El Supremo venezolano prohíbe a la oposición ir unida a las elecciones
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También ilegaliza a los tres principales partidos de la disidencia democrática
27 ene 2018 . Actualizado a las 08:45 h.En una sentencia calificada de «adefesio jurídico» y orientada a seguir eliminando obstáculos para la reelección del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia ilegalizó la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la más votada de la historia del país. Con ello, el mandatario solo tendrá que enfrentarse a cuatro partidos minoritarios en las elecciones que ordenó adelantar la Asamblea Nacional Constituyente, organismo que tanto la oposición como gran parte de la comunidad internacional no reconocen.
La decisión 0638 de la Sala Constitucional, dictada por el magistrado Juan José Mendoza, establece que la tarjeta de la MUD, con la cual la oposición conquistó el triunfo por dos terceras partes en las elecciones a la Asamblea Nacional en el 2015, no es legal. El argumento es que, tratándose de una coalición, si los militantes de los partidos que la forman la validan (no ha sido usada en los dos últimos comicios, lo que impone el requisito), incurrirían en doble militancia.
Además, el Consejo Nacional Electoral, por orden de la Asamblea Nacional Constituyente, ilegalizó a Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, los tres partidos más grandes de la oposición. Los dos primeros «revalidarán» su militancia este fin de semana, en un proceso en el que tienen que recolectar al menos el 1 % del padrón electoral en 12 de los 23 estados del país. Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, se ha negado a concurrir al proceso señalando que no acatará las decisiones de la Constituyente.
El único rector del Consejo Nacional Electoral no alineado abiertamente con el chavismo, Luis Emilio Rondón, calificó de «adefesio» la decisión del Supremo, que en 15 años no ha fallado una sola vez contra el Gobierno. «No existe ningún artículo en la Ley de Partidos Políticos que impida la doble militancia», señaló desmontando el argumento central de la Sala Constitucional.
Un abogado consultado por La Voz, quien pidió anonimato, se refirió a la decisión en los mismos términos, indicando que «se sentencia sobre el supuesto de que los militantes son los mismos para la Unidad y para sus partidos, lo cual es insólito». En su opinión, «la decisión está solamente basada en argumentos políticos, no jurídicos».
Para el diputado Francisco Sucre, la decisión del Supremo, que, como se preveía, permite a Maduro elegir a sus adversarios, «demuestra el miedo que le tiene el presidente al pueblo. Solo falta que se exija el carné de la Patria (un instrumento lanzado por el presidente el año pasado y mediante el cual, con dinero inorgánico, ofrece becas a sus seguidores) para poder ejercer el derecho al voto».
Para Maduro, que ya había merecido la condena internacional por la decisión de la ANC de adelantar las elecciones, la oposición «está esperando que desde Miami y Bogotá les digan si pueden participar o no». A los cuatro primeros precandidatos, todos de partidos pequeños y sin ningún arrastre personal, que anunciaron su intención de participar al menos en una competición opositora, les dijo que «los barrerá», como es evidente, porque no parece dispuesto a medirse con ningún rival ni partido de peso.
En este escenario, varios encuestadores han señalado que, pese al profundo rechazo que genera, Maduro tiene todas las opciones de ser reelegido por matemática simple. De los 19 millones del censo electoral, hay 6 millones que jamás votan; otros cinco reciben beneficios del Gobierno; de los 8 restantes, al menos cuatro se han ido del país. El mandatario, además, controla los tiempos y los mecanismos del proceso y quiénes serán sus rivales. Además, el éxodo por la hiperinflación y la escasez continua, lo que merma los votos de la oposición.
Macron reclama a la UE que adopte más sanciones
La comunidad internacional, que ya había elevado el tono de sus suspicacias con la decisión de la Asamblea Constituyente de adelantar las elecciones, adoptó ahora un volumen de franca alarma.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el vecino más cercano a Venezuela, pidió a la comunidad internacional por segundo día consecutivo y esta vez desde Austria «no reconocer» las presidenciales en los términos en que están planteadas. Fue mucho más allá el Gobierno francés que, por medio de su presidente, Emmanuel Macron, pidió a la Unión Europea que apruebe nuevas sanciones contra Caracas porque hace tiempo que Venezuela no es una democracia y no ve señales de que esto vaya a cambiar a corto plazo. Macron denunció la «deriva autoritaria inaceptable» de Maduro y «la degradación de la situación» junto a su homólogo argentino, Mauricio Macri, con quien se reunió en el Elíseo.
En Colombia crece la preocupación por las sucesivas oleadas de inmigrantes que están llegando desde el nororiente; 110 de ellos fueron deportados ayer de Pamplona, ciudad del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. En la capital del departamento, Cúcuta, fue desalojada una cancha deportiva que era refugio para más de 500 inmigrantes y a la que los habitantes de esa ciudad habían puesto el irónico sobrenombre de Hotel Caracas.
El Grupo de Lima
Estados Unidos, se señala, podría responder con una nueva ronda de sanciones que serían asumidas también por Canadá, y, en una siguiente fase, por los países del denominado Grupo de Lima, que monitoriza la crisis venezolana y a cuyos 14 miembros se sumaron dos esta misma semana: Guyana, también vecina de Venezuela (y con la que mantiene un importante conflicto limítrofe) y la isla caribeña de Santa Lucía.
En paralelo, desde la República Dominicana, el presidente de ese país, Danilo Medina, hace esfuerzos para retomar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la oposición, labor que luce poco menos que imposible, toda vez que buena parte de la negociación se centraba en la consecución de una fecha y de unos principios de consenso para la realización de los comicios. Desde el foro de Davos Medina señalaba que se había acordado una nueva ronda este fin de semana. Sin embargo, uno de los miembros del equipo negociador, el diputado Luis Florido, señalaba que no hay nada que discutir.