El Congreso argentino rechaza los «tarifazos» y exige intervenir el país en acuerdo con FMI

La sesión estuvo marcada por la exigencia de los legisladores de que el crédito que el Ejecutivo ha pedido al FMI se debata en el Parlamento

Congreso de los Diputados argentino
Congreso de los Diputados argentino

Buenos Aires

La oposición en la Cámara de Diputados argentina ha logrado aprobar hoy un proyecto para frenar los aumentos dictados por el Gobierno en las tarifas del gas o la luz, en una sesión marcada por la exigencia de los legisladores de que el crédito que el Ejecutivo ha pedido al FMI se debata en el Congreso.

La iniciativa legislativa, que deberá ahora debatirse en el Senado, prevé retrotraer las tarifas a finales del 2017 por «una cuestión social» y subordinar desde esa fecha los aumentos a la evolución de los salarios, en el caso de los usuarios domésticos, y al índice de precios mayoristas, para las pymes.

En la sesión en el Parlamento, ante cuyas puertas se congregó una multitud para protestar por las tarifas, el oficialismo -que no tiene mayoría absoluta- votó en contra y ratificó que la propuesta es «irresponsable» por el enorme costo fiscal que tendrá.

Ya en los últimos días, el Gobierno ha atribuido a la «demagogia» opositora parte de la desconfianza de los mercados que ha generado la fuerte depreciación del peso en solo una semana, un hecho que ha trastocado la esfera política y económica del país y llevó al presidente, Mauricio Macri, a pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional (FMI) para paliar la situación y evitar una «crisis».

«Reconozcan que fracasaron y tienen que ir a una política económica de otro tipo. Y reconozcan que llegaron con la mentira y el odio y se les están acabando la mentira y solo les está quedando el odio», expresó en la Cámara el diputado del kirchnerista Frente para la Victoria Leopoldo Moreau.

Desde que llegó al poder en el 2015, Macri ha insistido en que durante la etapa kirchnerista se congelaron las tarifas públicas -quedando desactualizadas ante la creciente inflación- gracias a los subsidios públicos, lo que impidió la inversión en el sector energético y provocó una grave crisis en el mismo.

La situación «llevó a la perdida de la soberanía energética, a que Argentina pase de ser un país exportador de energía a tener que importar», sentenció el diputado oficialista Luciano Laspina, que reprochó al anterior Ejecutivo que dejase un Banco Central «sin reservas» para hacer frente a cualquier situación internacional. Miembros del gobernante Cambiemos ya adelantaron que, de sancionarse la iniciativa, será vetada por el presidente, como permite la Constitución.

Por su parte, Máximo Kirchner, legislador e hijo de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), negó que las tarifas estuvieran congeladas y subrayó que «demagogia» es «ir a un debate presidencial y decir que no va a haber tarifazo y después hacerlo». «Este Congreso es la autoridad que debe proveer la protección de esos derechos», arremetió Graciela Caamaño, del Frente Renovador, sobre unos 'tarifazos' considerados un agravio a los más vulnerables.

Hoy la jornada volvió a ser convulsa en el país, tras conocerse ayer el acercamiento al FMI, fuertemente criticado por la oposición al alertar de que no ha dejado buenas experiencias en otros momentos clave de la historia argentina, como la grave crisis de 2001, por las duros ajustes exigidos como contrapartida de los préstamos. «No puede volver el FMI a la Argentina sin que este cuerpo, los representantes del pueblo, participemos de ese debate», aseveró la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos.

Otros diputados pidieron conocer el contenido de las negociaciones al advertir que el FMI pedirá un fuerte recorte social. «Esta crisis no la tienen que pagar los trabajadores, sino los grandes grupos económicos», dijo a la prensa el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño.

A la par de la sesión parlamentaria, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, iniciaba en Washington las negociaciones con las autoridades del FMI. Según informó el Gobierno, la opción que se baraja es un acuerdo 'stand-by', el más habitual, pero que supone una mayor intervención de la institución en las políticas económicas.

Así, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, insistió en una rueda de prensa en que la ayuda pedida al FMI plantea una línea de crédito -a tasas más bajas que las del mercado- que haga al país «menos vulnerable» ante la coyuntura externa, a la que está atado para costear el gran «déficit estructural» que dejó el Gobierno de Fernández.

El camino, insistió, es el del «gradualismo», y subrayó que el país no acabará en una «crisis» porque las medidas tomadas son para asegurar el «crecimiento».

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