Macron: «No dejaremos que se vuelva a formar una nueva Jungla»

El presidente francés arremete en Calais contra las oenegés de ayuda a inmigrantes que los animan a quedarse en situación ilegal


parís / corresponsal

Emmanuel Macron se desplazó ayer a Calais para su primera visita relacionada con la política migratoria de su mandato. El presidente francés se marcó un doble objetivo: calmar las tensiones que dividen la población local desde la aparición de La Jungla en 2015 y preparar el terreno para su reunión con Theresa May de mañana, durante la cual exigirá mayor responsabilidad a Reino Unido en la gestión de los refugiados. «Una persona que huye de su país en guerra no debería hacer frente a la miseria y, en ocasiones, la violencia o la esclavitud» insistió en su discurso ante las fuerzas del orden.

Tras una bajada en el número de migrantes en campamentos ilegales en Francia, el presiente martilleó con que no «[dejarán] que se reconstruya una nueva jungla o una nueva ocupación ilegal en el territorio». Sin embargo, según las cifras de la prefectura de policía, 350 migrantes siguen viviendo en el descampado. Las asociaciones sobre el terreno elevan la cifra a unos 600, diez veces menos que antes de la evacuación de 2016. Algunos nunca dejaron el campamento y otros regresaron tras el desalojo para intentar de nuevo llegar al Reino Unido. Si bien algunos se alojan en apartamentos de particulares, la prefectura de Calais tan solo ha abierto 270 plazas de acogida este invierno.

No obstante, ninguno de los tres centros de acogida y examen administrativo (CAES) está completo. Ello se debe a que el examen de la situación de cada migrante en el centro puede activar una expulsión hacia el primer país en el que hayan registrado sus huellas dactilares. «Estos migrantes han dejado casi todos huellas por Europa y no quieren que les lleven a estos centros porque se arriesgan a que les asignen una residencia y a que les reenvíen a Italia», explicó un empleado de un CAES a Le Monde.

La situación es particularmente delicada para los inmigrantes económicos. Con el nuevo proyecto de ley del ministro del Interior, Gérard Collomb, si el examen de situación de un migrante determina que salió de su país por razones económicas, su expulsión será inmediata. El ministro socialista defendió que, con el dramático aumento de las demandas de asilo (100.400 en el 2017, un 17 % más que en el 2016), Francia no puede acoger dignamente a todos los llegados. El Gobierno se ha comprometido a crear 20.000 viviendas para refugiados de aquí a final de año y volverá a tomar las riendas de la distribución de alimentos en Calais, una tarea que dejó de lado tras la evacuación de 2016.

Macron se mostró beligerante con las asociaciones de ayuda a los refugiados que critican por «falta de humanidad» su política migratoria y denuncian excesos policiales. Según Colpisa, también arremetió contra las asociaciones que animan a los migrantes a «quedarse, instalarse en la ilegalidad o pasar a Gran Bretaña pues asumen una responsabilidad inmensa y nunca tendrán al Estado a su lado». «Hay un deber de humanidad pero hay también el deber de respetar la ley de la República», resumió.

Macron anunció que abordará tres puntos con Theresa May en su reunión de Londres: el caso de los menores no acompañados, la cooperación política y la obtención de fondos para impulsar el desarrollo económico de Calais. «Calais no es la puerta trasera de Inglaterra», advirtió. La primera ministra británica también hará frente a los deseos del Gobierno francés de renegociar los acuerdos de Touquet, que permiten a Reino Unido situar su frontera en territorio galo.

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