¿Y ahora qué pasará en Cataluña?

La postergación indefinida de la sesión de investidura abre una etapa inédita y llena de incertidumbre

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent
El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent

Una crisis imprevisible y sobre la que cada vez sobrevuela más la posibilidad de nuevas elecciones. Así se presenta a esta hora el conflicto catalán, después de que esta mañana el presidente del Parlament, Roger Torrent, en su primer gran dilema legal, optase por aplazar la investidura del nuevo presidente de la Generalitat hasta que el Tribunal Constitucional resuelva sus alegaciones contra la decisión de vetar una investidura a distancia de Carles Puigdemont, una medida cautelar tomada por el tribunal en respuesta al recurso del Gobierno central. Torrent optó por una fórmula intermedia para mantener la apuesta por Puigdemont sin desobedecer al máximo tribunal. 

Ante este nuevo paso inédito, surgen nuevos interrogantes:

¿Se puede aplazar la investidura?

La Ley de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno no lo contempla. Por ello, si se hace una interpretación rígida de la norma, Cataluña estaría ahora mismo en un limbo jurídico. La única posibilidad es acogerse al artículo 103 del Reglamento de la Cámara que habilita a prolongar plazos por un periodo no superior al mismo que se contempla en el método ordinario, es decir, otros 10 días hábiles: «La Mesa del Parlamento puede acordar la prórroga de los plazos establecidos por el presente reglamento. Salvo casos excepcionales, las prórrogas no deben exceder de un tiempo igual al fijado». 

Aún así, ahora mismo es difícil saber cuándo se celebrará de forma inédita esta sesión de investidura aplazada. Roger Torrent aclaró que el pleno «se mantiene convocado y se celebrará cuando se asegure un debate de investidura efectivo y con garantías», y después de que el TC se pronuncie sobre las alegaciones. El presidente del Parlament ha pedido al tribunal a que las «resuelva lo antes posible».

El Constitucional dio el pasado sábado 10 días a las partes para presentar sus alegaciones al auto en el que consignaba que la investidura no podía ser ni por vía telemática ni por delegación, además de imponer a Puigdemont el requisito de solicitar una autorización judicial para poder asistir al pleno.

¿Empieza a correr el plazo hacia unas nuevas elecciones?

En teoría la ley fija que tras el primer intento fallido de investidura, y si en dos meses nadie la lograse, se disolvería la Cámara, tras lo que Rajoy (en virtud del artículo 155) debería convocar elecciones de manera inmediata para que se pudiesen celebrar entre los 40 y 60 días hábiles posteriores. Si hoy se hubiese realizado la primera votación, y si ningún candidato hubiese obtenido la confianza de la Cámara tanto en esta sesión como en un segundo intento realizado 48 horas más tarde (el viernes 2), esta quedaría disuelta de manera automática el 2 de abril y los hipotéticos nuevos comicios podrían celebrarse en torno a mediados de junio. Unas fechas que ahora cambian y sobre las que hay diversas interpretaciones en torno a si es preciso o no que se produzca una investidura fallida para que empiece a correr el plazo hacia nuevas elecciones. En teoría sí es necesario.

 ¿Hasta cuándo seguirá vigente el artículo 155?

Solo cuando el candidato propuesto lograse la investidura y formase gobierno. Sería ahí cuando decaería el 155. Un escenario que, sin embargo, se prevé lejano. 

Roger Torrent ha detallado esta mañana que en ningún caso propondrá a otro candidato que no sea Carles Puigdemont y que ha optado por posponer el pleno para garantizar que pueda ser investido «de forma efectiva y sin injerencias». Sin embargo, y según la resolución del Tribunal Constitucional, Puigdemont no puede ser investido en la distancia ni puede delegar el voto, unas circunstancias que unidas a su orden de detención impiden que sea proclamado legalmente.

¿Qué ocurrirá al no poder ser investido Puigdemont?

La postergación del pleno sine die vuelve a colocar a Cataluña en una situación imprevisible, cuya salida más directa sería que los partidos independentistas propusieran un nuevo candidato no imputado ni buscado por la justicia. 

Pero la unidad secesionista se resquebraja. Diputados de ERC ya advirtieron ayer de que «nadie es imprescindible» y se abrieron, incluso, a la posibilidad de «sacrificar» al expresident. Y es que la situación de Puigdemont genera roces crecientes entre las fuerzas independentistas. 

La decisión de Torrent (ERC) de posponer el pleno de investidura ha causado por otra parte malestar en Junts per Catalunya (JxCat), que considera que se daban las «condiciones políticas» para celebrar la sesión hoy mismo. La formación de Puigdemont critica que no lo haya consultado con los grupos.

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