La fractura social marca el séptimo aniversario de la Revolución de los Jazmines en Túnez

Efe

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Javier Martín

El Gobierno anuncia una mejora para los más necesitados en medio de las protestas

14 ene 2018 . Actualizado a las 18:11 h.

Miles de tunecinos han rememorado el séptimo aniversario de la caída de la dictadura de Zinedin el Abedin Ben Ali con diversas manifestaciones independientes que evidencian la creciente fractura social. En la mítica avenida Habib Bourguiba, corazón de aquel movimiento que sorprendió al mundo e hizo florecer las ahora marchitas «primaveras árabes», círculos progresistas y seguidores del islamista partido Ennahda marcharon en direcciones opuestas.

Los primeros, al grito de «Los jóvenes quieren otra revolución», se quejaban de que la situación económica y social es la misma que existía antes de la revuelta, y exigían al Gobierno el abandono de las políticas de austeridad.

«He pedido trabajo y me dicen que no hay trabajo. He pedido un simple lugar donde podamos hacer cine o teatro y me dicen que no. Hoy he salido a la calle para defender mis derechos», explicaba a Efe Hassan Jethri.

«Estos perros de Ennahda están terminando con el país. Quiero enviar un mensaje al presidente: no podrás acallar al pueblo. Fuiste allí para contentarles, pero tu sistema no funcionará. El pueblo os conoce y no se callará», agregó.

En el otro extremo del bulevar, los seguidores de Ennahda, con más medios y mejor organizados, disfrutaban con entusiasmo del espectáculo organizado por sus dirigentes, bajo un fuerte dispositivo policial.

«Somos los jóvenes de la revolución, los que pedimos la salida de Ben Ali. Esto es ya una tradición, celebrar la revolución que hicimos. A pesar de las dificultades y la situación económica, amamos nuestro país y nuestra revolución, y estamos orgullosos», explicaba a Efe Echrak Rhouma.

«En Túnez hay mucho chantaje, hay partidos políticos que sólo trabajan para arruinar el país. Ennahda, el partido con el que yo he venido a manifestarme, trabaja por el país. Conocemos la coyuntura económica, pero ellos, con la excusa del problema económico, dicen que el pueblo es pobre», agregaba.

Rhouma se hacía eco así de la tesis del Gobierno, que ha acusado a los partidos progresistas y a movimientos como Fesh nastanneu? (¿A qué esperamos?) de organizar, sin razón, las protestas contra los nuevos presupuestos generales que se suceden desde el inicio del año en todo el país.

Las manifestaciones, pacíficas durante el día, se tornaron violentas el martes después de que un hombre de 55 años muriera durante la represión de una marcha en la ciudad de Tebourna, a 40 kilómetros al oeste de la capital.

Desde entonces, más de 800 personas han sido detenidas, no solo vándalos y extremistas sino también activistas y periodistas, en una aparente campaña de intimidación denunciada por organizaciones de defensa de los derechos humanos.

«Ellos votaron la nueva ley de finanzas y ahora salen a la calle para manifestarte en contra. Esto es hipocresía y chantaje. Puedes ver con quién está el pueblo», insistió Rhouma.

«No han logrado terminar con el poder, ni con sangre, ni con el ejército, ni legalmente, así que tratan de hacerlo saliendo a la calle, pero incluso en la calle nosotros somos más fuertes», afirmó entre gritos de «Los jóvenes quieren Ennahda aquí».

El partido islamista es uno de los menos interesados en que las protestas contra la austeridad prosigan y ganen su momento como en 2011, ya que podrían acabar con su estrategia política a medio plazo.

Ennahda, socio en la actual coalición de Gobierno, controla el Parlamento y aspira a ganar las elecciones municipales convocadas para mayo, que serán las primeras desde el triunfo hace siete años de la revuelta.

Si se cumplen los pronósticos, la posible victoria electoral le colocaría en una posición de privilegio de cara a las presidenciales de 2019.

Tampoco está interesado el Gobierno, que al igual que la Unión Europea y países vecinos teme que las protestas puedan ser utilizadas por los movimientos yihadistas para tratar de desestabilizar el país.

Partidos como el Frente Popular, principal opción de izquierda, y movimientos sociales como Fesh nastanneu?, reiteraron hoy a Efe que seguirán movilizándose «hasta que estos injustos presupuestos sean anulados».

En este ambiente de confrontación, el Gobierno anunció el sábado que aumentará la ayuda estatal a los más necesitados para tratar de apaciguar las calles y paliar los efectos de unos presupuestos restrictivos forzados por las exigencias del Fondo Monetario Internacional.

El citado organismo concedió en el 2016 al Estado un préstamo de unos 2.500 millones de euros, a devolver en un plazo de cuatro años y a cambio de una política de reformas fiscales, despidos, recortes y estricta austeridad.

La receta no ha servido para resolver los problemas estructurales de la economía tunecina -la corrupción y el paro- y ha acentuado la inflación y el empobrecimiento de gran parte de la población, que siete años después ha vuelto a la calles para demandar justicia social.