Mario Conde niega haber blanqueado dinero de Banesto y aporta documentos

El exbanquero declaró  a petición propia en el marco de la Operación Fénix


El expresidente de Banesto Mario Conde ha entregado este viernes en la Audiencia Nacional diversa documentación a fin de demostrar que los 13,06 millones que repatrió a España para invertir en empresas nacionales no procedían de la entidad que dirigió sino que su origen se remonta a una época anterior.

Durante su comparecencia, el exbanquero gallego, que llegó a la sede judicial al filo de las 9.45 horas acompañado de su abogado y de varias personas más, ha insistido en la legalidad de estos fondos, los cuales, ha asegurado, quedan completamente acreditados por los documentos que desde este viernes obran en poder del juez Santiago Pedraz.

Es lo que ha relatado Conde a su salida, algo más de una hora después, momento en el que le aguardaban unos medios de comunicación todavía algo sorprendidos por la decisión de quien fuera uno de los referentes del sector bancario de finales de los años 80 de declarar a petición propia en el marco de la Operación Fénix.

«En el 2016 le dije al juez que era rotundamente falso que el dinero que habíamos traído a España para invertir en empresas españolas fuera ilegal», ha dicho antes de recordar que ya entonces se comprometió a aportar información de la que se desprendería que el capital era «perfectamente» lícito.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, Conde, que ha mostrado una actitud correcta y cordial durante todo el interrogatorio, ha obviado responder a cuestiones sobre los supuestos delitos fiscales por los que también se le investiga en esta causa junto a su entorno personal y profesional.

En concreto, ha afirmado que el presunto fraude no era objeto de la presente declaración y ha preferido responder al respecto en otra ocasión.

«Lo que cuentan son los papeles», ha insistido el exbanquero, que espera que «se haga justicia» ya que estos «demuestran la falsedad» de todas las acusaciones vertidas contra él por la Fiscalía Anticorrupción, que le atribuye además un posible alzamiento de bienes.

La de este viernes ha sido la primera vez que Conde ha hablado ante el titular del juzgado central de Instrucción número 1 desde el 13 de abril de 2016, fecha en la que el magistrado decretó su ingreso en la cárcel madrileña de Soto del Real, donde permaneció durante dos meses, hasta junio.

Según explicaba el juez Pedraz en su auto de prisión, existían indicios suficientes de blanqueo en cuentas corrientes controladas por el expresidente de Banesto y su hija Alejandra, igualmente investigada junto a su hermano Mario, y su marido, Fernando Guasch, entre otros.

Unas sospechas avivadas por el tráfico de divisas y la supuesta ocultación de ganancias personales a través de la sociedad Barnacla a la que se habrían desviado fondos de origen ilícito, para lo que contaban con Black Royal y Oleificio Español, empresa pantalla esta última dedicada a productos relacionados con aceite de oliva.

En opinión de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, dichas cuantías procederían de la responsabilidad civil de los casos Banesto y Argentia Trust que no llegó a satisfacer completamente.

Desde su puesta en libertad, las pesquisas se han centrado en analizar los flujos de capital entre países a través de comisiones rogatorias que actualmente están siendo estudiadas a Estados como el Reino Unido y Suiza, de los que procedía buena parte del dinero que habría sido repatriado por Conde para satisfacer gastos personales y su «alto tren de vida».

No obstante, los vínculos se extienden a otros países de los que procedían las transferencias como Luxemburgo, Emiratos Árabes, Países Bajos e Italia, así como a territorios de riesgo fiscal con los que España no tiene cooperación como Curazao o las Islas Vírgenes Británicas.

La declaración voluntaria de Conde se produce apenas meses antes de que se cumplan dos años de la llamada Operación Fénix, que se saldó con la entrada y el registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del domicilio del expresidente de Banesto la mañana del 11 de abril de 2016.

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