Lo cita a declarar el viernes por la actuación de los Mossos durante el referendo independentista
19 feb 2018 . Actualizado a las 20:31 h.La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha imputado al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero por un nuevo delito de sedición en relación con la actuación del cuerpo policial durante el referendo independentista del 1 de octubre. Por ello, ha citado a declarar a Trapero para este viernes, 23 de febrero, a las 9.00 horas en calidad de investigado. Su sustituto al frente de los Mossos tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Ferrán López, también deberá comparecer el mismo día ante la magistrada, aunque en su caso como testigo.
Para la jueza, «la actuación de los Mossos el día 1 de octubre fue dirigida a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia» y por eso «la policía autonómica también fue utilizada para controlar las acciones» de las otras Policías el 1-O. Con esa finalidad, continúa Lamela en su auto, se diseñó ese «plan premeditado», «que procedía de la cúpula policial de Mossos d'Esquadra, cúpula comandada por Josep Lluis Trapero y en conexión directa con los miembros del comité estratégico», que encabezaba el expresidente catalán Carles Puigdemont. Resalta que hasta las seis de la mañana del 1-O los Mossos «no hicieron nada para desalojar los colegios» y no adoptaron medidas para evitar que horas antes fueran ocupados por los ciudadanos. Además, «se diseñó un sistema de comunicación entre los agentes» y «sus mandos superiores que supuso una ralentización de las comunicaciones, lo que produjo, aún más si cabe, una ineficacia en la actuación».
Ante estas evidencias, y tras el testimonio que prestó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, Lamela cita de nuevo a Trapero como investigado después de haberle dejado en libertad con medidas cautelares -como la entrega de su pasaporte- la segunda vez que declaró, también imputado por sedición, en relación al asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre en el registro a la Consejería de Economía.
Lamela observa que «la inactividad de los Mossos ya se percibía en las declaraciones públicas realizadas por el director general de los Mossos d'Esquadra Pere Soler Campins», quien días antes del referéndum dijo: «La misión de los Mossos es garantizar derechos, no impedir su ejercicio». La conducta de los Mossos entre el 20 de septiembre y el 1-O fue «de total inactividad», «enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad», insiste el auto.
Respecto al 1-O, Lamela señala que se estableció un sistema de comunicación entre los agentes y sus superiores que «suponía varias horas desde que se hacía la consulta hasta que llegaba la contestación». Además, se comunicaban instrucciones de forma oral o «pautas de actuación distintas o contradictorias a las escritas y contrarias» a las órdenes que dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para impedir la votación, dejando la decisión al «ámbito de valoración del agente actuante».