La tensión se mantiene pese a la derogación de la reforma de la seguridad social
24 abr 2018 . Actualizado a las 07:41 h.La tranquilidad se resistía a llegar a Nicaragua pese a que el presidente Daniel Ortega dio marcha atrás el domingo al decreto para elevar un 22,5 % la cotización y reducir el 5 % las pensiones de jubilación, una medida que había desatado una explosiva protesta. Este lunes se conoció que otro estudiante murió de madrugada, lo que elevaría a 28 (cifra no oficial) el número de fallecidos en una semana de disturbios.
Continuaron los saqueos que en estos días han causado daños millonarios a edificios y comercios, cerraron los colegios, y sectores sociales y empresariales marcharon en manifestación para exigir el fin de la represión policial. La inestabilidad creciente ha provocado la alerta internacional y este lunes Estados Unidos dejó su embajada bajo mínimos, ordenó a las familias de sus funcionarios que abandonaran el país y emitió una advertencia para no viajar a Nicaragua.
El oficialismo y la oposición se acusan mutuamente de ser responsables de los choques. Los primeros afirman que «sectores de la derecha» estarían repitiendo el patrón aplicado en Venezuela para desestabilizar a Nicolás Maduro y responsabilizaron a «grupos criminales de la derecha» del asesinato del periodista Ángel Gahona el sábado pasado. Sus adversarios apuntan que fue obra de un francotirador o de la policía o integrantes de «las turbas», como se conoce a los grupos de choque que andan en motos, llevan cascos para ocultar su identidad y apoyan a Ortega.
En principio, representantes de la sociedad civil y del sector empresarial tienen previsto reunirse con el Gobierno. El Consejo Superior de la Empresa Privada puso condiciones para conversar con Daniel Ortega. «Reconocemos y valoramos que la lucha cívica y pacífica encabezada por nuestros jóvenes ha sido determinante para que el Gobierno haya derogado el decreto ejecutivo que generó esta crisis social», decía el comunicado leído por su presidente José Adán Aguerri.
Mediación de la Iglesia
Los empresarios demandan el «cese inmediato de la represión» policial y de simpatizantes oficialistas, garantizar «el derecho a la libre movilización pacífica», la liberación «inmediata» de los detenidos, y «restablecer y garantizar la irrestricta libertad de prensa y expresión». Aunque el presidente Ortega apuntó que la Conferencia Episcopal mediaría en el diálogo, monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua indicó por Twitter: «No se puede dialogar sin establecer claras condiciones para el diálogo».
El editorial de El Nuevo Día llamaba a mantener un diálogo amplio y creíble y a evitar «el resurgimiento de la violencia» que polarizaría más al país y «destruiría algunas condiciones básicas que han hecho posible la convivencia y el crecimiento económico nacional». Y recordaba que la violencia ha revelado la existencia de «inconformidades reprimidas que esta vez explotaron de la peor manera, poniendo en riesgo el futuro del país. Esas inconformidades deben ser puestas sobre la mesa para buscarles respuestas adecuadas».
Los estudiantes insisten en que no cesarán su movimiento. Quieren paz, pero sin el presidente Daniel Ortega ni su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
El escritor Sergio Ramírez dedicó el premio Cervantes a los «asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia» y a los jóvenes que luchan para que «Nicaragua vuelva a ser República».