¿Por qué una pierna vale 700 euros menos al mes si dispara un delincuente o un terrorista?

Policías, guardias civiles y militares asturianos en situación de retiro recurren a la ONU para denunciar los agravios del gobierno español en las pensiones de las clases pasivas


Si un policía, guardia civil o militar pierde una pierna en acto de servicio, el gobierno español tiene un doble baremo para cuantificar su valor: si el disparo salió de la pistola de un delincuente, la víctima cobrará una media de 700 euros menos al mes que si el tiro fue efectuado por un terrorista. ¿Es esto lógico? ¿No es la misma pierna? Entonces, ¿Por qué se produce el agravio? Para el bufete que dirige el abogado Fernando Osuna esta es una situación incomprensible que tiene su origen en la Ley 44/1983 de 28 de diciembre de los Presupuestos Generales del Estado que, en teoría, sólo iba a tener vigencia en el año 1984 y que, paradójicamente, se ha prolongado otros 34 años más.    

La coyuntura que se eternizó

En el año 2009, este despacho de abogados se hizo cargo de las primeras 40 denuncias que reunían las quejas de las personas agraviadas; un colectivo que iba creciendo paulatinamente y que, ocho años más tarde, ha alcanzado la nada despreciable cifra de 400 afectados, de los que una docena residen en el Principado de Asturias, principalmente en Oviedo, Mieres y Gijón. Esta tarde, a las 20 horas, se reunirán en el hotel Silken de esta última localidad para conocer cómo se encuentra la tramitación de la denuncia que han planteado ante el Consejo Europeo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la violación del artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

El abogado Fernando Osuna
El abogado Fernando Osuna

Fernando Osuna tiene esperanza de que la denuncia internacional prospere. Su ánimo no ha decaído un ápice pese a que anteriormente fue inadmitida a trámite en las instancias anteriores a las que recurrieron, como la Audiencia Nacional, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. «Iniciamos los trámites ante el Tribunal Económico Administrativo, optamos por la vía contencioso-administrativa, pero no lo admitieron. Tampoco el Tribunal Constitucional, mientras que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se limitó a inadmitirlo en tan sólo dos renglones. La última instancia que nos queda es el Consejo Europeo de Derechos Humanos con sede en Ginebra (Suiza) que lo verá en agosto y ahí tengo más esperanza porque el argumento económico del gobierno español no vale, porque fue una ley para sólo un año, para 1984, y estamos en el año 2018», expone el letrado. Una ley que estaba pensada «para una coyuntura económica puntual», afirma, y que, finalmente, «se ha eternizado».

Las dos situaciones del mismo guardia civil

El fondo del asunto no es baladí y se traduce en una media de 700 euros menos que percibe actualmente el colectivo por catorce mensualidades; unas cantidades que, de prosperar su denuncia, podrían suponer hasta el reconocimiento de 50.000 euros por persona, si se concede con carácter retroactivo; como el abogado solicita.

Un ejemplo clarifica mejor la situación. «Si en un pueblo se produce un atraco y un guardia civil va a actuar y el atracador le dispara y como consecuencia del disparo le cortan la pierna y se tiene que ir a su casa, se le aplica un recorte económico en la pensión que no se produce si el disparo lo efectuó un terrorista. Esto no tiene razón de ser», incide el abogado Fernando Osuna. En este caso, si el mismo guardia civil fue víctima de un atentado terrorista cobrará, como promedio, en torno a los 3.000 ó 3.100 euros mensuales; mientras que, si tuvo la mala suerte de que era un delincuente de poca monta el que se cruzó en su camino, su pensión rondará los 2.300 euros de media.

Si los cálculos del bufete de Fernando Osuna no fallan y la ONU resuelve a su favor, el colectivo de afectados vería finalmente reconocida su vieja aspiración a ser considerados iguales a sus compañeros víctimas de acciones terroristas.

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