La Unión de Consumidores denuncia que solo el 15% de las familias asturianas con derecho lo han solicitado y exige colaboración al Principado y a los ayuntamientos para informar a los posibles beneficiarios
27 abr 2018 . Actualizado a las 13:57 h.El nuevo bono social eléctrico nació con la oposición de las asociaciones de consumidores y parece que el tiempo les ha dado la razón. UCE Asturias denuncia que desde el pasado mes de octubre solo lo han solicitado el 15% de las familias asturianas con derecho al mismo. Por ello, la asociación tacha la medida de «estrepitoso fracaso».
El nuevo bono social se aprobó en octubre de 2017 y, en un principio, se podía solicitar hasta abril del 2018. Sin embargo, el Ministerio de Industria amplió el plazo hasta octubre de 2018 debido al escaso número de solicitudes presentadas.
Los cálculos son que más de 60.000 familias asturianas se pueden beneficiar del bono social, pero los datos del Ministerio de Industria dicen que solo 12.000 familias lo han solicitado a EDP. La asociación sostiene que a ese 15% que lo ha solicitado, «no se le ha pasado la facturación desde hace 5 meses, acumulando cantidades que no podrán pagar cuando se lo pasen todo junto, ya que coincide con los meses de invierno. Por ello, la Unión de Consumidores exige a las empresas EDP y VIESGO que «prorrateen por un año como mínimo las facturas no emitidas».
Por último, UCE achaca a los nuevos cambios en el bono que a 20.000 familias asturianas «la tarifa eléctrica les subirá entorno al 30% y el 80% de los beneficiarios del bono social en Asturias perderán el descuento a partir de octubre por tener menos de 3 kilovatios y se incrementara su factura eléctrica el 30%».
Propuesta de la UCE
Para corregir esta situación, UCE propone la creación de una «auténtica tarifa social». La asociación pide la modificación del actual bono Social ampliando los niveles de renta, hasta 3 veces el IPREM, para garantizar el acceso a dicha tarifa social «a todas las familias y personas consumidoras en situación de vulnerabilidad y de bajos ingresos».
También reclama el aumento de los descuentos a un mínimo del 50% de la factura a quienes tenga derecho al bono social; un aumento de los límites a bonificar hasta los 3.487 kilovatios por año en que se sitúa el consumo medio de electricidad por hogar en España; que la documentación necesaria para acreditar el derecho al bono social la aporte de oficio la propia administración, ya que se encuentra en su poder, y que la aplicación del bono social sea automática por parte de las comercializadoras.
