Críticos de Ciudadanos aseguran que los candidatos pagaron para ir en los primeros puestos de la lista al Senado

Europa Press MADRID

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La presidenta de la Plataforma por las Garantías Ciudadanos, Inmaculada Sánchez, junto al abogado de la entidad, Alberto Ganga
La presidenta de la Plataforma por las Garantías Ciudadanos, Inmaculada Sánchez, junto al abogado de la entidad, Alberto Ganga Luca Piergiovanni

Cifran en 11.000 y 18.000 las aportaciones de algunos miembros de las candidaturas

15 feb 2018 . Actualizado a las 14:57 h.

Miembros de una Plataforma de exafiliados de Ciudadanos han asegurado en la comisión de investigación de la financiación de los partidos en el Senado que conocen varios casos en los que la campaña del partido para las elecciones autonómicas y locales de 2015 fue financiada con dinero de los candidatos, que compraban los primeros puestos de la lista. En particular, apuntan a que en San Sebastián de los Reyes y en Fuenlabrada se pagaron 18.000 y 11.000 euros por estar en lo alto de las listas electorales.

El abogado Alberto Ganga, de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas que reúne a exmiembros del partido naranja, ha comparecido en la comisión del Senado reactivada por el PP para estudiar las finanzas del resto de partidos y que cuenta con una sesión monográfica sobre Ciudadanos. El PP ha actuado en solitario ante el boicot que viene realizando la oposición a este foro, que considera una maniobra de distracción de los populares.

Ante las preguntas del portavoz del PP, Luis Aznar, el letrado ha señalado como responsables de este modus operandi a lo que ha denominado como «el club de la pipa», cuatro personas entre las que ha identificado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, al gerente de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, y al secretario general, José Manuel Villegas, que según Ganga, «dominan el partido de arriba a abajo».

También ha sugerido que la Fiscalía Anticorrupción «miró hacía otro lado» frente a sus denuncias, ya que en 2015 Ciudadanos era «necesario» para atacar a otras formaciones como UPyD. «Además había que fomentar una marca blanca ante la irrupción de otras modas políticas», ha explicado.

Ganga apunta a que en la financiación privada de las campañas en 2015, Ciudadanos prometía restituir los fondos mediante las asignaciones de los grupos municipales. Aparte de los citados municipios madrileños, el abogado resalta que el Tribunal de Cuentas en Murcia ha detectado casos similares, y él conoce otro caso en Albacete.

«He visto personalmente una factura de un acto con Carolina Punset pagado por el candidato de Albacete, y con una factura a su nombre. Esto ha sido así en toda España en esas elecciones», ha asegurado. «Esta gente tenía la promesa de que estos gastos se iban a reportar vía grupos municipales o con asignación de cargos electos, que esa era la forma de devolución», ha destacado Ganga, ante las preguntas de la comisión, aunque reconoce que esta actuación sólo se puede acreditar en el caso de Murcia.

Ganga ha situado a Cuadrado y a Villegas al frente de una cuenta de ingresos de los grupos municipales, y eran estos quienes debían autorizar los traspasos a la cuenta de gastos para las operaciones de los grupos municipales. El letrado de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas se ha preguntado qué pasa con el sobrante entre ingresos y gastos, acusando al partido de Albert Rivera de llegar al panorama político con promesas de regeneración y sin embargo, haber actuado de manera opaca.

«Nadie sabe que ha pasado con ese dinero», ha apuntado, asegurando que se trata de un nuevo «indicio», aunque sin concretar a que efecto se han utilizado estos fondos.

Igualmente, ha denunciado que para justificar el dinero sobrante de estas cuentas, Ciudadanos elaboró un acuerdo marco, que en realidad era un contrato de prestación, que hizo para «blanquear ese momento». Aunque de nuevo, Ganga solo ha hablado de indicios y no ha podido apuntar a cuantías de dinero.

Por su parte, la portavoz de la Plataforma, Inmaculada Sánchez, ha reiterado que Ciudadanos se trata del partido que «más concejales no adscritos, más de 200, y más expulsados, más de 3.000» registra «en la historia de la Democracia en España».