Puigdemont dice que no vuelve porque prefiere ser presidente que presidiario

El Gobierno advierte a Roger Torrent de que puede acabar como Carme Forcadell


MAdrid / La Voz

«Entre presidiario y presidente, prefiero ser presidente». El discurso de Carles Puigdemont suena cada vez más extravagante. Pese a las dudas en ERC y en su propio partido, el líder de Junts per Catalunya insiste en ser investido presidente de la Generalitat para gobernar desde Bélgica y manteniéndose como un prófugo de la Justicia española. Tiene ya incluso un argumentario técnico a favor de su excéntrica propuesta de telepresidencia, que defendió ayer en una entrevista radiofónica en RAC1. «Ahora porque estoy en Bruselas y ustedes en Barcelona, pero podríamos estar haciendo esta entrevista exactamente con la misma calidad de sonido desde Arbúcies (Gerona) o desde Tarragona», señaló para defender que se puede gobernar Cataluña desde fuera de la comunidad.

«Los grandes proyectos empresariales y de investigación se gobiernan a través de las nuevas tecnologías. Europa señala que ese es el camino», explicó. Y, en un mensaje dirigido a Oriol Junqueras, que continúa preso, añadió que «desde la cárcel seguro que no podría ejercer» porque no podría dirigirse a la gente ni «recibir visitas». Insistió por ello en que «el único plan es el A», que pasa por su «restitución».

JxCat apela a la inviolabilidad

Y, como si ejerciera ya ese cargo de presidente telemático, anunció que espera reunirse «lo antes posible» en Bruselas con el nuevo presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, porque «la primera y la segunda autoridad del país deben verse para hablar del debate de investidura». En sus filas consideran además que Puigdemont podría regresar a España sin ser detenido y también votar desde Bélgica. Así lo aseguró ayer Elsa Artadi, su jefa de campaña, que señaló que «los diputados gozan de inmunidad». «Hemos de ver hasta qué punto este derecho se respeta. Estamos estudiando todos los instrumentos de esta posibilidad», añadió.

A la espera de acontecimientos, el diputado de ERC Raül Romeva mantuvo el apoyo a la reelección de Puigdemont, pero evitó comprometerse con la investidura telemática. Tras entrevistarse con Roger Torrent, señaló que no habían hablado «de la investidura técnicamente de ningún tipo». «Hemos explicado que no proponemos un candidato porque apoyamos al de Junts per Catalunya. El resto no nos toca a nosotros decidirlo», dijo.

El lunes, anuncio de candidato

En previsión de que acabe cediendo ante Puigdemont, el Gobierno elevó la presión sobre el presidente del Parlamento catalán. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, le aconsejó que no cometa los «errores del pasado» y le recordó que su antecesora Carme Forcadell «tuvo que rendir cuentas ante los tribunales». En todo caso, garantizó que no habrá investidura telemática. «El Gobierno está en el ejercicio del artículo 155 y nadie en España puede tener duda de que impedirá que se cometa cualquier ilegalidad», advirtió.

Torrent, por ahora, mantiene la prudencia sin comprometerse a nada. Será el lunes cuando anuncie a quién propone como candidato a la investidura. Pero, aunque con toda probabilidad su elegido será Puigdemont, tampoco ese día terminará la incertidumbre, porque resta saber si se plantea que sea telemática o presencial, y si se acepta o no el voto delegado de los cinco diputados prófugos. «Si es Puigdemont, hablaré con él para ver cómo enfoca la investidura», se limitó a explicar ayer.

El expresidente de la Generalitat se la juega con un viaje a Copenhague

C. R.

El expresidente de la Generalitat viajará el lunes a Copenhague para participar en un debate sobre Cataluña y la UE que organiza la universidad de la capital danesa a propuesta del propio Carles Puigdemont. Lo confirmaron ayer el centro académico y la diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi. Será el primer desplazamiento fuera de Bruselas del ex jefe del Ejecutivo desde su huida a Bélgica el 30 de octubre, tras proclamar la independencia.

Puigdemont, que se niega a regresar a España, salvo que el Gobierno y la Justicia le den garantías de que no será arrestado, arriesga saliendo de Bélgica, donde está protegido de la orden de detención emitida por la Justicia española. El precepto de detención incluía en un primer momento a toda la UE, pero la Justicia belga puso impedimentos para su arresto en Bruselas y el Supremo acabó retirando la euroorden, que solo se ciñe ahora al territorio español.

Desde Junts per Catalunya recordaron que ya no pesa sobre el expresidente de la Generalitat el mandato europeo de arresto y que por tanto tiene «libertad de movimiento» por los países europeos, salvo España, donde en cuanto cruce la frontera será conducido ante el juez. En cualquier caso, Artadi no negó que el viaje tiene sus «riesgos», pues la Justicia española puede emitir en cualquier momento una euroorden para detenerlo en cuanto ponga pie en Dinamarca. «Ya veremos qué reacción y cómo se comporta el Gobierno. Ya retiraron la euroorden y pagaron un coste por ello», dijo Artadi, obviando que las órdenes de arresto son de competencia judicial y no del Ejecutivo.

Una situación que pone a prueba la unidad independentista

G. B.

Casi nadie, ni siquiera entre los independentistas, cree en la posibilidad de que Carles Puigdemont acabe presidiendo la Generalitat desde Bruselas. No solo porque el Gobierno y la Justicia lo vayan a impedir, sino por el caos jurídico y administrativo que eso supondría. Sin embargo, a diez días de que expire el plazo para que se celebre la sesión de investidura, el expresidente catalán mantiene la presión sobre ERC sin ofrecer ninguna salida que no pase por su designación telemática y su presidencia a distancia. Algo que pone a prueba la solidez de la unión entre los independentistas.

En ERC tienen claro que la presidencia de la Generalitat debe ocuparla Junts per Catalunya. Pero, aunque no ven viable la elección de Puigdemont, de cara al exterior siguen apoyándola, a la espera de que, si se insiste en esa vía, sea la Justicia quien lo impida y obligue a plantear otro candidato, sin necesidad de posicionarse en contra de esa posibilidad, lo que abriría una brecha entre ambos grupos que podría conducir a una repetición de las elecciones.

Pero la mayoría independentista en la investidura no depende solo de estos dos partidos. Además de la dificultad de tener que contar con los sufragios de los cinco fugados a Bélgica si estos no renuncian a su escaño, necesita el apoyo o la abstención de los cuatro diputados de la CUP para superar los 65 votos que suman los constitucionalistas y Catalunya en Comú. Y si ERC está enviando señales de su voluntad de reconducir el procés por vías democráticas sin renunciar a la independencia, la CUP hace todo lo contrario y advierte de que no apoyará a ningún candidato que no asuma el «mandato» de la independencia unilateral y la desobediencia al Constitucional. El planteamiento del expresidente catalán está ahora mismo, por tanto, más cerca de la CUP que de ERC. El problema es que cualquier candidato necesita el apoyo de los tres partidos. Si la Justicia no impide o anula una investidura telemática de Puigdemont, parece difícil que la CUP respalde a un candidato alternativo que acepte someterse a la vía constitucional y estatutaria. Algo que podría abrir la puerta a que un candidato independentista fuera elegido gracias a la abstención de los comunes.

El Instituto Elcano sostiene que la crisis catalana ha hecho más centralistas a los españoles

paula de las heras

El CIS apunta, en cambio, a la economía como principal factor

El Real Instituto Elcano sostiene que la llamada crisis catalana ha tenido un «efecto claro» sobre las actitudes de los españoles ante el Estado de las autonomías. El think tank especializado en asuntos internacionales presentó ayer los datos de su último barómetro, correspondiente a noviembre del 2017, del que colige que, desde el 2015, ha disminuido el apoyo de los españoles a la actual distribución de competencias y han aumentado las posiciones «centralistas», favorables a un mayor poder del Estado.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apunta, sin embargo, en otra dirección. Si la pregunta fuera: ¿Es España hoy menos autonomista que hace una década? La respuesta sería que, claramente, así es. Los datos los aportó esta misma semana el presidente del organismo público encargado de testar la opinión de la sociedad española desde 1976, Cristóbal Torres, en la comisión territorial del Congreso.

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