Los once detenidos de Banesco aún no han podido ver a un juez

Pedro García Otero CARACAS / CORRESPONSAL

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CARLOS GARCIA RAWLINS | reuters

El régimen venezolano avisa de que puede prorrogar la intervención del banco más allá de los 90 días iniciales

11 may 2018 . Actualizado a las 20:09 h.

El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, advirtió ayer que los once directivos de Banesco apresados desde el 3 de mayo aún no han podido comparecer ante un juez. Esa, la falta de garantías para poder exponer su versión, es la principal preocupación que le expresaron al representante diplomático, que fue a visitar a una cárcel de Caracas a los dos directivos que tienen nacionalidad española. Se trata de Óscar Doval (presidente de Banesco en Venezuela) y Carlos Lorenzo (vicepresidente), ambos con raíces gallegas.

Los ocho hombres detenidos, acusados de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir, han tenido más suerte que las tres mujeres de la cúpula directiva de Banesco. A ellos se les ha colocado en un pequeño módulo del centro-sur de Caracas reservado para los presos extranjeros, mientras las detenidas han sido enviadas a una cárcel de mujeres en Los Teques, en condiciones mucho peores. Tampoco han tenido, ninguno de los once, acceso a sus expedientes, según dijo el embajador. «Están con la conciencia muy tranquila, porque ninguno ha cometido ningún delito», apuntó Silva. «Y están deseosos de explicarlo ante un jurado, de buen ánimo, y han sido bien tratados en prisión», añadió. En un primer momento se afirmó que los detenidos hombres habían sido llevados a El Rodeo, una cárcel con régimen militar.

Juristas venezolanos han advertido que en casos políticos, como se advierte que sucede detrás de esta intervención, se retrasan sin razón las audiencias preliminares de juicio para mantener a los detenidos hasta tres años en prisión, sin fórmula de juicio. Hay decenas de presos políticos con sentencias de excarcelación que la policía política del país, la que detuvo a los directivos de Banesco, se niega sencillamente a cumplir. «Es una forma anticipada de sentencia», señala Alberto Arteaga, uno de los penalistas más prestigiosos del país.