Un juzgado ve indicios de delito en la financiación del PSOE valenciano y Bloc en el 2007

Estudia si empresas pagaron gastos electorales con facturas falsas


redacción / la voz

Un juzgado valenciano ha puesto la lupa sobre los gastos electorales del PSPV y Bloc, fundamentalmente en las municipales del 2007, por si hubiese existido financiación irregular. La investigación se inició hace año y medio, después de que representantes del Partido Popular se personaran en una comisaría para aportar documentación, facturas y decenas de correos electrónicos entre empresarios valencianos, dirigentes del Bloc (partido mayoritario en la coalición Compromís) y del PSPV-PSOE. La investigación policial trata de acreditar si una empresa de comunicación facturaba servicios a las dos formaciones políticas de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas -fundamentalmente constructoras- y no los destinatarios mediante la presunta falsificación de facturas.

Los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental con carácter continuado, prevaricación y malversación. También de delito electoral, que ya habría prescrito. La documentación aportada por el PP - según los socialistas un «cortapega» elaborado por el actual líder provincial del PP en Alicante, José Císcar- estaría directamente relacionada con el pago de facturas por trabajos electorales a ambas formaciones políticas en las elecciones municipales y autonómicas del 2007. El secretario general de los socialistas valencianos y candidato a la Generalitat era Joan Ignasi Pla y el líder de los nacionalistas Enric Morera, en la actualidad presidente de las Cortes valencianas y destacado dirigente de Compromís.

La sala valenciana que inició las diligencias se inhibió en juzgados de Madrid, Gandía y Benidorm para que continuaran la investigación al considerar «la inexistencia de conexión de los hechos indiciariamente ilícitos con el partido judicial de Valencia» y además que «no se da ninguno de los requisitos legales para su enjuiciamiento conjunto de los hechos». Este argumento sirvió para que el vicesecretario del PSPV, Manuel Mata, concluyese que «no hay trama, no hay financiación ilegal, ni dinero negro».

Funcionamiento

En este auto, el juzgado valenciano explica cómo era el funcionamiento. «Para lograr el fin conseguido, la mercantil Crespo Gomar facturaría unos servicios a dichas formaciones políticas, de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar», una estructura con cierta similitudes con la trama Gürtel. La policía ha identificado en varios informes el circuito que presuntamente habría seguido el dinero de empresas, de carácter público y privadas, para saldar facturas relacionadas con la campaña y precampaña del año 2007 al margen de las subvenciones oficiales que reciben los partidos políticos para financiar actos electorales.

«Nosotros no somos el Partido Popular», señalaba el secretario general del PSPV-PSOE y presidente valenciano, Ximo Puig, al ser preguntado por este asunto el jueves en un acto celebrado con Pedro Sánchez. Puig remarcó, que «hasta este momento, la Justicia no ha pedido nada al PSOE».

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