En la transición al «brexit» deberá acatar la ley europea y no podrá cerrar pactos con terceros países
28 ene 2018 . Actualizado a las 08:44 h.Un año y nueve meses. Es el tiempo extra que está dispuesta a ofrecer Bruselas a los británicos para que pongan los pies fuera de la UE cuando se consuma el brexit, el 29 de marzo del 2019. Así consta en los documentos de trabajo del equipo del negociador europeo, Michel Barnier, quien recibirá mañana un nuevo mandato de los Veintisiete para negociar las condiciones que tendrá que cumplir Londres para acceder a ese período transitorio.
Se trata del primer capítulo de la segunda fase de negociaciones. Theresa May tardó un año y medio en cerrar la primera. «Y lo más difícil está por delante», alerta Bruselas. Queda poco más de un año para que el Reino Unido diga adiós así que May deberá hilar fino para evitar que la política nacional, la guerra civil en su partido y el ruido sobre un posible nuevo referendo se interpongan en el camino.
Los problemas crecen al otro lado del canal de la Mancha, pero en Bruselas tampoco ondean banderas blancas. Barnier está dispuesto a hacer pagar a los británicos un peaje muy caro si quieren conseguir una prórroga para salir de la UE de la forma menos traumática posible para sus empresas y ciudadanos.
Condiciones duras
¿Qué estatus tendrá el Reino Unido a partir del 29 de marzo del 2019? La Comisión Europea asegura que durante el período de desconexión, los británicos no tendrán derecho a estar presentes en las negociaciones en la mesa del Consejo, a menos que los inviten, pero sí deberán acatar toda la legislación de la UE durante el período transitorio. Una condición «inaceptable» para el negociador británico David Davis. El equipo de Barnier insiste: mientras los británicos sigan teniendo acceso al mercado interior de la UE, deberán cumplir con las cuatro libertades de circulación, incluida la de personas. Y no solo eso. Si el Reino Unido se beneficia de ese tiempo extra dentro del mercado interior, tendrá que someterse a las normas comerciales de la UE que impiden a Londres, o cualquier otra capital, negociar y cerrar por su cuenta acuerdos de libre comercio con terceros países. «Es un salto al vacío», protestó Davis esta semana.
Las nuevas directrices que se aprobarán el lunes dejan claro que el Reino Unido deberá seguir contribuyendo con personal, activos y financiación a los proyectos europeos en marcha. Esto significa que tendrá que seguir sufragando el funcionamiento institucional de la UE, pero sin capacidad para influir en las decisiones.
Mientras Bruselas y Londres libran la contienda por los términos del período transitorio, paso previo a la negociación sobre la relación futura (prevista para marzo), Barnier continúa con las labores de traslado de agencias y organismos. Otro de los grandes cuarteles generales que abandonarán suelo británico es el de la operación Atalanta, encargada de la lucha contra la piratería en el Índico. España quiere que se reubique desde la actual Northwood a la base naval de Rota (Cádiz), pero socios como Francia e Italia también han manifestado su interés.