Llarena pide a Montoro que explique en que se basa para decir no se gastó un euro público en el 1-O

El magistrado del Tribunal Supremo dice que sus declaraciones contradicen las pruebas obrantes en la causa


Madrid

El juez del caso del «procés» en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha pedido por escrito al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que explique «a la mayor brevedad posible» por qué considera que no se utilizó dinero público para el referendo independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.

En una providencia, el magistrado justifica su decisión en que varios procesados han declarado ante él que Montoro expresó «su certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017».

Ello contradice las fuentes de prueba del sumario, dice el juez, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación, consistente precisamente en la utilización de dinero público en fines ilegítimos, por ejemplo el citado referendo.

El ministro de Hacienda, cuyo departamento ejerce de acusación particular en este sumario por el posible mal uso de fondos, negó en una entrevista publicada el lunes por el diario El Mundo que en el referendo del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público.

Entre ayer y hoy han declarado ante el juez los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, todos ellos procesados por malversación además de por rebelión.

Llarena emplaza al ministro a que le remita con la mayor brevedad posible el «soporte objetivo concreto» de sus declaraciones al citado diario en las que se han apoyado los comparecientes para afirmar que no existe tal malversación.

Y recuerda que las fuentes de prueba acumuladas durante la instrucción contradicen esa conclusión. De hecho, según un informe de la Guardia Civil, la Generalitat malversó al menos 1.602.001,57 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum.

El pasado 20 de marzo, Llarena encargó a la Guardia Civil «la aportación de los documentos y demás elementos objetivos» que dan soporte a ese informe sobre »gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia«. También declaró secreta esa parte de la causa durante un mes.

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