El Parlamento Europeo investigará si el castellano es discriminado en Cataluña

Enviará una carta a la Generalitat para ver si se cumple el 25 % de clases en español


Bruselas / Corresponsal

«Las escuelas catalanas tienen que impartir el 25 % de las clases en español», fue el recordatorio que envió ayer a la Generalitat de Cataluña la presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Cecilia Wikström. La liberal escuchó con atención las denuncias de dos peticionarios catalanes, Carlos Silva y Ana Losada, quienes acusaron al Gobierno catalán de discriminar el castellano en las aulas y de vulnerar derechos fundamentales de empresarios y consumidores con su modelo de rotulación obligatoria de negocios en catalán. La respuesta de la sueca fue clara: la Eurocámara investigará el asunto. El primer paso será el envío de una carta para pedir información detallada a las autoridades catalanas sobre el grado de cumplimiento de la legislación tras el fallo reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el que se insta a tratar el español como lengua vehicular en las aulas, sin exclusiones.

Wikström no se fía. «En los datos que han aportado aquí hay un 0 % de español para niños pequeños; nos podemos poner emotivos, pero hay que ceñirse al fallo del tribunal», exigió antes de insistir en que se debe garantizar que las familia asentadas en Cataluña desde otras partes del Estado español no perderán su lengua materna, el castellano.

Losada, representante de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, negó que haya oportunismo o motivaciones políticas tras sus denuncias, a pesar de reconocer que es un problema que arrastran en la comunidad «desde hace 30 años». Aseguró ante los eurodiputados que las horas lectivas en educación infantil son cero. Dos horas a la semana para la educación primaria y tres para la secundaria. «El modelo educativo tiene un precio muy alto para los castellanohablantes, el fracaso escolar y el abandono son mayores», indicó antes de rechazar cambios en el sistema al amparo del 155. «No es lo que pedimos, solo queremos que se cumpla la ley», subrayó.

Diferentes posiciones

A su petición se sumó la eurodiputada española Beatriz Becerra, quien denunció la «ausencia del Estado» y la existencia de libros de texto que «manipulan la realidad con fines políticos». El eurodiputado catalán, Josep Maria Terricabras, azuzó los ánimos de los peticionarios al calificar sus discursos de «política ficción para asustar a bebés».

La Comisión Europea rechazó entrar a valorar la situación al asegurar que los temas educativos caen fuera de sus competencias.

La eurodiputada popular Rosa Estarás cerró filas con Bruselas: es un asunto que compete a las autoridades nacionales. «No dividamos a la sociedad utilizando el idioma como arma arrojadiza», demandó tras rechazar el envío de una misión parlamentaria a Cataluña para no internacionalizar más los conflictos internos en la comunidad. «No hagamos debate ideológico, que es lo que se persigue aquí porque estamos casi en campaña electoral, no utilicen esta situación para intentar sacar unos pocos votos», les reprochó la socialista Soledad Cabezón.

Lo que empezó siendo una sesión de denuncia social se acabó convirtiendo en un ring político en el que tuvo que intervenir Wikström: «Soy sueca y me cuesta entender cuando la comisión se españoliza [...]. ¿Alguien me puede explicar qué diferencia hay entre el catalán y el español? ¿Es como el sueco y el noruego? ¿Por qué tanto problema si se pueden entender?», clamó perpleja.

«Los nacionalistas hacen un proyecto de ingeniería social»

Carlos Silva, miembro de la plataforma Impulso Ciudadano, justificó su recurso al Parlamento Europeo con el argumento de que «los nacionalistas llevan años haciendo un uso perverso de los principios positivos de la UE. Los utilizan para hacer un proyecto de ingeniería social [...]. El idioma es la punta de lanza de su política identitaria».

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