El Gobierno aprobará en seis semanas un real decreto para recuperar la universalidad en la sanidad pública
15 jun 2018 . Actualizado a las 18:28 h.El Gobierno aprobará en seis semanas un real decreto para recuperar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y suprimir así el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en abril del 2012, que «suprimió» dicha universalidad, dejando sin tarjeta sanitaria a unos 800.000 inmigrantes en situación irregular.
«Hoy se abre un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas en el Estado -garantizó este viernes la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros-. Tenemos que actuar con otro real decreto para proceder a la eliminación del Real Decreto 16/2012 y devolver a todas las personas su derecho a la protección a la salud».
«Esto es una cuestión de decencia política, pero no solo de decencia política; esta protección a la salud es, además, un mandato de todos los organismos internacionales, de la ONU, de la UE, de la OMS e, incluso, del Defensor del Pueblo, que expresó su resistencia cuando el Real Decreto fue publicado», ha añadido Celaá.
La reforma del PP
En el 2012, los inmigrantes en situación irregular perdieron su derecho a la atención primara en el Sistema Nacional de Salud. Mantuvieron la asistencia en los servicios de urgencias, así como el de los menores y el de las embarazadas. Con esta medida, el Gobierno del PP pretendía ahorrar al Sistema Nacional de Salud más de 7.000 millones de euros en gasto sanitario, con el objetivo de garantizar la «sostenibilidad» y «universalidad» de la sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los «abusos» en sus prestaciones. Entre las medidas que también contempla el real decreto aún vigente destaca el «copago» de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos, por primera vez, los pensionistas. Otro de los objetivos del Gobierno entones era sentar las bases para establecer una cartera de servicios común que eliminase las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada comunidad autónoma.
Tres años después de la aprobación de esta reforma, el sucesor de Mato al frente del Ministerio de Sanidad, Alfonso Alonso, anunció que los inmigrantes en situación irregular volverían a tener derecho a la atención primara en el SNS, aunque sin recuperar la tarjeta sanitaria. No obstante, este medida nunca se llevó a la práctica. Sí aprobaron varias comunidades distintas fórmulas para atender a ese colectivo, que fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional, que dio la razón al Gobierno al considerar que eran contrarias a la ley.