La defensa de Juana Rivas pedirá en Italia que sus hijos viajen en Semana Santa y verano a Granada
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Su expareja Francesco Arcuri también solicita para ella cinco años de cárcel al igual que la Fiscalía
17 ene 2018 . Actualizado a las 16:10 h.La defensa de Juana Rivas solicitará al Tribunal de Cagliari (Italia) un permiso para que sus dos hijos, de 11 y 3 años, puedan estar con ella en las vacaciones de Semana Santa y verano en Granada. La pretensión es que puedan estar en un «ambiente familiar donde han vivido en los últimos tiempos», junto a su madre y sus abuelos, por el «exclusivo interés de los menores», según ha detallado a Europa Press la letrada que ejerce su defensa en Italia, María Eugenia Álvarez, que preparará en las próximas semanas su solicitud. Este mismo tribunal, que es el que lleva el proceso para dirimir sobre la custodia de los pequeños, autorizó el pasado diciembre a Juana Rivas a tener a sus dos hijos en Navidad, pero en Cerdeña y no en España como ella había solicitado, por lo que se trasladó hasta allí esas fechas, aunque la pretensión es que ahora puedan viajar ellos a España durante sus vacaciones escolares.
La Primera Sección de lo Civil del Tribunal de Cagliari celebró este pasado martes una vista para nombrar al perito encargado de elaborar el informe sobre la evaluación de los menores, el cual será «absolutamente determinante» de cara a la decisión que se tome sobre su custodia y el régimen de visitas. Este técnico ha decidido coger todo el tiempo que prevé el código de enjuiciamiento civil italiano para elaborar este «complejo» informe en el que se evaluará a los padres, a los menores, la relación entre ellos con sus progenitores y el ambiente familiar en el que mejor y más equilibrados viven, entre otros extremos.
Así, se ha fijado de plazo máximo hasta el 27 de septiembre para que se celebre una nueva audiencia en la que se presenten los resultados de su trabajo, junto al realizado por los peritos designados por la defensa de la madre y el padre. Actualmente el padre tiene la guarda y custodia provisional de los pequeños después de que Juana Rivas se los entregara a finales del pasado agosto tras pasar un mes ilocalizable con ellos incumpliendo la orden judicial que le obligaba a hacerlo alegando una situación de presuntos malos tratos. A raíz de esta situación, Rivas ha sido procesada por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada por presuntos delitos de desobediencia judicial y sustracción de menores.
La Fiscalía de Granada ha solicitado para ella la pena de cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores y la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad sobre los niños por un plazo de seis años. Su expareja, el italiano Francesco Arcuri, que ejerce la acusación particular en la causa, le ha pedido cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer la patria potestad. Le atribuye dos delitos de sustracción de menores, por los que solicita la pena antes citada o, subsidiariamente, un delito de desobediencia de orden judicial por el que pide nueve meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama que Juana Rivas le abone por los «daños materiales y morales ocasionados» una indemnización de 30.000 euros, más intereses.
La expareja de Juana Rivas también pide para ella cinco años de prisión
La expareja de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, ha solicitado para ella cinco años de prisión y ocho años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre los dos hijos que tienen en común en la causa abierta contra esta madre de Maracena (Granada), después de que permaneciera casi un mes ilocalizable incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregar a los niños al padre para que regresaran a Italia. Arcuri, que ejerce la acusación particular en la causa, atribuye a Juana Rivas dos delitos de sustracción de menores, por los que solicita la pena antes citada o, subsidiariamente, un delito de desobediencia de orden judicial por el que pide nueve meses de prisión y el mismo periodo de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.
En concepto de responsabilidad civil, el padre de los menores reclama que Juana Rivas le abone por los «daños materiales y morales ocasionados» una indemnización de 30.000 euros, más intereses, según consta en el escrito de acusación provisional presentado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, al que ha tenido acceso Europa Press. La petición de cinco años de cárcel coincide con la formulada por la Fiscalía, pero eleva la inhabilitación especial para la patria potestad por entender que la gravedad de las acciones de Juana Rivas y «el efecto que ha producido en sus descendientes, la harían merecedora de una respuesta ampliada en este particular».
El padre de los niños, de tres y once años, sostiene que su expareja les mantuvo «voluntaria, deliberada e injustificadamente» en paradero desconocido durante un mes -desde el 26 de julio hasta el 28 de agosto del 2017- con la ayuda de terceras personas que no han sido identificadas y que incumplió las resoluciones judiciales que le obligaban a devolvérselos, pese a «tener pleno conocimiento» de ellas. Arcuri, que está representado en España por el abogado Enrique Zambrano, señala en su escrito de acusación que Juana Rivas se fue de Carloforte (Italia) con los niños el 18 de mayo de 2016 con la intención de pasar unos días de vacaciones en Maracena (Granada). Hasta ese momento, según incide, «no estaban separados» y vivían junto a sus dos hijos, de los que ejercían conjuntamente sus derechos de custodia.
Su día previsto de vuelta era el 27, pero llegado el momento, «excusándose en una situación pasajera de enfermedad de los menores, rehusó volver al domicilio familiar», alegando posteriormente que no podía retomar la relación con él. «A finales de julio del 2017, a sabiendas de la falta de competencia de los juzgados españoles, para justificar esa conducta unilateral, interpuso demanda de guarda y custodia sobre los menores», algo que no comunicó a Arcuri, como tampoco la denuncia a su juicio «instrumental» que le interpuso a mediados de julio de 2016 en el Juzgado de Violencia sobre la mujer número 2 de Granada por presuntos malos tratos.
«Ante la negativa de Juana Rivas a devolver a los menores», Arcuri promovió el 22 de agosto un procedimiento ante el Ministerio de Justicia de Italia conforme al Convenio de la Haya, tras lo que el Estado Italiano hizo un requerimiento a España que desencadenó una demanda de sustracción internacional de menores. El procedimiento se saldó con una sentencia del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada en la que se ordenó la inmediata restitución de los menores a Italia. A ésta le siguieron otras resoluciones que ratificaron esta decisión y que requerían el cumplimiento de esta sentencia fijando fecha y hora para la entrega de los niños, las cuales Rivas incumplió.
Anunció que no los iba a entregar
Para la acusación particular, sus actuaciones «demuestran sin duda alguna» que tenía «pleno y absoluto conocimiento de las citadas resoluciones» y se refiere en este sentido a uno de los vídeos que la propia Guardia Civil aporta a estas actuaciones, cuando un día antes de desaparecer con los niños, Juana «anuncia con luz y taquígrafos en una multitudinaria rueda de prensa cuál va a ser su posterior actuación: no entregar a los niños», agrega el escrito. La acusación también aporta entrevistas de la madre de Maracena en los medios donde «reconoce plenamente el conocimiento de la orden de entrega en el punto de encuentro familiar al día siguiente e incluso hace una serie de manifestaciones de su decisión de no entregar a los menores».
La expareja de Juana Rivas argumenta que todos estos hechos le «causaron un evidente perjuicio económico y personal», pues por un lado se privó «injustificadamente» a sus dos hijos y a él de «poder relacionarse de forma normalizada conforme a las diferentes resoluciones» dictadas, perjudicando las relaciones paterno filiales. Junto a ello, añade, tuvo que «soportar las incontables actuaciones en medios de prensa» de Rivas o en su nombre terceras personas «amparadas en la aparente justificación de lo que estaba haciendo aquí descrito, desacreditándolo públicamente», algo que ha causado «un daño prácticamente irreparable a su persona». A lo que suma los «cuantiosos gastos que ha debido asumir para accionar judicialmente, en la defensa de los derechos de sus hijos». De cara al juicio, la defensa de Arcuri solicita, entre otras, las testificales de su cliente mediante videoconferencia, y de la asesora jurídica de Juana Rivas en el Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados; así como la reproducción de diversas declaraciones y archivos digitales aportados por la Guardia Civil a la causa.
Nuevos frentes abiertos
Por otra parte, el abogado de Arcuri ha anunciado en un comunicado su personación en el procedimiento abierto después de que Juana Rivas haya interpuesto una denuncia por supuesto falseamiento de datos y documentos de los menores. Agrega que aportarán toda la documental necesaria, sobre la cual el Consulado General de Italia en España, así como el Ayuntamiento de Carloforte, acreditarán, afirma el letrado, «no sólo la nacionalidad italiana de los menores, sino que los mismos poseen carta de identidad, que fue solicitada como ordena la norma italiana, o sea, por ambos padres, y que Rivas suscribió de forma personal dicho trámite». Ha defendido que «el único interés que mueve y moverá a Arcuri es el superior beneficio de sus hijos, para que sigan con la estabilidad y tranquilidad que ahora mismo disfrutan».
El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada celebrará además el próximo 7 de febrero una nueva vista en el caso de Juana Rivas por daños y perjuicios a su expareja en relación a los gastos que tuvo que asumir al viajar a España y hacer efectivo el retorno de sus dos hijos a Italia, según han informado a Europa Press fuentes del caso. La vista, que se celebrará en la sala Luis Portero del edificio judicial de La Caleta, servirá para fijar los conceptos que Juana Rivas deberá abonar a Arcuri y ambos declararán o no en la medida en que lo soliciten las partes. No obstante, la defensa del italiano ya ha pedido la cooperación internacional necesaria para que, en ese caso, pueda hacerlo por videoconferencia. La medida viene de la sentencia que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada emitió en su día obligando a Juana Rivas a la restitución de los menores.
En esta resolución, consultada por Europa Press, también fue condenada al «abono de las costas del procedimiento, incluidas aquellas en que haya incurrido el solicitante, los gastos de viaje y los que ocasione la restitución o retorno de los menores al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción».