Los acusados de una supuesta agresión sexual grupal a una joven en el San Fermín del 2016 conocerán la sentencia cinco meses después de haber acabado el juicio
26 abr 2018 . Actualizado a las 09:39 h.La expectación está servida. Ha habido que esperar cinco meses desde que el pasado 28 de noviembre quedó visto para sentencia el juicio contra La Manada para conocer hoy el fallo que leerá, a las 13 horas, el presidente de la sala segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, José Francisco Cobo. No estarán los cinco jóvenes sevillanos acusados de la presunta agresión sexual grupal a una chica madrileña que entonces tenía 18 años, ocurrida durante la madrugada del 7 de julio del 2016 en un portal de Pamplona.
Estos, que han reiterado su inocencia alegando que el sexo fue «consentido» y solo reconocen el robo del móvil de la denunciante, llevan desde julio del 2016 en cárcel preventiva después de que su petición de excarcelación fuera rechazada tres veces por el tribunal. Tres están en el centro penitenciario de Pamplona y los otros dos -por ser uno militar y el otro guardia civil- en la prisión militar de Alcalá de Henares. Hoy sabrán, por fin, cuál es el futuro que les aguarda. Cuatro de ellos también están a la espera de otro juicio por presuntos abusos sexuales a una joven de Pozoblanco, en Córdoba. Parece que será señalado antes de que acabe el año.
¿Por qué ha tardado tanto el fallo? José Francisco Cobo, el mismo que llevó el primer caso de violencia machista con juzgado popular en Navarra, asunto que acabó con una condena de 22 años de cárcel para el autor de la muerte de Alicia Aristegui, y los jueces Raquel Fernandino y Ricardo González, han tenido que tomarse su tiempo para poder hilar muy fino las pruebas presentadas durante las vistas celebradas entre el 13 y el 28 de noviembre durante uno de los juicios más mediáticos de los últimos años en España.
Entre ellos, como publicó La Vanguardia, parece haber habido bastante debate durante estos meses. Los dos primeros, por ejemplo, votaron en contra de la excarcelación de los acusados las tres veces que estos la demandaron. El tercero, dio un voto particular a favor de la libertad provisional de los jóvenes.
Una vía intermedia. Aunque todas las puertas están abiertas (también la absolución), una de las teorías sobre las que han especulado estos días algunos juristas es sobre el hecho de que los jueces opten por una vía intermedia que, de tomarla, probablemente no contente a nadie. Es la que calificaría los hechos supuestamente cometidos de «abuso sexual» y no «agresión sexual». Ese delito está castigado con entre 7 y 10 años, pena bastante inferior a la que piden tanto la fiscal (22 años y 10 meses de prisión y una indemnización conjunta de 100.000 euros) como la acusación particular (24 años y nueve meses, además de 250.000 euros) o las acusaciones populares del Gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Pamplona (25 años y nueve meses, más 250.000 euros de compensación) por supuestos delitos de agresión sexual, robo con intimidación por haber sustraído el móvil y contra la intimidad por haber grabado vídeos de los hechos. Frente a esto las defensas reclaman la absolución.
¿El sexo fue consentido, o no? La clave. Una de las claves que podrían llevar al tribunal a interpretar que no hubo violencia ni intimidación, como entiende la fiscal, es que la víctima no hubiera entrado en el portal por la fuerza. También dependerá de la lectura que hagan de los 96 segundos de fragmentos de vídeo tomados por uno de los presuntos agresores la noche del 7 de julio del 2016 y que fueron visualizados en la sala durante el juicio. Estos son una prueba fundamental a la hora de interpretar que el sexo fue consentido, o no. Para el Ministerio Fiscal no lo fue. Es más «se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación», como alegó en su día la fiscal en el juicio.
El informe retirado. El juicio estuvo rodeado de una gran polémica debido a las preguntas realizadas a la víctima y por algunas de las pruebas que presentó en un primer momento la defensa. Una de las más controvertidas fue el informe realizado por un detective privado sobre las publicaciones realizadas por la víctima en las redes sociales después del supuesto ataque, una investigación que trataba de desacreditar la versión del acusación apuntando que no existía un trauma para la joven.
Apoyo a la víctima. También hubo varias manifestaciones o concentraciones de apoyo a la víctima al entender que durante el juicio parecía estarse cuestionando su moralidad. Además, los comentarios en las redes sociales o la publicación de las fotos de los acusados en Internet han abierto el debate en torno a los juicios paralelos que se producen en casos como este. De hecho, algunos letrados consultados por este periódico en su momento ya advirtieron de que «aunque a los acusados los acaben absolviendo, socialmente ya fueron juzgados, por lo que desde ahora tendrán que vivir con ese estigma». Porque la sociedad española ha vivido pendiente de este caso.