Granados aporta facturas de supuestos pagos ilegales en campañas de Aguirre

Aunque su casa había sido registrada, asegura al juez que las ha encontrado ahora


madrid / colpisa

Francisco Granados, el acusado de los 900.000 euros escondidos en el altillo de sus suegros o el de los 1,5 millones ocultos en una cuenta en Suiza, sigue confesando a cuentagotas. Ayer lo hizo por tercera vez en el juzgado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Púnica, la «gigantesca» red de tráfico de influencias que afecta a Administraciones de varias comunidades autónomas. El ex secretario general del PP de Madrid entre el 2004 y el 2011 declaró con sumo cuidado de no agravar su situación personal tras las querellas anunciadas por algunas de sus víctimas, como la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, a quien no volvió a mencionar ayer para evitar males mayores, según señalaron fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Lo más relevante fue que Granados entregó al juez instructor Manuel García Castellón unos documentos que dijo haber encontrado en su casa de Valdemoro (Madrid) -que fue registrada en el marco de la causa- y que, en su opinión, podrían haber servido para financiar gastos electorales del PP regional. Se tratarían de facturas «falsas», afirmó, de la Consejería de Justicia cuando la presidía el exdiputado popular Alfredo Prada (2003-2008), su antecesor en el cargo y era presidenta Esperanza Aguirre. Granados declaró que en un principio no les dio importancia, pero que le extrañó los conceptos que recogían esos documentos. Ello después de que el pasado lunes negase en el Congreso haber visto cuentas opacas en el PP de Madrid y «sobres» de dinero negro en el partido. O que en su primera declaración del 12 de febrero asegurara al juez que había una campaña electoral «paralela» para financiar gastos de la candidatura de Esperanza Aguirre, que era «ajena al Partido Popular, desde luego al nacional, porque el nacional aquí no pintaba nada, y ajena al PP de Madrid desde el punto de vista contable».

El condenado a dos años de prisión por un delito de revelación de secretos en la primera pieza juzgada de Púnica abundó que esa facturación hallada en su casa era utilizada por la Consejería de Justicia y una empresa del expresidente de Telemadrid (2003-2007) y exdiputado del PP Álvaro Renedo, Inver-Eleto SL, una sociedad inmobiliaria.

Unos 150.000 euros en estudios

Para el entramado descrito se empleó una asociación subvencionada por la consejería, dedicada a la gestión de integración social y denominada Ginso, encargada de impulsar centros de reinserción de menores.

Esta compañía firmó convenios para la elaboración de estudios y en la facturación se incluyeron conceptos que resultaron ser falsos y que abonó Justicia, aseguró Granados. Mencionó, además, al fallecido periodista Germán Yanke, expulsado de Telemadrid y que también participaba en la empresa de Renedo y en otra, Fain Viejo S.L., con las que habrían facturado 150.000 euros en el 2007 por cuatro estudios.

En concreto, la contratación de los servicios se describían como destinados a la realización de informes sobre las tasas de delincuencia de la Unión Europea en comparación a la situación en la Comunidad de Madrid o la reinserción de menores. Granados puso en duda los conocimientos de los periodistas sobre esta cuestión y trató de salvar a Prada, del que dijo que probablemente fuera un simple «mandado».

La Fiscalía pide archivar la causa de la senadora Pilar Barreiro en la trama Púnica

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido a la magistrada Ana Ferrer que decrete el archivo provisional de la causa seguida contra la exalcaldesa de Cartagena y actual senadora del PP Pilar Barreiro en el caso Púnica, la red de tráfico de influencias que afecta a Administraciones de varias comunidades autónomas.

El fiscal entiende que una vez tomada declaración a la investigada, a testigos y revisada la documentación del caso no existe un resultado debidamente justificado de la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho que motivaron la formación de la causa. Barreiro declaró el pasado 15 de enero ante la jueza Ferrer. Negó haber cometido irregularidades en los conciertos que entabló con empresas de Alejandro de Pedro, presunto conseguidor de la trama Púnica, para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería de Educación de Murcia.

La imputada declaró que sí se contrató y se pagó desde el Ayuntamiento de Cartagena una publicidad, pero no en favor de su imagen, sino para mejorar la del Ayuntamiento. Además, aceptó que se ideó una campaña de reputación en su favor, pero que «se iba a pagar por el partido», según su abogado. Ciudadanos exige al PP que, en virtud de su pacto de investidura, obligue a Barreiro a renunciar a su escaño.

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