May cede al fin y Londres pagará 45.000 millones por el «brexit»

Cristina Porteiro
CrISTINA Porteiro BRUSELAS / CORRESPONSALES

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FRANCOIS LENOIR | reuters

Los europeos que lleguen a la isla antes del 2021 conservarán todos sus derechos

20 mar 2018 . Actualizado a las 08:05 h.

«Un paso decisivo», así catalogó ayer el negociador de la UE, Michel Barnier, el acuerdo alcanzado con su homólogo británico, David Davis, para conceder al Reino Unido tras el brexit (29 de marzo del 2019) un período transitorio de 21 meses (hasta el 31 de diciembre del 2020) con el que desconectarse de la Unión Europea de forma gradual, sin grandes turbulencias. El Gobierno de Theresa May ha tenido que hacer grandes compromisos y concesiones a lo largo de las 129 páginas del acuerdo para poder saltar a la tercera fase de negociaciones: la relación futura.

Por el momento Londres ya ha aceptado someterse a la legislación comunitaria durante la prórroga a cambio de poder acceder al mercado interior y la unión aduanera. Perderá su poder negociador en el Consejo Europeo, pero tendrá la puerta abierta a negociar por su cuenta, que no aplicar, acuerdos con terceros países.

Derechos comunitarios

Mismos derechos. Davis acabó cediendo a uno de los grandes caballos de batalla de Barnier. No habrá europeos de primera y de segunda clase tras el divorcio. «Los ciudadanos de los Veintisiete que lleguen durante la transición recibirán los mismos derechos y garantías que los que lleguen antes del día brexit», anunció el francés. Eso supone que un español que llegue durante la prórroga (29 de marzo del 2019 al 31 de diciembre del 2020) podrá disfrutar de los mismos derechos que los que lleguen antes de la fecha de divorcio.

Factura

Pagarán. Los británicos también han hincado la rodilla en lo que a rascarse los bolsillos se refiere. A pesar del revuelo que generó el borrador de factura (45.000 millones de euros), finalmente Davis ha reconocido en el texto del acuerdo que tendrán que seguir participando y contribuyendo a los presupuestos europeos del 2019 y 2020 por los compromisos financieros que adquirieron en las negociaciones presupuestarias del 2014. Se trata de una demanda «justa» a ojos de Bruselas. Ningún socio de la UE quiere movilizar más dinero para cubrir el agujero británico. Otra cosa será a partir del 2021. Londres ya no pondrá un solo euro en la hucha comunitaria.

Irlanda del Norte

En el aire. Es el fleco eterno que sigue sin cerrarse. El miedo a que la violencia se desate en el Úlster si se erige una frontera física entre el Reino Unido e Irlanda ha forzado a Davis a incluir una cláusula de último recurso por la que se garantiza que Irlanda del Norte seguirá dentro del mercado único y la unión aduanera si Londres no encuentra una fórmula mejor para evitar las barreras fronterizas. La decisión puede provocar una crisis dentro del Gobierno de May, cuya estabilidad depende del apoyo de los unionistas del DUP, quienes rechazan un estatuto diferenciado. «Respetamos el orden constitucional británico», trató de calmar Barnier antes de que Davis se encomendase a su buen hacer negociador: «Es nuestra intención alcanzar un acuerdo tan estrecho con la UE que no requiera de medidas específicas para Irlanda del Norte».

Pesca

Pendiente de negociación. El acceso a las aguas y a los recursos marinos del Reino Unido se ha convertido en un asunto de primer nivel para los negociadores. Davis anunció ayer que a lo largo del año 2020 ya negociarán las oportunidades de pesca como un Estado costero independiente, «decidiendo quién puede acceder a nuestras aguas y en qué términos», dijo.

Disputas

Comité conjunto. Cualquier problema en torno a disputas de fondos, participación en negociaciones o cuestiones de pesca pasarán por las manos de un Comité Conjunto. Nada que ver con la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la UE. Davis solo acepta su intervención para dirimir sobre derechos ciudadanos.

España seguirá contando con derecho a veto en Gibraltar

El Reino Unido se irá el 29 de marzo del 2019 de la UE y con él todos los territorios sobre los que ejerce su soberanía, incluido Gibraltar. El Peñón también podrá beneficiarse del proceso de desconexión, siempre que España no vete en el último minuto el acuerdo de divorcio. Las directrices originales de la UE conceden a Madrid la potestad de echar atrás cualquier arreglo si la disputa por Gibraltar no se resuelve de forma satisfactoria para los intereses ibéricos.

Las conversaciones entre españoles y británicos van por buen camino. Tanto que ayer Davis amagó con descorchar el champán. «Estamos siendo extremadamente flexibles», admitió ayer el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, quien ha adoptado una postura más pragmática que su predecesor en el cargo, García Margallo. «No queremos convertir la negociación de un futuro acuerdo entre la UE y el Reino Unido en rehén de una cuestión a la que nunca vamos a renunciar», aseguró el jerezano en alusión a la propuesta de cosoberanía en El Peñón. «En términos temporales es difícilmente casable con unos acuerdos que hay que tener cerrados uno en octubre [salida] y otro en año y medio [futura relación]».

Aún queda cuestiones

Aunque España afloja las riendas, Dastis sigue apretando a Davis. El optimismo del británico, quien ayer celebró el «diálogo positivo» con las autoridades españolas, el jerezano le advirtió de que todavía quedan «cuestiones irritantes» que no están resueltas. Y es que a pesar del ofrecimiento de Madrid a aparcar la cuestión de la cosoberanía, Londres todavía se resiste a ceder a las demandas de España sobre transparencia fiscal, medio ambiente y contrabando de tabaco en Gibraltar.

Barnier insistió en que la solución al conflicto del Peñón deberá resolverse de forma bilateral, pero el francés dejó claro que la postura que adopte la UE será un calco de la española, por «solidaridad».

La UE descarta por ahora sancionar a Rusia por el ataque al exespía, pese a respaldar a Londres

Explicaciones sí, sanciones no. Al menos hasta que Rusia aclare cómo el agente neurotóxico Novichok, de fabricación rusa, pudo acabar en manos anónimas para ejecutar el asesinato fallido del exagente doble Serguéi Skripal y su hija Yulia el 4 de marzo en Salisbury. El primer ataque químico en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial ha estremecido a todas las cancillerías de la Unión. Nadie ha dudado en apuntar a Moscú. Londres le atribuye la autoría, sus socios quieren confirmar las sospechas antes de dar un paso hacia adelante e imponer sanciones. «No es el momento de hablar de este tema hasta que no se hayan aclarado todos los extremos», aseguró el ministro Alfonso Dastis.

La UE no se quiere precipitar, aunque ayer no dudó en cerrar filas con el Reino Unido para exigir al Kremlin que aclare si ha tenido algo ver con un suceso de claro cuño ruso. «Esperamos que Putin acepte participar de forma abierta, concreta y transparente en la investigación», deslizó el jefe de la diplomacia belga, Didier Reynders. Los alemanes lo tienen más claro y le apuntan sin reparos: «Todas las informaciones sugieren que no hay una explicación alternativa plausible a la corresponsabilidad de la parte rusa», aseguró Heiko Maas.

«Inaceptable y gravísimo»

Los 28 califican el suceso «inaceptable y gravísimo». El Gobierno británico habla de una agresión en toda regla. El ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, se mostró especialmente mordaz e indignado con el comportamiento ruso: «Primero dicen que destruyeron todas las reservas [de Novichok], ahora que una parte se escapó misteriosamente a Chequia y Eslovaquia. Es una clásica estrategia rusa, la de intentar ocultar la verdad con oscurantismo y mentiras», sostuvo antes de admitir que todos los estados de la UE han sufrido de una u otra manera «el comportamiento destructivo de Rusia».

La reunión se saldó con un duro comunicado conjunto de condena en el que se señala la preocupación por «alta probabilidad de que la Federación Rusa sea responsable» y deja claro que el uso de este agente nervioso no solo viola todas las convenciones internacionales y legislación sobre armas químicas sino que además «constituye una amenaza para todos». La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) ya se encuentra en territorio británico para investigar el suceso.