El comité le recuerda que un sistema inclusivo requiere abolir la educación especial
30 may 2018 . Actualizado a las 07:16 h.«En el sistema educativo español no existe un reconocimiento generalizado del modelo de derechos humanos de la discapacidad y hay una falta de acceso a la educación inclusiva y de calidad para las personas con discapacidad». También «se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación educativa discriminatorio, basado en la discapacidad, a través de un modelo médico, que afecta desproporcionadamente y en especial a las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y a las personas con discapacidad múltiple». Y se ha hecho a través del «sistema instaurado a través de la legislación, de las políticas adoptadas y de las prácticas de las instituciones involucradas». Son solo tres extractos de las conclusiones del demoledor informe de la comisión de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad que se hizo público este martes. España discrimina, sistemáticamente, a los estudiantes con discapacidad.
«Se ha perpetuado un patrón estructural de exclusión y segregación»
La ONU ha conducido una exhaustiva investigación que ha revelado violaciones de derechos con gran «amplitud, continuidad y diversidad». Lo ha hecho tras recibir la denuncia en el 2014 y otra en el 2016 sobre la discriminación de los alumnos con discapacidad que, según las Naciones Unidas, comienza desde el inicio de la escolarización, ya que los estudiantes con discapacidad son sometidos a una evaluación psicopedagógica y a un dictamen de escolarización que «en la práctica» se centra «en los déficits y deficiencias del alumno y resulta en la estigmatización del alumno como no educable en el sistema de educación general». El comité le recuerda al Estado que un sistema inclusivo de educación «requiere la abolición del sistema separado de educación para estudiantes con discapacidad»
Los expertos del comité Coomaravel Pyaneandee y Carlos Parra Dussan le reprochan a España que, a pesar de las estadísticas proporcionadas, que indican que el 99,6 % de los alumnos discapacitados acuden a la escuela ordinaria, «estas cifras disimulan un patrón de casos en los que el sistema continúa funcionando con el modelo de educación segregada». Los alumnos que van a centros ordinarios «siguen separados de sus compañeros, quienes perciben su presencia como una excepción» y si están en la misma aula «hacen normalmente algo distinto al resto de estudiantes» y «no obtienen los mismos títulos o certificado educativos». Aunque el comité ha encontrado «proyectos muy alentadores», estos o son «puntuales» o están «en fase experimental»
La ONU también echa en cara a España que con la crisis «los recursos económicos para implementar la educación inclusiva se redujeron» y le afea la «falta de formación» en la educación inclusiva del profesorado, que «las familias de estudiantes con discapacidad normalmente tienen que identificar y pagar por el apoyo» y el incremento de las ratios para los asistentes, con casos de «hasta siete niños más de lo estipulado por la ley».