María José Segarra se perfila para sustituir a Sánchez Melgar en la Fiscalía del Estado

Una vez repartidas las carteras de los ministerios, Pedro Sánchez continúa con la conformación de su Gobierno en el resto de escalafones, así como los puestos que dependen directamente del Ejecutivo. Uno de estos últimos es el de fiscal General del Estado, para el que se perfila con fuerza María José Segarra, la actual fiscala jefa de Sevilla, que relevará en el cargo a Julián Sánchez Melgar.

Segarra, de 54 años, forma parte de la Unión Progresista de Fiscales y, a falta de la confirmación oficial, llegará al cargo a propuesta de la ministra de Justicia María Dolores Delgado, con quien mantiene una estrecha relación de amistad. Ambas ingresaron juntas hace dos meses en el Consejo Fiscal, órgano consultivo que asesora al fiscal general del Estado. Durante su candidatura destacó la importancia del despliegue territorial del cuerpo y de la necesidad de apostar por su desarrollo digital. Sus primeros pasos profesionales los dio hace tres décadas en Barcelona, donde comenzó a ejercer de la mano de Carlos Jiménez Villarejo. Hace 12 años consiguió una plaza en Sevilla, en donde logró ascender hasta convertirse en la fiscala jefa.

Tan pronto como comenzó a circular la información con el nombre de la elegida para convertirse en la nueva fiscala General del Estado, la Asociación de Fiscales publicó un comunicado trasladando su «inquietud y desconcierto», apuntando que el Gobierno socialista ha priorizado sobre cualquier otro aspecto que la persona designada tenga una «afinidad clave» con Cataluña, dando a entender que no se ha tenido en cuenta la independencia ni la profesionalidad de otros candidatos.

Para su nombramiento oficial, la titular de Justicia, su amiga Dolores Delgado, todavía tiene que proponer al Consejo de Ministros su candidatura.

Críticas de Ciudadanos

La más que probable designación de Segarra al frente de la Fiscalía General del Estado no ha sentado nada bien en Ciudadanos. Su presidente, Albert Rivera, instó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que promueva cambios en el proceso de selección, y que a partir de ahora la persona que pretenda ponerse al frente de la Fiscalía obtenga la confianza del Congreso.

Rivera criticó que el PSOE está incurriendo en alguno de los vicios que arrastran los viejos partidos. «A la vieja usanza del PP y del PSOE, a dedo», lamentó como una de las señas de identidad del «bipartidismo decadente».

«Estamos a tiempo de hacer una reforma inmediata, antes del nombramiento, y tener, por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado con el apoyo de la mayoría del Congreso», destacó ante los diputados de su grupo parlamentario a los que reunió ayer antes de registrar en la Cámara Baja una iniciativa cuya tramitación fue rechazada.

El PP acusa a Sánchez de haber hecho «saltar por los aires» el consenso constitucionalista

Ni un solo día del tregua. El PP continúa cargando con dureza sobre el nuevo Gobierno desde todos los frentes. Ayer las escaramuzas se combinaron en el Senado y en el Congreso. Mientras en la Cámara Alta ejecutaban una auténtica misión de zapado con los Presupuestos, destinada a provocar las primeras fricciones entre los socialistas y el PNV, en la Carrera de San Jerónimo se lamentaban por la ausencia de todos los integrantes del Ejecutivo al pleno celebrado ayer, cuando la Mesa había acordado la pasada semana que no habría sesión de control, al no haber tenido tiempo el nuevo Gobierno a gestionar poco más que algún nombramiento. 

Pero al PP no le sirve de excusa, y considera que estos detalles ya son más que suficientes para que el nuevo jefe del Ejecutivo ofrezca explicaciones ante la Cámara, tal y como solicitó ayer el portavoz parlamentario del grupo, Rafael Hernando, quien acusó a Pedro Sánchez de haber hecho «saltar por los aires» en tan poco tiempo el consenso constitucional que imperaba sobre Cataluña. Hernando consideró que a lo largo de estos apenas diez días del nuevo Gobierno ha escuchado declaraciones «de enorme gravedad» por parte de algunos de sus integrantes, haciendo especial referencia a las palabras pronunciadas este fin de semana por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que apostó por lanzarse a reformar la Constitución de manera «urgente», y en las que mostró su predisposición a reconsiderar alguna de las leyes aprobadas en el Parlamento catalán posteriormente declaradas inconstitucionales.

Hernando deslizó que todas estas maniobras que avanza el Ejecutivo socialista pueden responder a los acuerdos mediante los que Pedro Sánchez conquistó el poder gracias a los independentistas. «No puede haber una reforma de la Constitución para dar la razón a los independentistas», dijo, unos cambios en la Carta Magna que identifica con la necesidad de «solventar jugadas de póker en las que algunos se han metido». 

Política penitenciaria

Por todo ello, Hernando avanzó que su grupo parlamentario forzará una votación presentando una proposición de ley relativa a la defensa de la unidad de España con el objetivo de que el PSOE se defina: con los constitucionalistas o con los independentistas, y espantar así todas las dudas que, desde el punto de vista del portavoz popular, el Gobierno está trasladando a la ciudadanía. El PP también exigirá a Sánchez que explique en el Congreso su política penitenciaria, para garantizar que no favorecerá a «los viejos amigos de la ETA».

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