La policía da el golpe final a la célula del piloto que se alzó contra Maduro

pedro garcía otero CARACAS / CORRESPONSAL

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JUAN BARRETO | afp

«No quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar», denunció Óscar Pérez

16 ene 2018 . Actualizado a las 07:59 h.

Mediante un gigantesco operativo, que según fuentes consultadas por La Voz supuso el despliegue de hasta 800 agentes, el Gobierno venezolano desmanteló ayer el grupo de Oscar Pérez, el agente de alto rango de la policía científica que en junio del año pasado robó un helicóptero de ese cuerpo de seguridad y sobrevoló y atacó con granadas edificios públicos de la capital venezolana como la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ministerio de Interior sin dejar víctimas. Por el momento, se desconoce si Pérez, una figura que se ha hecho inmensamente popular en las redes sociales, resultó muerto en la operación, que se llevó a cabo en El Junquito, un pueblo de montaña a 20 kilómetros de Caracas, y en el que la mayoría de sus residentes, casualmente, son agricultores descendientes de gallegos.

Sin embargo, desde ya, tanto si ha perdido la vida como si está detenido se ha desatado una nueva tormenta política en el país, por lo que, se presume, es una respuesta desproporcionada de la policía contra el sublevado, quien, junto con un grupo de colaboradores, tomó un cuartel militar, muy cerca de donde fue interceptado, en diciembre, y robó un número indeterminado de armas de alto poder de fuego. En su última aparición en Instagram, ayer por la mañana, Pérez, de 35 años, señalaba, con el rostro ensangrentado, que estaba «negociando» su entrega» a las autoridades. Agregaba que «no queremos hacer frente a funcionarios», entre los que, «de paso, hay algunos conocidos de nosotros», pero también denunciaba un intento de eliminarlo.

«Nos están disparando con lanzagranadas francotiradores. Dijimos que nos íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguemos, nos quieren asesinar». «Moriremos de pie defendiendo a nuestra Tierra, pero nunca de rodillas ante los tiranos», según otro de los últimos mensajes de su cuenta de Twitter.

Todos los accesos viales a El Junquito fueron cerrados desde la madrugada del lunes, y al lugar se dirigieron tanquetas y decenas de vehículos blindados, indicaron residentes del lugar. Horas después, y mediante un comunicado leído en la televisión estatal, el Gobierno afirmaba que «los integrantes de esta célula terrorista que hicieron resistencia armada fueron abatidos, y cinco criminales fueron capturados y detenidos», sin indicar si Pérez se encontraba entre los primeros o entre los segundos.

Según el comunicado, «estos asesinos, pertrechados con armas de alto calibre abrieron fuego contra los encargados de su captura e intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos, con el muy lamentable saldo de dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana fallecidos y cinco gravemente heridos, cuando se estaban negociando las condiciones para su entrega y resguardo».

Acusaciones

Inmediatamente, Antonio Ledezma, el exalcalde caraqueño exiliado en España, expresó a través de Twitter que «así ejecutan en vivo y directo al comisario de la policía científica Oscar Pérez y a un grupo de venezolanos». La oenegé de derechos humanos Provea responsabilizó al Gobierno por la vida de Pérez, «quien ha manifestado la intención de entregarse a las autoridades».

Según señalaron las fuentes consultadas por La Voz, «con casi 100 % de certeza» el comisario de la policía científica se encontraría entre las víctimas mortales. Según las mismas fuentes, el operativo para su captura hizo un uso tan excesivo de la fuerza que incluyó morteros y lanzagranadas RPG-7, de fabricación rusa, que son de utilización exclusiva de las Fuerzas Armadas. Las mismas fuentes indicaron que cuando Pérez negociaba su entrega, «se produjo una contraorden que llevó a la muerte de los rebeldes y de los funcionarios policiales», sin indicar quién la habría dado.

Las reacciones no se limitaron al bando opositor. En el chavismo, Iris Varela, ministra de Prisiones, acusó a Miguel Rodríguez Torres, quien fue ministro del Interior en 2014, al comienzo del Gobierno de Maduro, de haber «entrenado» a Pérez, y de haberle dado los pertrechos para iniciar su aventura de insurrección, que aireó, casi a diario, en las redes sociales durante los siete meses en los que su imagen se hizo conocida. De hecho, se afirma que fue una entrevista concedida por streaming, apenas el viernes, a Conclusiones, un programa de CNN que suele tocar la situación venezolana, la que habría dado la pista al Gobierno sobre su paradero. «La acción de nuestras fuerzas especiales a través de un trabajo de inteligencia dio al traste con la actuación de estos asesinos», señala el comunicado oficial.

El rostro de Pérez ya no estará más en los aeropuertos y algunos postes de las ciudades del país, en las que se le catalogaba como el «terrorista más buscado», aunque toda su carrera pública tuvo un aura romántica, como la del Zorro, y concluye sin haber dejado víctimas mortales más allá de las que pudieran atribuírsele ayer.

El «terrorista más buscado» tenía un aura romántica, como la del Zorro

El rostro de Pérez ya no estará más en los aeropuertos y algunos postes de las ciudades del país, en los que se le catalogaba como el «terrorista más buscado», aunque toda su carrera pública tuvo un aura romántica, como la del Zorro. Antes de su sonado ataque contra las dependencias oficiales, Pérez, rubio y de ojos azules, con la apariencia de una estrella de Hollywood, ya era conocido por los venezolanos, pues protagonizó en 2015 la película «Muerte Suspendida», un filme de acción basado en el famoso secuestro de un comerciante portugués en Caracas en 2012. En un mensaje que envió a sus tres hijos les dice que sus acciones contra el Gobierno las llevó a cabo por ellos y los niños de Venezuela que están padeciendo los rigores de la severa crisis del país. Los venezolanos soportan un cerco de penuria, causada por la escasez de alimentos y de medicinas, así como por la hiperinflación.