El Congreso da el primer paso para regular la eutanasia

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La portavoz del PSOE, Adriana Lasta, conversa con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón
La portavoz del PSOE, Adriana Lasta, conversa con la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón FERNANDO ALVARADO | EFE

Ha aprobado, con el voto en contra del PP y UPN y la abstención de Coalición Canaria, la proposición de ley del PSOE para facilitar el derecho a morir a personas con enfermedad o discapacidad grave y sin opciones de tratamiento

27 jun 2018 . Actualizado a las 11:33 h.

El Congreso vivió ayer una jornada intensa que marca el inicio del camino para la aprobación de dos leyes históricas: la regulación de la eutanasia y la equiparación de las bajas por paternidad con las de maternidad, que pasarían para ambos casos de 16 semanas e intransferibles.

En el caso de la eutanasia, la propuesta presentada por el PSOE fue aprobada, a pesar del voto en contra del PP y de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y la abstención de Coalición Canaria, la tramitación de la proposición de ley del PSOE para facilitar el derecho a morir a las personas con enfermedad o discapacidad grave que no tengan más opciones de tratamiento y que quieran voluntariamente, y con informes médicos, acabar con su vida.

Se trata, según la portavoz del Grupo Parlamentario socialista, Adriana Lastra, de una «buena» ley y de un «avance legislativo» del siglo XXI porque aporta las garantías legislativas «suficientes» tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios.

En concreto, según la propuesta de los socialistas, que abogan por incluirla como una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS), sería el propio paciente, según sus «valores vitales», con una discapacidad «grave», un sufrimiento físico y psíquico «intolerable, insoportable e irreversible», una «altísima» dependencia a otras personas y con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario, quien deberá pedir la eutanasia.

Una vez solicitada, y tras ser informado y formado debidamente por un profesional médico, deberá contar con una segunda opinión y, posteriormente, pasar por las comisiones de seguimiento de las distintas comunidades autónomas, quienes tendrían la última palabra como consecuencia de la transferencia de competencias en materia de sanidad.

Este proceso no podría tardar más de 32 días desde la petición hasta la resolución final. Además, tal y como han asegurado los representantes del PSOE, los médicos podrían apelar a la objeción de conciencia para no practicarla.

«Holanda, Bélgica y Luxemburgo ya lo han regulado y en muchos otros países lo están debatiendo como nosotros, pero la ley que presentamos opta por el modelo más garantista. Hemos mantenido contacto con asociaciones del derecho a morir dignamente, con los profesionales sanitarios y con expertos que, de manera desinteresada, nos han ayudado en la elaboración de este texto tan complejo», ha informado Lastra.

Y es que, según ha asegurado, la legislación que proponen los socialistas garantiza la protección del derecho fundamental a la vida, reconocimiento que no es un derecho absoluto, sino que debe regularse en función de otros valores como, por ejemplo, la dignidad de la persona.

La ley necesitará enmendarse

La proposición de ley ha sido rechazada por el PP, quien ha reconocido ser un día «triste» porque con la aceptación de llevar esta normativa a trámite se está reconociendo la «derrota» profesional, política, médica y social ante los enfermos.

Además, los populares han avisado de que el derecho en el que se ampara el PSOE para defender la eutanasia «no aparece» en la Constitución, ni en ningún convenio internacional, por lo que han insistido en que su aprobación supone un «fracaso» de cara a la sociedad, a quien no se es capaz de ofrecer otra salida que no sea la muerte.

A su entender, la excepcionalidad que plantea la legislación de los socialistas se puede convertir en una habitualidad, por lo que desde el PP han insistido en la necesidad de fomentar y asegurar los cuidados paliativos al final de la vida, pero «no» la muerte.

No obstante, la mayoría de partidos sí han mostrado su apoyo a la proposición de ley de los socialistas, incluido Ciudadanos que se abstuvo en la toma en consideración de una proposición no de ley presentada por el Parlament de Cataluña en el Congreso para despenalizar la eutanasia. No obstante, la formación naranja ha defendido su posición asegurando que para despenalizar esta práctica primero hay que regularla.

«No vamos a oponernos porque el Tribunal de Derechos Europeos no permite que se despenalice el suicido asistido si no hay un marco jurídico», han dicho desde Ciudadanos, tras invitar a los grupos parlamentarios a ponerse en la piel de un médico que va a practicar la eutanasia y ver si son capaces, o no, de entrar en la habitación y observar el proceso de la muerte.

Asimismo, y a pesar de su voto favorable, desde Ciudadanos se ha avisado de la necesidad de modificar el texto antes de su aprobación. Del mismo modo se han pronunciado el resto de grupos parlamentarios quienes, tras destacar el avance que supondrá regular la eutanasia, han avisado a los socialistas de que presentarán enmiendas al texto.

Algunas de las propuestas que desde la tribuna del Congreso se han lanzado son afinar que la objeción de conciencia de los médicos sirva tanto en la sanidad pública como privada, que el consentimiento de la voluntad de una persona a fallecer y la reiteración del mismo no se convierta en algo mecánico; que el principio rector de la eutanasia no sea el sufrimiento, si no la libre voluntad y la autonomía del paciente.

 Permisos por paternidad

También recibió luz verde la iniciativa presentada por Podemos para igualar los permisos de paternidad a los de maternidad hasta alcanzar las 16 semanas y que sean intransferibles y remunerados al cien por cien. La proposición no de ley, que supone el inicio de la tramitación parlamentaria, recibió el respaldo unánime de todos los grupos. Incluido el del PP, que cuando estaba en el Gobierno votó en dos ocasiones en contra de la misma propuesta. La regulación actual obliga a la madre a tomar las seis primeras semanas y, de forma voluntaria, las diez siguientes. Los padres tienen un permiso voluntario e intransferible de cuatro semanas desde el día de nacimiento, aunque en los Presupuestos del 2018 el PP y Ciudadanos pactaron ampliarlo a cinco semanas.

 Unidos Podemos plantea que los progenitores tengan ese mismo permiso intransferible de 16 semanas para el cuidado de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida divisibles en dos períodos distintos: el permiso parental inicial, de dos semanas, y el de crianza, de catorce.

El incremento del permiso de paternidad, según el texto, será gradual y paulatino de dos semanas al año durante cinco, una vez entre en vigor la ley.

«Me toca muy de cerca y lo quiero dejar bien claro: a mí no me toca ayudar a mi compañera a criar a nuestros hijos, a mí me toca compartir esas tareas al 50 %, y quiero que haya una ley que me obligue a hacerlo», subrayó Pablo Iglesias.