La mitad de los créditos para un máster no pueden ser pagados

La plataforma de afectados cifra en 5.000 los casos, con cien millones de deuda total


El caso de una joven madrileña, cuya cuenta bancaria acaba de ser embargada por orden judicial para saldar la deuda pendiente de un préstamo que solicitó para pagarse un máster, aunque extremo, no es único. Varios miles de estudiantes universitarios que accedieron al programa de Préstamos Renta Universidad, creado por el Gobierno de Zapatero en el 2007 para financiar estudios de posgrado a través del ICO, con la expectativa de lograr un empleo futuro bien remunerado y devolver entonces lo recibido, se encuentran actualmente con serias dificultades para abonarlo. La plataforma de afectados estima que la mitad de quienes los solicitaron entre los años 2008 y 2011 (las convocatorias problemáticas, al coincidir con el estallido de la crisis) «o han dejado de pagar las cuotas o tienen problemas para hacerlo»

Así lo asegura el abogado del colectivo, Miguel Ángel Llamas, que cifra en unas 5.000 las personas en dicha situación, de los algo más de 10.000 estudiantes que solicitaron estos préstamos en ese período. Dado que la cuantía media de los préstamos ronda los 20.000 euros, según la asociación, puede haber en torno a 100 millones de euros cuya devolución está en el aire.

En cualquier caso, Llamas subraya que la situación de Marta S. G., la madrileña a la que Unicaja le embargó el saldo de su cuenta por una deuda de 18.755 euros (entre el principal, los intereses ordinarios, los de demora y las costas), es excepcional y responde a un «error, tanto del banco como del juzgado». «No creemos que haya más casos de personas que estén siendo demandadas en los tribunales, por la sencilla razón de que los bancos no pueden reclamar. El Ministerio de Educación, que es el único que puede hacerlo [los préstamos se habilitaron en su momento a través de una línea ICO, con dinero público], tiene que resolver primero la reclamación que nosotros le presentamos hace más de un año y que aún no ha sido respondida», explica el letrado, que sostiene que estos créditos son de naturaleza pública y no privada.

Las fuentes consultadas han confirmado que Unicaja ha decidido dar marcha atrás al embargo -lo autorizó el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid, en un auto fechado el 6 de febrero del 2017- y buscar una solución con la afectada.

Más de 15.000 préstamos

El Préstamo Renta Universidad lo lanzó en el 2007 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero emulando los créditos universitarios norteamericanos. La plataforma de afectados explica que «se publicitó como un apoyo a la formación y al futuro. La idea básica era: si los estudiantes cursan un máster, encontrarán un trabajo en el futuro y tendrán dinero para devolver el préstamo». Era un crédito que el Estado concedía para estudiar un máster oficial, público, que en aquel momento se consideraba indispensable para acceder al mercado laboral. «Era un préstamo al honor, no necesitaba más garantías que las del propio estudiante, y en él las entidades bancarias actuaban de intermediarias», añaden. En sus cuatro años de vigencia, se aprobaron 15.623 operaciones de este tipo por una cuantía total de 375 millones.

Sin intereses y con cinco años de carencia, el dinero recibido debía devolverse cuando el estudiante encontrase empleo y sus ingresos anuales superasen los 22.000 euros brutos. «Y si durante 15 años no se alcanzaba dicho umbral, la deuda prescribía», detalla la asociación. Pero estas condiciones corresponden a la primera convocatoria, la del 2007/08, de la que se beneficiaron casi 3.500 universitarios.

Luego la crisis lo cambió todo y se desató la tormenta perfecta, ya que las condiciones se fueron endureciendo sin publicitarse debidamente. El umbral de renta para comenzar la amortización desapareció en la convocatoria 2008/09 (en la que se concedieron 150 millones a 4.742 titulados) y los años de carencia y amortización fueron menguando en cada nueva convocatoria hasta la última, la del 2011, cuando las condiciones «cambiaron drásticamente». El caso es que hay que pagarlo aunque se carezca de ingresos o no sean suficientes, situación en la que, por el desempleo o la precariedad laboral, están muchos afectados.

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