Condena pionera a una eléctrica por la electrocución de un ave protegida

El fallo abre la vía para que las comunidades puedan sancionar a las compañías


redacción / la voz

Las comunidades autónomas tendrán vía libre para sancionar a las compañías eléctricas que descuiden el cuidado de sus líneas de alta tensión siempre y cuando el deterioro pueda ser el responsable de la mortandad de aves en espacios protegidos. No es que antes no tuvieran esta potestad, ya que la ley las ampara para ello, pero ninguna lo hizo hasta que en el 2016 la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha impuso una multa de 100.001 euros a una empresa por la electrocución de un águila imperial y después de que la avisara de la necesidad de corregir la infraestructura, sin que esta remediase la situación. Cumplió así su normativa de Conservación de la Naturaleza, que estipula como muy grave este tipo de hechos. La firma recurrió, pero ahora el Tribunal Superior de Justicia ratifica la sanción y avala la decisión tomada por el Gobierno manchego, un fallo histórico que, por primera vez, corrobora la responsabilidad de las compañías frente a los daños que ocasionan los tendidos a las aves.

«La gran novedad de esta sentencia es que ratifica una sanción administrativa por infringir una ley de protección de la naturaleza», explica David de la Bodega, responsable del programa legal de la Sociedad Española de Ornitología, SEO/BirdLife, quien destaca que las comunidades «pueden utilizar esta vía a partir de ahora para sancionar a las eléctricas». «Galicia -dice- también podría seguir este camino, ya que cuenta con una ley de conservación de la naturaleza que tipifica como muy grave este tipo de acciones».

¿Por qué, sin embargo, no lo han hecho antes? La ley de responsabilidad ambiental y un posterior decreto del 2008 obliga a las compañías eléctricas a corregir los tendidos eléctricos para evitar daños a la fauna, pero al mismo tiempo establece en una disposición adicional que el Gobierno debía aprobar un instrumento financiero para ayudarlas en este tipo de actuaciones. Era el argumento que esgrimían las compañías para retrasar las obras de mejora de sus infraestructuras, que alegaban que en tanto en cuanto no recibieran los fondos públicos no estaban obligadas a realizar las obras.

Sin excusas

Esta excusa, sin embargo, acaba de ser rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que entiende que la eléctrica tenía la obligación de presentar un proyecto de adaptación de las líneas eléctricas, que no presentó en el momento de la electrocución del águila. Por ello la considera responsable de la infracción, una vez acreditado que el accidente se produjo como consecuencia de no haberse modificado el punto de apoyo en el tendido, conforme a las exigencias impuestas por la normativa. Da así la razón a los argumentos de la SEO, la Plataforma SOS-Tendidos y de la Fiscalía de Medio Ambiente, que sí entiende que la normativa exige a los operadores «aplicar medidas de prevención para evitar daños ambientales».

El fallo corrobora la sanción administrativa de 100.000 euros y fija, además, el pago de una indemnización de 49.920 euros por la electrocución del águila ibérica imperial, una especie en vías de extinción. Si hubiese muerto, el pago sería de 100.000 euros.

Más de 33.000 rapaces mueren cada año en España por este problema

El presidente de la Sociedade Galega de Ornitoloxía, Óscar Rivas, se congratuló ayer por una sentencia que considera necesaria y que abre la puerta para nuevas peticiones de responsabilidad a las compañías eléctricas, independientemente de que reciban o no fondos públicos para corregir los tendidos. «Paréceme estupendo -dice- porque é un tema moi sensible», aunque en Galicia la mortandad por electrocución de aves rapaces u otras protegidas no sea tan importante como en otras comunidades. «Aquí -apunta- o maior problema quizais sexan os aeroxeradores». En el conjunto de España, según un estudio del ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, cada año mueren unas 33.000 rapaces.

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