La ONU exige una investigación imparcial sobre el incendio en una cárcel venezolana

Pedro García Otero CARACAS / CORRESPONSAL

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Casi 68 presos y familiares murieron tras un incendio provocado durante un motín

30 mar 2018 . Actualizado a las 09:03 h.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó consternación en un comunicado tras el incendio ocurrido el miércoles en los calabozos de la Policía de Carabobo, en el centro de Venezuela, que dejó una cifra de fallecidos que se estima entre 68 y más de 80, y exigió al Gobierno de Nicolás Maduro «una investigación rápida y efectiva, que establezca la causa de los muertes, ofrezca reparación a los familiares de las víctimas, e identifique y lleve ante la Justicia a los responsables».

El incendio, ocurrido al oeste de Valencia, capital del estado Carabobo, se produjo en medio de un motín de los reclusos, y en el día de visita, por lo cual entre los fallecidos hay por lo menos 10 familiares de los reos, según señaló en un escueto comunicado Jesús Santander, secretario general de la Gobernación de la que depende el calabozo policial.

El fiscal general designado por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab (normalmente locuaz), usó apenas un tuit para confirmar la cifra de 68 fallecidos y asegurar que «se han realizado los respectivos protocolos de autopsia y se ha entregado los cuerpos a los familiares».

Ayer, sin embargo, familiares de algunos de los reclusos señalaban que aún permanecían algunos detenidos en los calabozos policiales, incluso al lado de cadáveres, y en condición de riesgo para su salud. Unos 45 cuerpos habían sido entregados a sus familiares -a los cuales se les llegó a ofrecer, según algunas fuentes, diez dólares por su silencio- y se les habían suministrado recursos para proceder a los velatorios, una práctica común en el Gobierno de Maduro cuando estalla este tipo de crisis.

Los familiares habían sido desalojados con equipos antimotines de la Policía de Carabobo el miércoles en la tarde cuando exigían información sobre sus detenidos, en el momento en que estos estaban amotinados dentro de los calabozos. Fue la reyerta la que alertó a las redes sociales sobre lo que se estaba viviendo en la comandancia de la policía regional, pues los medios de comunicación oficiales aún no se habían referido ayer a la tragedia de Valencia.

Tampoco Nicolás Maduro, que ya recibía su dosis de críticas desde todas partes del mundo: el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, mostró su «solidaridad con las familias de los fallecidos» y se preguntó: «¿hasta cuándo la dictadura de Maduro continuará causando la muerte de sus conciudadanos?».

En Venezuela, sin embargo, este tipo de incidentes se olvidan rápido. Hace siete meses, en el remoto estado Amazonas, una masacre realizada por fuerzas de intervención policial produjo la muerte de más de 38 reclusos, sin que hasta ahora se hayan producido ni detenciones ni se hayan anunciado resultados de las investigaciones del caso.

Hacinamiento y corrupción, un cóctel mortal

La crisis carcelaria venezolana, que ha quedado oculta por las restantes crisis del país, tiene explosiones recurrentes de violencia que vuelven a traer el tema a la palestra de la opinión pública internacional. Los ingredientes comunes son un desbordamiento total de la violencia dentro de los penales, el silencio oficial y, posteriormente, la inacción de las autoridades.

Carlos Nieto Palma, coordinador nacional de la oenegé Una Ventana a la Libertad, señaló, a propósito de la masacre en los calabozos de Policarabobo, que «nuevamente la opacidad es la protagonista de una masacre penitenciaria». Agregó que la crisis del sistema penal del país, que tiene años enseñoreada en las cárceles, se ha trasladado a los calabozos policiales, pues la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, ha negado desde hace varios años los traslados de calabozos a prisiones, incluso para condenados, llevando la crisis de las prisiones hasta las comisarías de policías, donde frecuentemente hay motines.

Varela, una de las figuras más polémicas y radicales de la revolución bolivariana, fue designada por Hugo Chávez como ministra de Prisiones en el 2012, tras otro motín.

Famosa por sus salidas de tono (recientemente señaló que los jóvenes que se iban de Venezuela «son los contrarrevolucionarios y ojalá no regresen nunca»), la funcionaria es también célebre por la evidente vara alta que concede a los llamados pranes de las cárceles (delincuentes comunes de alto rango, generalmente narcotraficantes) y su severidad feroz contra los presos políticos. También es célebre porque desaparece en crisis como la actual, aunque sigue gozando de la confianza de Maduro.

Nieto afirmó que el hacinamiento en los centros de prisión preventiva supera el 300 %. Frecuentemente se conocen en la prensa casos de reclusos, dentro de estos calabozos, que mueren de inanición, incluso en los de la capital. Generalmente se trata de jóvenes detenidos por delitos menores, como el robo de un teléfono, y que no tienen familia ni logran salir adelante en la maraña de la burocracia. Según cifras de la misma oenegé, 18 presos murieron por desnutrición en los calabozos venezolanos durante el 2017 y 62 por otras causas, que incluyen la violencia.