En el horizonte, elecciones en Cataluña el 15 de julio

La votación echa a andar el reloj hacia unos nuevos comicios si en dos meses no hay presidente


Redacción / La Voz

La política catalana es desde hace meses una caja de sorpresas en la que puede pasar cualquier cosa, casi siempre lo imprevisto. Por primera vez en la historia democrática española, no hay ninguna certidumbre sobre lo que va a pasar con el debate de investidura iniciado ayer, ni siquiera si va a poder celebrarse la preceptiva segunda votación tras fracasar la primera. Lo único claro tras la sesión de ayer es que al menos se ha roto el bloqueo y ya ha echado a andar el reloj para la celebración de nuevas elecciones en el supuesto de que nadie consiga ser investido en el plazo de dos meses a contar desde ayer. Si así fuera, los comicios se celebrarían el 15 de julio, y sería la primera ocasión en la que hubiera elecciones en pleno período estival. Y mientras tanto, continuaría plenamente vigente el artículo 155 de la Constitución, por lo que esa eventual nueva consulta electoral sería convocada otra vez por el Gobierno de Mariano Rajoy, como ya ocurrió el pasado 21D.

Tras el fracaso de la primera votación, la Ley de la Presidencia de la Generalitat prevé un segundo debate 48 horas después, es decir a última hora de la tarde de mañana, sábado. Para ser investido en esa segunda votación, al candidato le bastaría con la mayoría simple, esto es, más votos a favor que en contra. Si nada cambia hasta ese momento, Turull seguiría sin disponer de los apoyos necesarios. Solo tiene seguros los apoyos de los parlamentarios de Junts per Catalunya y de ERC, que en total suman 66 escaños, uno más que los 65 que sumarían los noes de Ciudadanos, PSC, los comunes y el PP. Ocurre que JxCat pierde dos votos al no poder participar en la votación ni Carles Puigdemont ni Antoni Comín, huidos en Bélgica. Y, aunque hay alguna interpretación diferente, la mayoría admite que ya no es posible legalmente que sean sustituidos antes de la votación de mañana.

Además, hoy entra en juego una nueva variable. El propio candidato, Jordi Turull, y otros cinco parlamentarios (tres de los cuales renunciaron anoche) presentes en la sesión de ayer deberán comparecer esta mañana ante el juez Pablo Llarena, que les comunicará el auto de procesamiento en la causa abierta en el Supremo por rebelión, sedición y malversación. Todos ellos están en situación de libertad provisional con medidas cautelares, que el magistrado puede endurecer, o no. En el supuesto de que acordara la vuelta a prisión de Turull, que ya pasó 32 días en la de Estremera, queda en el aire la propia celebración de la sesión de mañana.

Incluso aunque no vuelva a prisión, pende la amenaza de la suspensión en el cargo público. La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé tal posibilidad cuando el auto de procesamiento por determinados delitos sea firme. Aunque hay visiones contrapuestas sobre si es aplicable en este caso, si Llarena así lo considerara, aún no sería efectivo inmediatamente, porque cabe el recurso ante la Sala de Apelaciones del Supremo, que sí podría apartar del Parlamento y de un eventual, aunque improbable, Gobierno a todos los procesados.

Condenada al fracaso la candidatura de Turull, al secesionismo solo le quedan dos opciones. O proponer un candidato libre de acusaciones judiciales o dejar morir la legislatura para volver a las urnas el 15 de julio. Para que la primera opción saliera adelante, y dado que ha quedado claro que la CUP no va a apoyar a ninguno si no hay una apuesta clara por la ruptura y el enfrentamiento con el Estado, a los secesionistas no les queda otro camino que la renuncia de Puigdemont y Comín.

Rajoy suspende su viaje a Angola y habla por teléfono con Sánchez y Rivera

N. V.

En la Moncloa se analizó ayer cada posible ramificación derivada de la sesión de investidura de Jordi Turull. El clima de atención evocaba el vivido los días 6 y 7 de septiembre del 2017, cuando las fuerzas secesionistas maniobraron en el Parlamento catalán para aprobar las leyes de ruptura. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, suspendió su agenda para encabezar las reuniones de seguimiento de cuanto transcurrió en Barcelona. Y, aunque Mariano Rajoy acudió al encuentro del Consejo Europeo en Bruselas, su entorno confirmó que el viaje a Angola previsto para este domingo queda aplazado. Por lo que pueda ocurrir.

El Gobierno quiere estar preparado. No tanto por el intento de investir a Turull, sino por los movimientos del independentismo a partir de hoy, una vez se conozca la decisión del Tribunal Supremo sobre el futuro del candidato, que podría ingresar en prisión provisional. Aún recuerdan la capacidad de los secesionistas para promover normas o reformas en la Cámara catalana al margen de las protestas de la oposición.

Rajoy ha mantenido ya contactos tanto con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con quien conversó el miércoles por la noche, como con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. La charla con el líder de los socialistas versó sobre el pleno de ayer. «No se abordó con ninguna profundidad la cuestión», sostuvo el secretario de organización del PSOE, José Luis Abalos. Pero ambas llamadas son significativas y suponen un retorno a las vísperas del 1 de octubre, cuando se proyectó una imagen de unidad frente al desafío secesionista.

El ejemplo de Mandela

El Ejecutivo asumió anteayer que desde el punto de vista legal nada podía reprocharse a la candidatura de Turull. «Es diputado y tiene libertad para asistir al pleno, es más de lo que podía decirse de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez», apuntaron fuentes del Gobierno. Pero sí hubo mucho que apuntar en el plano político. Algunas voces trasladaron su percepción de que los partidos independentistas buscaban ayer «el proceso inverso al de Nelson Mandela», designar un presidente que puede acabar en prisión para fortalecer su relato. Así se explican que la máxima autoridad de la Cámara catalana, Roger Torrent, precipitara el pleno de investidura en cuanto se supo que el juez Pablo Llarena citaba hoy a Turull y varios encausados y que cabía la posibilidad de que el candidato fuera encarcelado de manera provisional e inhabilitado.

Esta última opción, la de que el representante de Junts per Catalunya quede incapacitado para ejercer el cargo público, es la que motivó que el Gobierno sacara a relucir el artículo 155. El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales compareció en el Senado y advirtió a los partidos independentistas que el Ejecutivo no podrá retirarse de la Administración catalana hasta que se constituya la nueva Generalitat de manera legal y tomen posesión todos sus miembros.

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