El comité de Duro Felguera apunta a Del Valle como instigador de la solicitud del concurso de acreedores

Los trabajadores sospechan que el anterior presidente podría estar buscando «eludir responsabilidades» y que ejercerán «acciones en derecho contra quienes pretendan cercenar el futuro de la empresa»

Trabajadores de Duro Felguera se manifiestan en Gijón
Trabajadores de Duro Felguera se manifiestan en Gijón

Gijón

El comité de empresa de Duro Felguera asegura que estará «muy vigilante» y que ejercerá «cuantas acciones correspondan en derecho contra quienes pretendan cercenar el futuro de la empresa» por razones «económicas o derivadas de un vano intento de eludir responsabilidades». Los trabajadores apuntan de este modo, en un comunicado emitido, contra el anterior presidente del Consejo de Administración, Ángel del Valle, ante el anuncio de la solicitud de un concurso de acreedores del que responsabilizan a Del Valle, y muestran su «gran preocupación y repulsa» por la situación y por el nombramiento «a instancias de Del Valle» de «un nuevo consejero que es un abogado experto en concursos».

El comité toma posiciones de este modo ante la noticia de la «extraña solicitud de concurso» interpuesta por la ingeniería ITK, una empresa que «ni siquiera es acreedora de la sociedad»; circunstancia que -recuerdan los trabajadores- ya hizo constar Duro Felguera ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado día 2 de febrero.

También recuerda el comunicado que «la grave situación actual de la empresa ha sido creada precisamente por la gestión de Ángel del Valle», al que atribuyen «reparto de dividendos imprudentes, compras innecesarias, gastos externos desorbitados, excesiva contratación de nuevo personal con sueldos muy elevados en tiempos de crisis, y sobre todo, insuficiente capacidad de negociación que hubiera evitado, en muchos casos con alta probabilidad, los litigios en los que nos hallamos inmersos».

Los trabajadores consideran que Del Valle «debería asumir su responsabilidad (entre ellas la que se deriva de su calidad de investigado en una causa penal), en lugar de obstaculizar la viabilidad de la empresa»; una viabilidad en la que dicen «confiar firmemente» con «apoyo institucional, sindical y bancario», pero no «incomprensiblemente» por parte de «las familias Del Valle, Arrojo y Arias», cuya «obligación número uno» consideran «la defensa de los puestos de trabajo y la continuidad de la empresa debería ser su objetivo número uno, además de su obligación». «Esto», concluyen, «no se consigue con una declaración concursal» que, por otra parte, «no exime a sus presuntos responsables, pues dependerá de la calificación que se pueda dar del concurso».

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