Rato alega que facturó de manera legal sus conferencias

Agencias REDACCIÓN

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Rodrigo Rato, a su llegada a la Audiencia Nacional
Rodrigo Rato, a su llegada a la Audiencia Nacional JAVIER SORIANO | AFP

El exvicepresidente del PP se queja de que está sufriendo una «discriminación» porque otros ciudadanos en su misma situación no son juzgados

05 abr 2018 . Actualizado a las 22:55 h.

El exvicepresidente del Gobierno, el asturiano Rodrigo Rato, ha explicado este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que «efectivamente» facturó a nombre de su sociedad Arada las cuantías obtenidas por la impartición de conferencias (una de ellas en Oviedo), si bien lo hizo de forma lícita, de acuerdo con la supresión del régimen de transparencia fiscal del año 2002. En declaraciones a los medios a su salida de los juzgados de Plaza Castilla, el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha asegurado que existen casos de personas que también han ostentado cargos «similares o mayores» y que a ellos no se les ha acusado por delitos fiscales, por lo que este es un caso de «discriminación» hacia su persona. También ha insistido ante el juez que investiga el presunto origen ilícito de su fortuna familiar que desde el año 2002 no existe transparencia fiscal en España y, por lo tanto, los profesionales pueden declarar los ingresos provenientes de sus actividades a través de sus sociedades.

El expresidente de Bankia ha declarado por espacio de una hora ante el juez en el marco de la pieza que investiga presuntas irregularidades en el cobro de conferencias que impartió para Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) durante el ejercicio 2012. Se trata de una de las más de diez partes que integran la causa general y que el juez instructor ha reabierto después de que en marzo del pasado año la Audiencia Provincial de Madrid así lo ordenara al considerar que los hechos, que ocurrieron entre los años 2007 y 2014, no estaban prescritos.

El exvicepresidente del Ejecutivo también ha denunciado ante el juez que, desde que se le detuvo en abril del año 2015, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha realizado hasta once informes sin conseguir llegar a redactar uno que sea definitivo, y que la deuda tributaria superior a los 8,5 millones de euros que se le atribuía en movimientos de divisas «ha quedado reducida a cero». «Se ha puesto de manifiesto que la acusación inicial en la denuncia (de Hacienda), que he calificado de falsa y que lo vuelvo a reiterar, de más de 8 millones y medio de euros de defraudación en movimientos de divisas, esa cifra ha quedado reducida a cero», ha explicado a las puertas de los juzgados donde le aguardaban decenas de periodistas.