un conseller en cap, figura tradicional en la política catalana, que sería el oficialmente investido.

Conseguido ese objetivo, que podría lograrse incluso sin que Puigdemont renunciara a su acta de diputado, dada la mayoría de la que goza el independentismo, el siguiente paso es dar por hecho que Cataluña es ya una república tras el referendo del 1-O, y dar pasos en su consolidación, aprobando leyes en el Parlamento catalán que, sin poder ser consideradas una reiteración en el delito de rebelión, den la apariencia de que se avanza hacia la independencia. Serían leyes susceptibles de ser recurridas ante el Constitucional, aunque no tan rupturistas como las que han dado lugar a la aplicación del 155. Pero que mantendrían la situación en un conflicto e inseguridad jurídica permanentes, que perjudicarían económicamente a Cataluña y también a España. 

Guiños a Catalunya en Comú

Para reforzar esa estrategia de hechos consumados que acabe forzando al Gobierno a negociar un referendo pactado, el independentismo busca atraer a Catalunya en Comú para no depender de la CUP, que sigue apostando por la vía de una desobediencia radical que conduciría a un callejón sin salida. El problema es que el margen del Gobierno para buscar una salida política al conflicto es nulo, y más después del claro triunfo de Ciudadanos. La necesidad de abordar de inmediato una reforma de la financiación es otro obstáculo insalvable para una negociación bilateral entre el Gobierno y la Generalitat. Una situación que garantiza una crisis política duradera y de gravísimas consecuencias.

La formación de Gobierno facilitaría el apoyo del PNV a los Presupuestos

G. B.

La formación de un Gobierno de la Generalitat presidido por Ciudadanos habría hecho prácticamente imposible que el PNV accediera a respaldar las cuentas públicas

Cuando el pasado 27 de octubre tomó la decisión de disolver el Parlamento de Cataluña y convocar de inmediato unas elecciones autonómicas, Mariano Rajoy era plenamente consciente de que esa medida tendría un alto coste electoral para el PP. El propio candidato popular en Cataluña, Xavier García Albiol, le advirtió que en solo dos meses era imposible desmontar el aparato de propaganda institucional creado por el independentismo y que para que los catalanes apreciaran los efectos beneficiosos del fin de la inseguridad jurídica se necesitaban al menos seis meses. Rajoy, sin embargo, tomó esa decisión basándose en dos criterios. Uno, el convencimiento de que prolongar la intervención de la autonomía de Cataluña lastraría la imagen democrática de España ante el mundo. Y dos, que cuanto más tiempo pasara más se alimentaría el victimismo independentista y peores serían las consecuencias para el PP. Es imposible ya saber si Rajoy tenía razón o no, pero en la decisión del presidente pesó más el interés de la estabilidad de su Gobierno que los posibles resultados en Cataluña, aunque jamás imaginó que llegaran a ser tan catastróficos. 

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