Palo de la Fiscalía al Gobierno: rechaza la causa del Estado en delitos sexuales

Al Gobierno le salió el tiro por la culata. La propuesta realizada el pasado viernes por la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, para que la Abogacía del Estado intervenga en la defensa de las víctimas de abusos sexuales se ha encontrado con el enérgico rechazo de abogados, juristas y, sobre todo, de fiscales. Lo primero y lo fundamental, porque sería ir en contra de la ley, ya que la actual normativa no contempla la posibilidad de que los servicios jurídicos de la Administración central puedan personarse en defensa de los intereses de un particular durante un proceso penal. A la estupefacción inicial del colectivo ante el anuncio se sucedió el enfado enérgico y unánime, que ayer se materializó en un comunicado de la Fiscalía General del Estado en el que responde al Gobierno que la defensa de las víctimas de delitos sexuales ya está garantizada por el Ministerio Público «en todos los procedimientos en los que hay denuncia, por mandato constitucional».

¿Por qué el Estado solo debe personarse en defensa de los delitos de carácter sexual?, ¿por qué no también en otros delitos que provocan alarma social como el maltrato a menores o la violencia de género?, fueron algunas de las cuestiones planteadas por abogados y fiscales. Ya no es solo la normativa lo que lo impediría, la Ley 52 / 1997 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, sino que la falta de recursos haría también inviable la propuesta. Solo en el primer trimestre de este año se denunciaron 3.205 delitos contra la libertad sexual. No existen excepciones ni para casos de gran trascendencia social como el protagonizado por la Manada. Los cinco jóvenes que abusaron de una joven durante los sanfermines comparecieron ayer en el juzgado de guardia de Sevilla. Fue la primera de las tres que tendrán que realizar a la semana, tal y como establece la orden de libertad provisional.

Insultos y abucheos

Cada uno llegó por separado y a distintas horas, pero los cinco -José Ángel Prenda, Alfonso J. Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza y Antonio Guerrero- fueron increpados e insultados por los vecinos que los esperaban a las puertas del edificio. El Prenda, uno de los más buscados, arremetió contra las supuestas «mentiras» de los periodistas y defendió que «el recibimiento de la gente ha sido increíble». «Estoy muy agradecido a los que me han apoyado desde el principio», dijo ante las cámaras.

Ninguno de los cinco puede acercarse a la Comunidad de Madrid, donde vive la víctima. Y, si prospera una moción del Ayuntamiento de Pontevedra presentado a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp), tampoco podrán hacerlo a Galicia. El concello pontevedrés ya aprobó una propuesta para declarar personas «non gratas” a los integrantes da Manada, pero quiere que los demás hagan lo mismo. «Rexeitamos á presenza de agresores sexuais nos concellos galegos, promovendo a consideración de persoas non gratas aos condenados», se recoge en la propuesta enviada a la Fegamp para que se remita para su aprobación a los demás municipios gallegos. La iniciativa fue sugerida por dos concejalas del Gobierno pontevedrés y rápidamente avalada por el resto de compañeros. «A nosa proposta pretende que os membros da Manada saiban que non son ben recibidos en Galicia», destacó ayer Raimundo González Carballo, el portavoz del ejecutivo local.

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