¿Qué pasará desde mañana en Cataluña?

A 24 horas del pleno de constitución del Parlament, prosiguen las reuniones de los grupos independentistas para tratar de acordar una composición de la Mesa que refleje su mayoría

Esta mañana se celebró la última Mesa de la Diputación Permanente del Parlament presidida por Carme Forcadell
Esta mañana se celebró la última Mesa de la Diputación Permanente del Parlament presidida por Carme Forcadell
Agencias

Cataluña, desde que existe el «procés», se ha especializado en laberintos sin aparente salida a pesar de que las fuerzas independentistas señalan que «como siempre, nos pondremos de acuerdo».

A estas alturas, sin embargo, y cuando restan menos de 24 horas para que empiece el pleno de constitución de la Cámara catalana que como principal misión tendrá la de elegir al presidente del Parlament y al resto de miembros de la Mesa, las incógnitas y los problemas de aritmética aún persisten.

Esto es lo que puede suceder en Cataluña a partir de este miércoles 17 de enero:

Constitución de la Mesa del Parlament

Lo único cierto es que mañana a las 11.00 horas arranca el pleno de constitución del Parlament con la única orden del día de la elección de la Mesa, su órgano rector, que consta de tres votaciones: la presidencia, las dos vicepresidencias y las cuatro secretarías. Se escogen en total siete diputados para ser sus integrantes. Esta es la primera gran batalla de la legislatura al ser clave la Mesa para el desarrollo de la investidura del futuro president y para la interpretación laxa (o no) del reglamento de la Cámara.

Lo lógico, a partir de los resultados del 21D, sería que la composición de este órgano lo integraran cuatro diputados por parte de los partidos independentistas, dos de Ciudadanos y uno del PSC. Aún así, varias informaciones apuntan a que la formación de Puigdemont (Junst per Catalunya) estaría dispuesta a ceder una plaza a la CUP. Así se entiende que, en las reuniones mantenidas ayer entre los grupos soberanistas, no solo tomaron parte Junst per Catalunya y ERC. También hubo «contactos» con la CUP.

El problema surge porque de los 70 escaños obtenidos por las fuerzas independentistas, tan solo hay 62 diputados con indiscutida capacidad para ejercer el voto. Los ocho restantes o están huidos en Bélgica (Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxel Serret y Lluis Puig)  o están en prisión (Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez).

Las fuerzas soberanistas reconocen que el lunes se produjeron «avances» sobre las vías para garantizar que haya mayoría independentista, una de las cuales sería que los diputados que están en prisión o en la capital belga puedan delegar su voto. Sin embargo, reconocen que no han logrado un acuerdo global.

Autorizar o no la delegación del voto a estos ocho diputados puede hacer variar las mayorías parlamentarias que arrojaron las elecciones catalanas. Dando por descontado que los tres en la cárcel podrán votar porque así lo autoriza el Supremo, si los cinco en Bruselas no pudieran delegar su voto, entonces las fuerzas quedarían absolutamente igualadas: 65 diputados independentistas contra 65 no independentistas.

Y llegado este punto, podrían ser decisivos los votos de los comunes, con los que las fuerzas soberanistas reconocen que mantuvieron ayer «contactos». Su líder Xavier Domenènech ha querido, sin embargo, puntualizar que «si estuviéramos en la Mesa sería para que se pudiera iniciar la legislatura, pero no tenemos ningún acuerdo con nadie». 

En el segundo escenario, de fuerzas igualadas, ya no estaría tan clara la presidencia para los soberanistas, y los partidos que no son independentistas podrían tratar de buscar un candidato alternativo, aunque hasta ahora no han demostrado tener un nombre de consenso.

Segunda controversia: la teleinvestidura de Puigdemont 

Una vez realizada la constitución del Parlament, la figura del presidente del Parlament cobrará protagonismo durante los siguientes diez días hábiles. Será durante este tiempo cuando deba reunirse con miembros de las formaciones con representación parlamentaria para acabar proponiendo un candidato a la investidura. De este modo, el debate de investidura se llevaría a cabo, en primera sesión, el miércoles 31 de enero.

También se abrirá un nuevo foco de controversia: si el nuevo presidente de la Cámara estaría dispuesto a que se invistiera a Puigdemont sin que estuviera presencialemente en el hemiciclo.

 Ayer, en un informe demoledor, aunque no vinculante los juristas del Parlamento de Cataluña concluyeron que la elección a distancia, desde Bruselas, no es posible. Para los ocho letrados de la Cámara, en un informe aprobado por unanimidad, es «imprescindible» que el candidato asista al debate parlamentario, previsto para el 31 de enero, y añaden que debe estar presente «sin ningún medio interpuesto ni sustitución de la persona que ha de ser el principal protagonista».

Junts per Catalunya plantea una investidura telemática, vía Skype, o delegada, de tal manera que otro diputado pueda leer el discurso en la Cámara catalana en nombre de Puigdemont, que se resiste a volver a España para evitar ser detenido. Sin embargo, según el texto de los letrados del Parlamento catalán, la investidura debe celebrarse con la participación «directa y personal» del aspirante. 

También rechazan la posibilidad de una representación delegada, ya que en el debate deben darse cumplimiento a los principios de «oralidad, contradicción directa y garantía del principio de inmediatez». Tampoco prevé el reglamento la posibilidad de un voto delegado por encontrarse en el extranjero o en prisión.

El informe supone toda una patata caliente para las fuerzas independentistas. Los republicanos de Esquerra se comprometieron a respetar el criterio de los letrados, lo que los enfrentará a Junts per Catalunya, que defiende que la última palabra debe tenerla la Mesa del Parlamento.

Los letrados también rechazan otro de los planteamientos de Junts per Catalunya, la posibilidad de bloquear la sesión constitutiva no compareciendo e impidiendo que se alcance el cuórum necesario de al menos 69 parlamentarios presentes. El informe indica que eso sirve para el resto de las sesiones, pero no para la constitutiva, predeterminada por el decreto de convocatoria. 

Las siguientes fechas clave

Después del primer debate de investidura, que dura tradicionalmente dos días y que arrancaría el 31 de enero, se procedería a la votación. Si el candidato propuesto obtiene la mayoría absoluta (68 escaños como mínimo) de la Cámara, es investido presidente de la Generalitat. En el supuesto de un candidato independentista de JxCat, sería necesario el voto favorable de la CUP para proclamarlo president.

Pero si no lo logra, puede someterse a un segundo debate a los dos días, es decir, el 2 de febrero, tras el que es suficiente la mayoría simple. En este caso, a las fuerzas soberanistas les llegaría con que la CUP se abstuviera.

A partir del segundo intento fallido de investidura, se abre un período máximo de dos meses, en el que, si ningún candidato sale elegido, la Cámara quedaría disuelta de manera automática. Hablaríamos del 2 de abril.

Disuelto el Parlamento, Rajoy debería convocar elecciones de manera inmediata, para que puedan celebrarse a los 54 días hábiles de la disolución de la Cámara. Así, los hipotéticos nuevos comicios podrían celebrarse en torno al 15 de junio

El Gobierno recuerda que el 155 seguiría en vigor

N. V.

Rajoy reitera que Puigdemont no puede ser presidente desde Bruselas

Mariano Rajoy advirtió ayer sobre la consecuencia directa de la pretensión de Puigdemont de ser investido presidente de Cataluña sin pisar territorio español. El Ejecutivo recurrirá de inmediato cualquier intento de forzar una elección desde Bruselas y, por lo tanto, la maniobra de Junts per Catalunya podría prolongar la intervención de la autonomía catalana. Según el acuerdo que aprobó el Senado el pasado 27 de octubre, este mecanismo excepcional dejará de estar vigente cuando se conforme el nuevo Gobierno de la Generalitat. «Y no se puede tomar posesión desde Bruselas -incidió Rajoy ante la junta directiva nacional del PP-; por lo tanto, el artículo 155 de la Constitución seguirá en vigor».

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