Hacienda investiga los pagos o ayudas a personas, empresas y medios afines al «procés»

Entre ellas se encuentran Mediapro y su presidente, Jaume Roures, ya ha dicho que el requerimiento de Hacienda es parte de «persecución político-policial»


Barcelona

El Ministerio de Hacienda ha instado por carta a la Interventora General de la Generalitat a que informe antes del 12 de marzo sobre pagos o ayudas otorgadas desde 2015 a más de sesenta de personas, empresas y medios caracterizados por ser afines al «procés» o haber prestado servicios para el 1-O.

En el primer lugar de esta lista remitida por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, figura el empresario Oriol Soler Castanys, que fue consejero delegado del diario Ara entre 2010 y 2012, sobre el que se requiere «la totalidad de los pagos efectuados por cualquier concepto por parte de la Generalitat o de cualquier entidad del sector público autonómico desde 2015 hasta la actualidad».

También se requiere información de los pagos efectuados a los periodistas y fundadores del Ara Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om, Xavier Bosch, así como a la sociedad Ara Llibres y Edició de Premsa Periódico Ara.

Igualmente, Hacienda pide que se le informe de eventuales pagos en este período a diversas sociedades del grupo Mediapro, a Editorial Alpha, la revista Sàpiens e identificar a los funcionarios de pagos por una serie de becas, artículos y capítulos de libros relacionados con temáticas sobre la autodeterminación o el secesionismo.

El requerimiento incluye la totalidad de los pagos efectuados a las empresas T Systems Iberia, IBM Global Services España, International Businesss Machines y DXC Technology Spain.

En la carta dirigida a la Interventora de la Generalitat, Rosa Vidal, con fecha 5 de marzo, y que da de plazo para responder hasta las 10.00 horas del 12 de marzo, se vuelve a solicitar información sobre subvenciones y ayudas de 2015 a 2017 a entidades como la Associació de Municipis per la Independència (AMI), Assemblea Nacional Catalana (ANC), Ômnium Cultural, y sus presidentes o expresidentes Neus Lloveras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

En este capítulo también figuran otras entidades de perfil soberanista como Procés Constituent, Sobiranía i Justicia, Súmate o Convenció Constitucional Catalana.

Esta última petición, hecha con anterioridad y a la que la Intervención de la Generalitat respondió que no tenía competencias para recabar la información reclamada, vuelve ser instada por Hacienda recordando que una orden del año 2015 sí le habilita para hacerlo.

«Persecución político-policial» 

El presidente de Mediapro, Jaume Roures, considera que el requerimiento de Hacienda a la Generalitat para que informe sobre pagos o ayudas a personas, empresas y medios afines al «procés» forma parte de «una persecución político-policial» que busca que «la gente tenga miedo y se quede quietecita y en casa».

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Roures ha comparado la actuación del Gobierno respecto de personas y entidades soberanistas con la época del «macartismo de los Estados Unidos», y ha llegado a augurar: «tal vez quedemos segregados en los autobuses; si votaste el 1-O, tendrás que ir a la parte de atrás de los autobuses, estamos en esta línea».

El presidente de Mediapro ha dicho que el requerimiento hecho por Hacienda solo busca salir en los medios de comunicación, como a su juicio era el objetivo de otro informe de la Guardia Civil conocido a mediados de febrero en el que se le situaba dentro del «comité ejecutivo» formado para dirigir el proceso independentista catalán en su condición de profesional experto en los medios de comunicación.

«Ellos tienen que justificar lo que hicieron todos los aparatos del Estado el 1 de octubre y ahora se trata de salpicar al máximo de gente para justificar su fiasco», ha opinado Roures, para añadir: «como no pueden investigar a 2 millones de personas, se dedican a buscar chivos expiatorios».

Caza de brujas, según el PDeCAT

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha solicitado hoy la comparecencia en la Cámara Baja del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que informe de lo que ha calificado de «caza de brujas» contra empresas o personas a las que se acusa de apoyar el proceso independentista.

«No es propio de una democracia moderna, estamos hablando de pagos y subvenciones que eran públicas y evidentes y en las que no hay ningún misterio», ha denunciado Campuzano, que cree que forma parte de una «caza de brujas» y una «criminalización» de personas y empresas vinculadas con el soberanismo.

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