Trabajadores del antiguo servicio de atención telefónica batallan en los tribunales para conseguir que se reconozca que el banco practica la cesión ilegal de trabajadores. Denuncian que el servicio se está desmantelando y trasladando a Toledo
29 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Si un cliente de Liberbank llama al teléfono de siempre de su oficina, ese que quizá conozca de memoria, le responderá una voz que no es familiar. Aunque pregunte por el trabajador que conoce, no le pasarán con él. La entidad bancaria ha puesto todo su servicio de atención telefónica en manos de un call-center externalizado, incluso la atención directa de las sucursales. Todo este proceso ha estado y está envuelto en una fuerte polémica laboral, ya que los operadores telefónicos contratados han planteado multitud de quejas e, incluso, han iniciado procedimientos judiciales. La primera protesta surgió por el tiempo máximo que se les permitía tener a un cliente al teléfono: 180 segundos. Después de una campaña de presiones consiguieron sumar 5 segundos más. Ahora tienen 185 segundos. La actual consiste en una cascada de denuncias por cesión ilegal de trabajadores. El cambio del servicio de una empresa intermediaria a otra se saldó con casi un centenar de trabajadores en la calle con indemnizaciones que apenas superaban los 2.300 euros, en profesionales con casi una década de antigüedad. Denuncian las condiciones laborales pero también el desmantelamiento del servicio. El call center se está concentrando en Toledo y en Asturias es posible que no quede nada.
El cambio de empresa concesionaria en diciembre de 2017 ha adormecido las protestas. Entre los profesionales que se quedaron en la calle están los más antiguos y los representantes del comité de empresa, es decir, los que más ruido hacían. Además, la nueva compañía se ha llevado el servicio de la calle San Francisco, de Oviedo, justo al lado de la oficina central de Liberbank, a un polígono de Gijón, donde cualquier movilización pasa más desapercibida. Los teleoperadores confían en los tribunales aunque reconocen que el primer asalto no fue demasiado favorable y que el enemigo a batir es un gigante. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) falló en contra del proceso colectivo interpuesto por Comisiones Obreras que, a su vez, había paralizado las demandas a título individual que se habían ido presentado. Esa sentencia ya está recurrida ante el Supremo. Esperan que en el mes de septiembre se escriba un nuevo capítulo, en esta ocasión más favorable.
Externalizar un servicio
María Guerra, exdelegada del comité de empresa y una de las portavoces del colectivo, trata de aportar todas las piezas para que se comprenda mejor el origen del conflicto. En el fondo, lo que subyace es que al externalizar la atención las condiciones sociolaborales del personal eran pésimas y también que las órdenes que recibían procedían directamente -comenta Guerra- de personal de Liberbank, algo que llegó a suceder hasta por escrito, por lo que realmente operaban casi como un departamento del propio banco. «He llegado a atender hasta 200 llamadas en un solo turno. Es para tirarse por la ventana», reconoce. Lo peor no es solo el volumen de trabajo, todo lo que hay alrededor incrementa la presión. Tenían que resolver cualquier gestión en 180 segundos -tras su movilización en 185 segundos- y además con sueldos exactos por convenio y con jornadas parciales, de 20, 30 y 35 horas. No es muy fácil estar preparado cuando te puede llamar desde un cliente insatisfecho a un trabajador con dudas.
Esto es así porque en el call center se atiende desde la centralita de las oficinas, aunque tenían orden expresa de no decir que se había externalizado y que no estaba llamando a la oficina, al servicio de ayuda al empleado y la atención al cliente de la banca telefónica, tanto particulares como empresas. A todos hay que despacharles en 185 segundos. Hasta diciembre esto era lo que hacían los 225 trabajadores de la empresa Madison asignados a este servicio de Liberbank. Comenzaron a movilizarse para reivindicar sus derechos, crearon perfiles en redes y abrieron un blog, hablaron con los medios de comunicación y periódicamente se manifestaron justo en La Escandalera. En abril de 2017 comenzaron los rumores de que el servicio iba a salir a concurso para cambiar de compañía. Así sucedió en verano. En noviembre, supieron que la concesión cambiaba a Unísono. En ese punto, la movilización entró en una nueva fase.
«La legislación establece de manera expresa que tienen que subrogar, al menos, al 90% de la plantilla, que se incorpora sin antigüedad», explica María Guerra. Salvo los supervisores y coordinadores, la gran mayoría tenían contratos de obra y servicio. Los más antiguos llevaban desde el año 2009. Con estas condiciones, estuvieron alerta. «Unísono no nos convocó ni nos explicó nada. Lo que hizo la empresa fue empezar a llamar de cinco en cinco y a decirles que eligieran turno. Ofreció turnos fijos no rotatorios, así que todos comenzaron a escoger el que más les interesaba, casi todos el de la mañana», argumenta esta portavoz del colectivo. Así se fue llenando ese turno y luego el de tarde. Dejaron para el final a los combativos, revela. A ellos les quedaba el de turno de noche, fijo, sin posibilidad de rotar. «¿Sería para que dijéramos que no?», se pregunta con ironía. No solo quedaron para el final. Tampoco les llamaron en persona. Los responsables de Unísono es comunicaron su horario por burofax, sin posibilidad de elegir.
Un centenar a la calle
En estas condiciones casi un centenar dijeron que no, entre ellos la veintena que conformaban el bloque de los más antiguos y los pocos que eran fijos. Era el turno de noche y en un polígono en las afueras de Gijón, sin posibilidad de utilizar el transporte público. Llegó entonces el turno de ver las condiciones con las que Madison les iba a liquidar. «Nos ofrecieron 8 días por año trabajado. Así que a los más veteranos nos daban poco más de 2.000 euros por nueve años de servicio», explica María Guerra. Comenzaron a presentar demandas individuales. «Entonces nos llamaron y mejoraron la oferta. Subieron hasta 12 días para los que teníamos el contrato obra y servicio y hasta 20 días para los indefinidos sin retirábamos las demandas», explica. Lo curioso de la situación es que la mejora de las condiciones del despido las ofreció Mádison, la empresa que se había quedado sin el servicio, pero las demandas eran contra Liberbank por cesión ilegal de trabajadores.
Del centenar inicial solo quedan 85 trabajadores inmersos en esta batalla judicial. Una jefa de servicio y tres supervisores que estaban citados para declarar entraron directamente a trabajar en Liberbank, en el edifico de servicios centrales de La Escandalera. «¿Eso no es reconocer de manera implícita una cesión ilegal?», se preguntan los afectados. Cuentan además que estos cuatro compañeros eran los que acumulaban más pruebas ya que habían recopilado toda las órdenes que les habían llegado directamente del banco. «Asumieron a cuatro pero, claro, no quieren contratar a 100», insiste María Guerra. A otro grupo, la propia Madison los recolocó en otros servicios que aún está prestando a otras empresas. Algunos llegaron a un acuerdo con la indemnización.
Los 85 que quedan en pie están a la espera de que el Supremo resuelva el recurso interpuesto por los abogados de Comisiones Obreras contra la sentencia del TSJA que no reconoce la cesión ilegal de trabajadores de manera colectiva. Esperan tener noticia a la vuelta del verano. Si esta estrategia falla rescatarán las demandas individuales. «No nos vamos a quedar de brazos cruzados», prometen.
Deslocalización a Toledo
¿Y cómo sigue ahora el call center de Liberbank? Los extrabajadores creen que lo que subyace en todo este conflicto, además del abaratamiento de costes de un servicio que presta el propio banco, es su intención de deslocalizar y concentrar a los teleoperadores en Toledo. ¿Por qué en esta ciudad? Porque allí está la sede de una empresa filial (FK2), participada al 100% por Liberbank, para precisamente prestarle servicios operativos y administrativos. Están convencidos de que la campaña de protestas iniciadas en Oviedo frenó esos planes. Frenó pero no aparcó. «Nos han dicho que vuelven a la carga. Los que pasaron a Unísono están revueltos porque ya se están llevando una parte del trabajo, en concreto, el área de atención al empleado. Completarán el traspaso en septiembre», indican.
Con respecto a las condiciones, no quieren meterse demasiado. Quedan compañeros dentro y no quieren perjudicarles. Pero el futuro que les auguran no es demasiado halagüeño.
