El régimen venezolano avisa de que puede prorrogar la intervención del banco más allá de los 90 días iniciales
11 may 2018 . Actualizado a las 20:09 h.El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, advirtió ayer que los once directivos de Banesco apresados desde el 3 de mayo aún no han podido comparecer ante un juez. Esa, la falta de garantías para poder exponer su versión, es la principal preocupación que le expresaron al representante diplomático, que fue a visitar a una cárcel de Caracas a los dos directivos que tienen nacionalidad española. Se trata de Óscar Doval (presidente de Banesco en Venezuela) y Carlos Lorenzo (vicepresidente), ambos con raíces gallegas.
Los ocho hombres detenidos, acusados de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, han tenido más suerte que las tres mujeres de la cúpula directiva de Banesco. A ellos se les ha colocado en un pequeño módulo del centro-sur de Caracas reservado para los presos extranjeros, mientras las detenidas han sido enviadas a una cárcel de mujeres en Los Teques, en condiciones mucho peores. Tampoco han tenido, ninguno de los once, acceso a sus expedientes, según dijo el embajador. «Están con la conciencia muy tranquila, porque ninguno ha cometido ningún delito», apuntó Silva. «Y están deseosos de explicarlo ante un jurado, de buen ánimo, y han sido bien tratados en prisión», añadió. En un primer momento se afirmó que los detenidos hombres habían sido llevados a El Rodeo, una cárcel con régimen militar.
Juristas venezolanos han advertido que en casos políticos, como se advierte que sucede detrás de esta intervención, se retrasan sin razón las audiencias preliminares de juicio para mantener a los detenidos hasta tres años en prisión, sin fórmula de juicio. Hay decenas de presos políticos con sentencias de excarcelación que la policía política del país, la que detuvo a los directivos de Banesco, se niega sencillamente a cumplir. «Es una forma anticipada de sentencia», señala Alberto Arteaga, uno de los penalistas más prestigiosos del país.
A las detenciones de la cúpula de Banesco -la entidad de Juan Carlos Escotet, dueño también de Abanca- se suma la intervención del banco, por supuestamente participar en un complot para dañar la divisa venezolana.
Las condiciones
Entre las múltiples crisis que padece Venezuela destaca la falta de papel moneda, y el monumental desajuste de la divisa ante una inflación que en el último año ha sido de casi el 13.000 %, y se estima que podría llegar a finales de año a 94.000 %, convirtiéndose en un caso inédito en América Latina, una región que ha tenido hiperinflaciones como ninguna otra. Y a Banesco se le acusa de empeorar esa situación, justo en plena campaña electoral.
Hasta una semana después de ejecutarlo, el Gobierno de Maduro no ha publicado las razones que le han llevado a la intervención del banco. Lo hizo ayer en la Gaceta Oficial del Estado. El decreto señala que la interventora, Yomara Koteich, podrá «designar a las personas que podrán asistirla en sus funciones». Y lanza un aviso claro: la medida tendrá «una duración de noventa días continuos contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela [desde ayer] prorrogable por igual período cuando las circunstancias así lo justifiquen».