El número dos de Montoro, investigado por falsedad y malversación

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha sido citado a declarar por contratos de la época en la que fue alcalde de Jaén


Jaén

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, número dos de Cristóbal Montoro, ha sido citado a declarar en un juzgado de Jaén como investigado por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad, por contratos de la época en la que fue alcalde de la capital jiennense.

Según han informado a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Jaén y fue incoada en diciembre de 2017 en el Juzgado de Instrucción 2 de esta ciudad.

Por este caso están investigadas cuatro personas, entre ellas el exalcalde, que han sido citadas para declarar el próximo 5 de junio.

José Enrique Fernández de Moya ya ha afirmado que su investigación se debe a una denuncia promovida por el PSOE idéntica a otra formulada en 2014 y que fue archivada por la Fiscalía.

Ha sostenido que por el momento no ha recibido ninguna notificación o citación oficial por parte de la autoridad judicial, pero que de la «lectura» que hace de las informaciones publicadas por medios de comunicación, entiende que se trata de la misma denuncia que «fue archivada por el Ministerio Público, que dijo que este alcalde actuó siempre y en todo momento con el principio de legalidad en la mano».

Etapa en la alcaldía de Jaén

Según ha adelantado hoy la Cadena Ser, los hechos investigados se refieren a su etapa como alcalde de Jaén, entre junio de 2011 y noviembre de 2015, cuando presuntamente ordenó en contra de los informes del interventor varios pagos a la empresa Matinsreg, encargada del mantenimiento de las fuentes ornamentales de la ciudad.

Las diligencias previas indican que supuestamente se facturaban de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa, lo que supuso un coste para el Ayuntamiento superior a los 3,6 millones de euros.

Durante la investigación, según ha informado el TSJA, se ha recabado documentación del Ayuntamiento de Jaén, de la Agencia Tributaria y un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil.

El jueves declararán cinco personas en calidad de testigos, entre ellos el actual interventor del Ayuntamiento de Jaén.

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