Para 2018 están previstas 200 controles frente a los 140 realizados el año pasado
28 mar 2018 . Actualizado a las 14:24 h.El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el socialista Fernando Lastra ha informado del nuevo Plan de Inspección Ambiental 2018-2020, que contempla un refuerzo de las inspecciones ambientales en plantas industriales.
Las plantas que pueden ser objeto de inspecciones, ha explicado tras Consejo de Gobierno, se elevarán sensiblemente. Ya no se limitarán a aquellas que están obligadas legalmente por tener autorización ambiental integrada, sino que se extiende a muchas más empresas. De esta forma, de las 80 que podían ser objeto de inspecciones, el número se eleva a más de 1.000 en Asturias. «Estará comprendida toda actividad industrial potencialmente contaminante», ha explicado Lastra.
El Plan de Inspección Ambiental 2018-2020, que hoy publica el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), sustituye al vigente desde 2014 hasta 2017. La legislación obliga a contar con un plan autonómico, pero sólo para las grandes instalaciones industriales que operan bajo una autorización ambiental integrada. Sin embargo, el Principado aprobará uno que cubrirá todas las actividades que cuenten con instalaciones potencialmente contaminantes.
Cada año se aprobará un programa que concretará tanto el número de inspecciones ambientales como los criterios de selección de instalaciones, bien en función de una evaluación de riesgos específica o bien en el marco de campañas con objetivos concretos. Hay inspecciones programadas e inspecciones no programadas, debidas principalmente a denuncias e incidentes medioambientales. Para 2018 están previstas 200 inspecciones programadas frente a las 140 realizadas el año pasado, lo que supone un incremento del 42,8%. Además, y por la experiencia de ejercicios anteriores, se calcula que se llevarán a cabo otras 400 no programadas.
Medio Ambiente tramitó el año pasado 1.025 expedientes de control ambiental, lo que supone un crecimiento de un 34% respecto a 2016. Los residuos fueron la principal causa de apertura de expediente (un 46%), seguidas de las afecciones a la atmósfera (37%). Gijón, Oviedo y Avilés, los tres mayores concejos, aglutinan el 40% de las actuaciones de control, según ha explicado Lastra. Por otro lado, el Ejecutivo autonómico someterá próximamente a información pública un proyecto de decreto de Protección y Control Ambiental.
Su ámbito de aplicación comprende desde los grandes complejos industriales hasta los pequeños talleres y concreta las obligaciones de las empresas en materia de control ambiental, con especial atención a la eficacia en la respuesta ante condiciones anómalas de funcionamiento que puedan dar lugar a incidentes ambientales. El proyecto también habilita a la administración para desarrollar instrucciones técnicas y modelos que permitan unificar y aumentar la calidad de los numerosos informes que deben presentar las empresas. Aparte, crea la figura del Organismo de Control Ambiental.
Según ha explicado Lastra, el control ambiental de determinadas actividades es una de las «prioridades» de la acción del Gobierno. El fin es mejorar la protección ambiental y, con ella, la salud de las personas. Próximamente también será aprobado el Protocolo para Situaciones Anómalas, previsto para aquellos casos en los que la estabilidad atmosférica impida la dispersión de partículas y se den casos de polución.